Los 510 mensajes entre Luis Hermosilla y el exdirector de la PDI Sergio Muñoz revelan dos cosas: una estrecha amistad y una relación de conveniencia mutua en términos laborales. El detective obtenía influencia y el abogado información confidencial de causas judiciales.

De eso dan cuenta sus conversaciones, que están siendo pesquisadas desde enero por la Fiscalía, luego de que el 25 de noviembre del 2023 el Ministerio Público lograra extraer desde el teléfono de Hermosilla 777.256 páginas con sus diálogos de WhatsApp.

Solo una parte de estos chats corresponden a Muñoz. El resto es un misterio, por ahora, pero el volumen de lo detectado, quizás, permite entender la inquietante declaración del ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el lunes: “Es una investigación cuyos indicios no proyectan muy bien (…) Espero que por el bien de todos sea bastante acotado, porque si no es así las consecuencias pueden ser bien lastimosas en general”.

Hasta el momento, y según la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Muñoz, la investigación está centrada en la comisión del delito de violación de secreto en contra del exjefe policial por haber revelado a Hermosilla información de, al menos, cinco causas: minera Dominga, casino Enjoy, gastos reservados de Héctor Espinosa (su antecesor), el caso Raúl Torrealba y la indagatoria sobre Felipe Guevara.

Sin embargo, entre los investigadores también existe una duda no menor: ¿el traspaso de información fue solo una cuestión de amistad y poder? Por el momento, en la causa solo se ha logrado reunir antecedentes en esa dirección, aunque ya se activaron diligencias para tener un panorama más completo.

Fiscalía activa diligencias sobre las operaciones financieras de Hermosilla y Sergio Muñoz. En la imagen, Héctor Espinosa, su antecesor en la PDI. Foto: Agencia Uno.

Por lo mismo, el 22 de enero, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de Reporte de Operaciones Sospechosas, Reportes de Operaciones en Efectivo, Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, y en general toda operación que obre en su poder respecto” de Luis Hermosilla y Sergio Muñoz.

Además, se solicitó que “asimismo, conforme a vuestras coordinaciones, requerir información si los ciudadanos antes individualizados registran cuentas corrientes, depósitos dinerarios y/o cuentas bancarias en bancos en el extranjero”.

Cuatro días después llegó la respuesta de la UAF, a través de su director, Carlos Toloza, quien pidió más antecedentes de la causa a la Fiscalía para poder dar curso al requerimiento de información.

“Al respecto, cabe hacer presente que los requerimientos de información que se envíen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben indicar de manera explícita la existencia de una investigación vigente por el delito de lavado de activos y/o de un delito precedente, tipificado en la Ley N° 19.913, pues solo en dichos términos este servicio se encuentra legalmente autorizado a dar respuesta a su solicitud”, se lee en el documento.

El abogado de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, indicó que su representado “actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda ni a un acuerdo ilegal, lo hizo de motu propio”.

Fiscalía activa diligencias sobre las operaciones financieras de Hermosilla y el exdirector de la PDI Sergio Muñoz. En la imagen, el abogado Juan Carlos Manríquez.
La solicitud a Interior 45 días antes del allanamiento

Otro de los requerimientos de información que despachó la Fiscalía fue el del 19 de enero -45 días antes del allanamiento a la casa de Muñoz- al Ministerio del Interior. La misma fiscal Parra solicitó al gobierno que le enviara “copia de los contratos y resoluciones relacionadas con el Sr. Luis Hermosilla Osorio (…) y remitir un listado de las causas en las que el Sr. Luis Hermosilla Osorio asumió el patrocinio del Ministerio del Interior, indicando las fechas en que este tuvo la calidad de abogado patrocinante o apoderado”.

Si bien no se especificaba en qué causa se estaba pidiendo esa información, sí se consignaba el “RUC” (registro judicial) del caso, el cual es distinto al del denominado ‘caso audio’. El 23 del mismo mes, la Fiscalía le advertía a Interior, a través de un correo electrónico, que “hago presente que se trata de una investigación reservada. Ruego favor acusar recibo”.

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