Durante la jornada de este lunes los trabajadores del Cementerio General de Santiago realizaron una denuncia en la Controloría General de la República en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). ¿La razón? Como el municipio que dirige el edil es el administrador del camposanto, lo acusan de ser el responsable del riesgo que implica la acumulación de, dicen, más de 450 feretros vacíos y que fueron utilizados por personas fallecidas a causa de enfermedades infectocontagiosas como Covid-19, y que luego fueron cremadas. Pero los ferétros siguen ahí, hace más de ocho meses, según los denunciantes.
“Se está poniendo en riesgo a los trabajadores del crematorio que han tenido que armar estrechos pasillos con cajones infectados por alguna enfermedad. Hemos denunciado esto a la Contraloría porque venimos advirtiendo este riesgo de salud”, dice el presidente de la Asociación de Funcionarios del Cementerio General, Luis Yévenes.
La caminata desde la entrada al histórico cementerio donde descansan algunos expresidentes de la República, como Salvador Allende, Arturo Alessandri o Pedro Montt, es larga. Y ahí queda en evidencia la grave situación del espacio de trabajo que los mismos trabajadores identifican como el “Horno Crematorio 3″.
Los mismos funcionarios dicen que son al menos 450 los féretros apilados que no han podido ser destruidos por la máquina compactadora que hay en el lugar y que, aseguran, hace más de ocho meses se encuentra con una falla mecánica.
El resto de los funcionarios prefieren no mencionar sus nombres, pero acusan malas condiciones en su espacio de trabajo. Añaden que la situación provoca una suerte de déjà vu del año 2020, cuando vieron desenfrenada la acumulación de estos cajones por la pandemia del Covid-19.
Pero esta vez es distinto. “El de ahí tiene VIH y ese otro, dengue”, apuntan hacia los ataúdes los trabajadores, mientras observan las decenas de féretros uno arriba del otro.
“El proceso de cremación del cuerpo y el cajón es por separado”, dice Yévenes, al momento de explicar cómo se realiza este protocolo. “Por orden del Servicio de Salud se tiene que destruir el féretro con una máquina hidráulica que lo deja como un cuadrado de madera y luego este se quema o se deja en el patio sanitario. Esa es la máquina que está mala”.
Una pequeña construcción con paredes de metal es lo único que separa a los tres funcionarios del Crematorio 3 de los féretros que hace más de 240 días adornan su espacio de trabajo. Protegidos con mascarillas, guantes y hasta lentes, para no poner en riesgo a sus familias, dicen, “ya no sabemos dónde meterlos”. Esto, en el entendido de que se realizan entre 100 y 120 cremaciones mensuales.
La denuncia presentada por la asociación apunta a que “las causas de muerte de las personas que ocuparon las urnas son por Covid-19, enfermedades infectocontagiosas y muerte natural, frente a escasos metros de los trabajadores, lo cual nos significa un grave riesgo de salud”.
Desde la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana (Seremi), confirmaron una fiscalización, la que fue efectuada con posterioridad a la publicación de esta nota. Tras ello, la jefa del departamento de Acción Sanitaria de la Seremi RM, Alejandra Hernández, señaló a La Tercera, que “en la visita se constató que en un patio interno del cementerio habían alrededor de 400 urnas que eran residuos que se habían utilizado. Los funcionarios disponían de un sistema de prensa para reducir el volumen y mandar a un lugar autorizado y resulta que se echó a perder, acumulando estos residuos por aproximadamente 60 días”, indica.
Por eso, la funcionaria confirmó la apertura de una acción a la dirección del Cementerio General, indicando que “se inicia un sumario sanitario y se notifica la administración del cementerio, donde tendrán que entregar sus descargos dentro de las medidas sanitarias que la Seremi les exige. En el acta está la disposición inmediata de las urnas a un sitio autorizado con rellenos sanitarios y ellos verán si contratan una empresa externa”. Asismismo, fue tajante en decir que “esta es una medida que debe ser tomada inmediatamente”.
Frente a esto, explica cómo es identificado, según la normativa, un féretro utilizado: “Son considerados residuos asimilables a domiciliario, es decir, como madera, paños y telas. En algunos casos pudieron estar con algún fluido corporal absorbido pero en muy mínima cantidad, por lo tanto deben reducirse al instante y llevarlos a un relleno sanitario dispuesto para este fin”.
La denuncia de los trabajadores apunta al edil de la comuna de Recoleta debido a que, como se ha dicho, la administración está a cargo del municipio que dirige. Aun así, es el director del cementerio, Rashid Saud, el que se refiere a las acusaciones.
“La máquina aplanadora está mala hace cuatro o cinco meses, no más, pero la estamos arreglando y no hay riesgo para ninguna persona que trabaje en el crematorio”, reconoce sobre el desperfecto, aunque califica de “mentira” las denuncias efectuadas por los funcionarios señalando que “los ataúdes siempre están en patios sanitarios, un lugar destinado para eso. También es falso de que han alertado, nosotros tenemos una oficina de partes y no hemos recibido nada al respecto”, indicó.
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