Fue a mediados de 2022 que comenzó la trama judicial que por dos años tuvo a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investigando supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Sin embargo, durante esta jornada, el Ministerio Público dio un nuevo y determinante paso en la indagatoria.
Es que la fiscal Giovanna Herrera solicitó la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Al excandidato presidencial se le imputarán los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Junto a él, otros siete cercanos serán también imputados.
La investigación de la Fiscalía sobre Jadue en un inicio contemplaba las sospechas de un delito de cohecho, aunque con el correr de la indagatoria se sumaron pesquisas en torno a otros eventuales ilícitos. Fue, por lo mismo, bajo este argumento que el Ministerio Público extendió la reserva de la indagatoria en julio del 2023. Lo que coincidió además con el sumario de Contraloría que determinó graves faltas a la probidad del alcalde en su rol como representante de la asociación de farmacias populares.
El ente persecutor venía preparando la solicitud desde hace varios meses, sin embargo, el surgimiento de nuevos antecedentes y la toma de declaraciones de testigos dilataron la decisión.
Es más, se espera que durante las próximas horas se sume un nuevo actor al caso: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que decidió querellarse. La semana pasada, el presidente del organismo, Raúl Letelier, señaló en CNN Chile que han “ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”.
Consultado por la presentación de posibles querellas, el jefe del CDE añadió que lo estaban “evaluando” y al ser requerido sobre si en esas acciones se imputaría el delito de cohecho, Letelier respondió que habían “percibido la presencia de conductas ilícitas”.
Indicó que, en este sentido, debería haber novedades en cuestión de “semanas”. “Cuando nosotros decidimos ejercer acciones, tienen que ser antecedentes sólidos, no ejercemos acciones para poder obtener un resultado posible”, sostuvo.
Jadue, sin embargo, retrucó los dichos de Letelier afirmando que “un excontralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos, no fue cierto. Ahora se dice, también por prensa, que he tenido ‘conductas ilícitas’ y que se evalúa, quizá, la posibilidad de… Le recuerdo al Presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución, dirigida al Fisco por nulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría…”.
Lo cierto es que el escenario cambia completamente, pues de acogerse la solicitud de formalización de la Fiscalía, el jefe comunal de Recoleta deberá sentarse en el banquillo de los formalizados en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
El caso
La causa que llevó a que el Ministerio Público haya solicitado la audiencia de formalización del alcalde Jadue comenzó en 2022 con la acción judicial de uno de los proveedores de la ya extinta Achifarp, encabezada por esos días por la propia autoridad.
En aquel entonces, la empresa Best Quality se querelló en contra del alcalde de Recoleta, acusando una millonaria estafa luego de que esta compañía fuera proveedor de mascarillas para Achifarp en medio de la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, una vez iniciada la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el ente fiscalizador también comenzó a indagar presuntos hechos de solicitud de coimas por parte de Achifarp -encabezada por Jadue- para adjudicar la compra de los insumos a la empresa Best Quality SPA. La autoridad comunal, según la indagatoria de Fiscalía, habría solicitado “donaciones” a cambio de realizar la millonaria compra a la compañía.
Es precisamente la investigación en esa línea la que llevó a la fiscal Herrera a indagar presuntos delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, pesquisas que se manejaron bajo reserva. Entre los antecedentes que tenía el organismo persecutor figura la declaración del vendedor y comisionista de Best Quality SPA, César Ramírez quien se denunció ante el Ministerio Público por el delito de soborno.
El ejecutivo detalló ante la fiscal Herrera que durante una reunión, en 2020, el alcalde Jadue les pidió un “bono” extra de los insumos adquiridos por Achifarp, lo que a cambio garantizaría que Best Quality fuera la proveedora principal, además de, en el futuro, abastecer a los “supermercados populares” que el alcalde comunista esperaba lanzar.
Ante todo lo anterior, además, se sumó el informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades y “falta de probidad” en la gestión de las farmacias populares.
“Es un invento”
En noviembre del 2023, y ya avanzada la investigación por los presuntos hechos de corrupción, la Fiscalía citó a declarar al propio alcalde Jadue. Dicha diligencia fue una de las claves para que el Ministerio Público avanzara en la investigación y concretara la solicitud de formalización del también excandidato presidencial.
Tras comparecer ante la fiscal Herrera, Jadue realizó una declaración pública. “Nunca ha llegado dinero, nadie dice que haya llegado dinero y todo lo que se dice de supuestas donaciones son completamente falsos. Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”, sostuvo.
“Es un invento de César Ramírez y de toda la gente que hace esta acusación solo para tratar de obligarnos a pagar algo que no podíamos”, agregó.
Más tarde, a través de X, indicó: “Siempre actuamos apegados a la ley. En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque nuestros vecinos se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, con el Interferón y el Avifavir se hizo de buena fe y poniendo ante todo la vida de las personas”.
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