El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones contestó los requerimientos que presentaron Uber y Cabify ante la Contraloría en contra del reglamento de la Ley N° 21.553, que regulará a las aplicaciones móviles de transporte de pasajeros en Chile.
La subsecretaria de la cartera, Denisse Ramírez (s), cuestionó la arremetida legal que llevan adelante ambas plataformas de movilidad, señalando incurren en una “errónea interpretación de la reglamentación”.
El 12 de enero de 2024, Uber denunció que la normativa propuesta por la autoridad “adolece de manifiestos vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad, de modo que no puede entrar en vigencia”. Posteriormente, el 25 de enero, Cabify advirtió que la ordenanza “perjudica a pasajeros y conductores”.
Ante la arremetida de ambas compañías, la respuesta del estamento, que encabeza el ministro Juan Carlos Muñoz, presentó sus descargos de manera separada. Primero contestó el escrito de Uber el 19 de febrero y siete días después hizo lo propio por la presentación de Cabify.
Para la autoridad, “las empresas de aplicación de transportes irrumpieron en Chile hace años, prestando servicios de transporte de pasajeros sin sujeción a regulación alguna y -derechamente- infringiendo la legislación, lo que motivó un intenso debate que culminó con la dictación de la Ley Nº 21.553 que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan, disponiendo los requisitos de las empresas, conductores y vehículos; condiciones de operación; suspensión de inscripciones, entre otras”.
Frente a la presentación de Uber, la cartera sostuvo que “las alegaciones expuestas por el requirente se basan en una interpretación errónea de la reglamentación o en una falta de comprensión del alcance de la potestad reglamentaria con que cuenta este Ministerio; sin que se configuren las pretendidas contravenciones a lo dispuesto por la ley o la Carta Política, ya que ha sido la propia legislación la que ha dispuesto el marco de acción para esta potestad”.
“El requirente busca configurar estas pretendidas contravenciones tomando como base la situación actual en que se desenvuelve su actividad, sin que sea un argumento suficiente el mantenimiento de su estatus quo, que en este caso se traduce en la ausencia de regulación”, concluyó.
En la misma línea, ante el requerimiento de Cabify la subsecretaria de Transportes (s) sostuvo que el reglamento “ha sido objeto de un riguroso análisis, con la finalidad de satisfacer los estándares de razonabilidad técnica a los que se encuentra obligada la administración”.
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