La hipótesis del móvil político en el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, volvió a cobrar fuerza, luego de que se diera a conocer que uno de los supuestos implicados en este crimen, presuntamente integrante de una célula del Tren de Aragua, trabajó para el régimen venezolano.
Walter de Jesús Rodríguez Pérez, prófugo de la justicia, trabajó en 2015, durante siete semanas, en el «GE despacho del Gobernador» de Aragua, según informó Ex Ante. Para ese entonces el cargo era ejercido por Tareck El Aissami, hombre de confianza del chavismo, que fue Ministro de Relaciones Interiores de Hugo Chávez (2008 – 2012) y Vicepresidente de Nicolás Maduro (2017 – 2018). El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 prófugos más buscados por narcotráfico internacional.
Los vínculos entre el gobierno chavista y la mencionada banda venezolana de crimen organizado no serían nuevos. Los reclusos de la cárcel de Tocorón, centro penintenciario donde nació el Tren de Aragua, fueron utilizados como fuerzas de choque en las manifestaciones que se registraron en contra de Maduro en 2017 y 2018.
El dato sobre esta alianza entre el gobierno venezolano y este grupo criminal está contenido en el libro ‘El Tren de Aragua’, que publicó la periodista venezolana Ronna Rísquez el año pasado.
«Un gobernador de Aragua acudía a Tocorón para pedir apoyo al pran de esta prisión (preso que ejerce el liderazgo y que controla el centro penitenciario) cuando necesitaba hombres que le ayudaran a contener las manifestaciones contra el régimen de Maduro», se señala en la publicación.
Este testimonio, indica la periodista, lo ofreció la ex mujer de uno de los presos de Tocorón, cuya identidad se mantiene a resguardo en el libro por razones de seguridad.
Lo dicho en esta entrevista coincide con lo expresado por un detenido de esa misma cárcel, que le aseguró a Rísquez que a ellos los sacaba «el Gobierno» cuando había protestas.
Usaron presos para desplazar a grupos delincuenciales «con los que las autoridades no logran negociar»
De acuerdo con esa investigación peridística, el «ejército de presos» de la cárcel de Tocorón ha sido destinado para el cumplimiento de otras tareas fuera de la peninteciaria, que las fuerzas policiales no logran llevar a cabo.
«También los utilizan para desplazar por la fuerza, y mediante enfrentamientos armados, a otros grupos delincuenciales con los que las autoridades no logran negociar», señala Rísquez en el libro.
ONG también denunció que gobierno chavista usó reos para evitar ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela
La periodista indica que la información obtenida en su investigación sobre el uso de los presos de Tocorón coinciden con un reporte del Observatorio Venezolano de Protestas, que también dio cuenta de una situación similar.
Esta ONG informó en su momento sobre el uso de presos por parte del gobierno venezolano para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria a ese país por el estado Táchira, región que hace frontera con la ciudad colombiana de Cúcuta.
El hecho, como se recordará, ocurrió en 2019, en la época de mayor pugna entre Maduro y Juan Guaidó, que fue reconocido por muchos países, incluído Chile, como presidente interino.
El Tren de Aragua, una banda que acepta contrataciones por parte de otros grupos
Además de pactar alianzas con el régimen chavista para llevar a cabo determinadas actividades en las que los presos ejercen como grupos de choque, el Tren de Aragua también aceptaría encargarse de perpetrar homicidios por encargo de otras bandas.
Así habría sido el caso del asesinato del fiscal paraguayo especializado contra crimen organizado, Marcelo Pecci, ocurrido en una isla de Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022. Algunas de las investigaciones que el hombre lideraba, afectaban los intereses de la banda brasilera Primer Comando de la Capital.
De acuerdo con la información contenida en el libro en cuestión, al venezolano Wendre Still Scott Carrillo -sentenciado a 23 años de prisión por perpetrar el crimen- lo contrató Gabirel Carlos Luis Salinas Mendoza, «que según las utoridades colombianas pertenece al Tren de Aragua».
En la publicación se advierte que el hombre habría huído a Venezuela con 8.000 dólares que le habrían pagado por el sicariato y que en diciembre de 2022 fue detenido por una policía munipal en Caracas. En lugar de entregarlo a la policía judicial, que es el enlace con la Interpol, Salinas Mendoza fue puesto a disposición de la Dirección General Containteligencia Militar. Lugo, en una grabación hecha por las autoridades venezolana, dijo «con voz temblorosa» que estaba vinculado con dos bandas que son rivales del Trem de Aragua.
Original de El Líbero
/psg
