Nueve días y aún no aparece el exmilitar venezolano: ¿Quién está haciendo mal la pega? ¿La PDI, la ANI?

El porqué del secuestro del teniente (R) Ronald Ojeda sigue siendo la principal interrogante del caso que comenzó la madrugada del 21 de febrero. Ni el gobierno ni el Ministerio Público saben qué fue lo que pasó con el exmilitar, ni menos cuál es su paradero.

Hasta ahora son tres las hipótesis en la indagatoria que dirige el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros: una operación de la Inteligencia venezolana; un eventual ajuste de cuentas por parte del crimen organizado; o bien que se trate de un autosecuestro, organizado desde la disidencia a Maduro.

El que aún no se tenga claridad sobre las motivaciones de los cuatro delincuentes que llegaron hasta el departamento de Ojeda para ejecutar el secuestro ya comienza a inquietar, tanto en el Ministerio Público como en La Moneda. Y es en este escenario que las miradas apuntan en dos direcciones: la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

En el ente persecutor -comentan fuentes de la institución- de entrada no gustó la manera de asumir el procedimiento. Por ejemplo, detallan que la PDI habría demorado cerca de dos horas en llegar hasta el departamento de Ojeda, ubicado en la comuna de Independencia.

Lo mismo ocurrió, detallan las mismas fuentes consultadas, al momento de encontrar el auto Nissan en el cual huyeron inicialmente los delincuentes con la víctima. El vehículo fue hallado por parte de efectivos de la Séptima Comisaría de Renca, a un costado de la Costanera Norte, una hora después del secuestro.

Carabineros custodió el auto desde las 4.00 de la madrugada hasta cerca de las 6.00 de la mañana. Fue allí que arribaron los primeros detectives para iniciar las diligencias ordenadas por el fiscal Barros.

Por lo mismo, de acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, desde Fiscalía ya han llamado la atención en más de una oportunidad a la policía civil. Tanto por la “tardanza” en reaccionar, así como también por “filtraciones” evidenciadas durante el proceso, ya que en el organismo liderado por Ángel Valencia aseguran que se ha puesto en riesgo la investigación.

Consultados por estos reproches, desde la Policía de Investigaciones declinaron hacer comentarios.

Pero no solo la Fiscalía está preocupada, pues en La Moneda también existe cierta aprensión con el hecho de que el ente persecutor haya encendido las primeras alarmas certeras a las 10.00 de mañana del 21 de febrero, pues durante las horas previas todo estaba siendo abordado como un secuestro “común”, un ajuste de cuentas más entre residentes extranjeros.

De hecho, fue cerca del mediodía que el gobierno se entera de la magnitud del caso, algo que no solo atribuyen al Ministerio Público, sino que también a la ANI.

De la agencia no se supo hasta fines de la semana pasada, comentan en el Ejecutivo. Por lo mismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó al director de la entidad, Luis Marcó, para citarlo a una reunión en La Moneda.

En la cita, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, se le pidieron informes sobre el perfil de Ojeda, sumado a la condición en que están los otros militares venezolanos en calidad de refugiados políticos.

Pero no se trató de una cita aislada, pues esta semana Marcó debió regresar hasta Palacio para informar estados de avance de su trabajo, en una especie de rendición de cuentas que le solicitó el Ejecutivo sobre el caso.

Existe en el gobierno la certeza de que la ANI debe ser reformada, y reestructurada, pues sus facultades no les permiten la autonomía necesaria para actuar en este tipo de situaciones. A pesar de eso, la evaluación que existe sobre su rol en esta indagatoria es deficiente.

En medio de las recriminaciones, de todas maneras, esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a referirse al caso, señalando que el foco sigue estando puesto en proteger la seguridad del país y de sus habitantes.

“Nosotros protegemos la seguridad de nuestro país y de las personas que viven en nuestro país”, sostuvo la autoridad de gobierno.

Y agregó: “Creo que hemos dado señales muy claras, muy determinantes, y las vamos a seguir dando, respecto de que nuestra tarea de perseguir a organizaciones criminales, a líderes de organizaciones criminales, lograr identificarlos, desarticularlos, encarcelarlos, así como también identificar a quienes ingresaron irregularmente al país y tienen antecedentes penales para sacarlos del país, es el objetivo que nos guía”.

A su turno, la ministra del ramo, Carolina Tohá, manifestó que “hay muchas personas que creen que esta es oportunidad de posicionar agendas de distinto tipo, pero el gobierno considera que cuando hay una víctima que está secuestrada, la única agenda que cuenta es encontrarla, protegerla y castigar a los responsables”.

“Detrás de este delito hay una criminalidad violenta, una capacidad de secuestrar y que tiene tal gravedad que nos parece inadmisible que se instalen otro tipo de temáticas. Nos parece inadmisible que se presenten dudas respecto de cómo se maneja la carpeta investigativa”, agregó.

Por otra parte, y considerando el temor que ha expresado sentir la familia del teniente Ojeda ante lo ocurrido, la esposa de este recurrió ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos con miras a obtener mayores medidas de protección.

Esto, considerando que entre 2010 y 2023 dicha entidad ha dispuesto 93 medidas cautelares contra Venezuela.

Entre ellas, las dispuestas en favor de Franklin Caldera Cordero, activista de DD.HH. que en julio de 2023 fue objeto de medidas por parte de la OEA. Aquello, luego de que se considerara que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.

De acuerdo a datos entregados por la organización, en su solicitud se hacía presente que estaba siendo objeto de actos de persecución y amenazas como consecuencia de su labor como defensor de derechos humanos y fundador del Comité de Victimas “Familia S.O.S. Libertad”.

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