La expectación respecto al secuestro y asesinato del exteniente disidente venezolano Ronald Ojeda no cede, especialmente luego de que en un reportaje de Chilevisión Noticias, el fiscal del caso, Héctor Barros, afirmara que “nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó» desde Venezuela.
Esto es algo que la familia de Ojeda sostenía desde un principio, por lo que ahora esperan que a la luz de las solicitudes diplomáticas, ese país entregue a dos involucrados en el crimen que, según Fiscalía, están en ese país. En esa línea, el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, sostuvo en Mirada Líbero que en las próximas dos semanas podría haber avances: «Ahora quedan otras etapas que podrían dar más de alguna sorpresa».
«Nosotros creemos que esto es una ratificación importante de lo que ha sostenido la viuda desde el primer día»
El encargo del secuestro y asesinato de Ojeda desde Venezuela es algo que la familia del exteniente siempre dio por hecho, por lo que la aseveración del fiscal Barros la semana pasada, respecto a que es la única hipótesis posible que queda en pie, «es una ratificación importante de lo que ha sostenido la viuda desde el primer día y también la familia. Parece no ser una afirmación antojadiza, sino que está bien afirmada en el avance de la investigación (…) por sus ideas, lo que él había hecho y la calidad que se le había atribuido, evidentemente era un objeto de interés», afirma Manríquez.
La dificultad para despejar la naturaleza de este crimen es lo que habría llevado a que el gobierno se tomara más de un mes para para citar a la viuda de Ojeda a una reunión en La Moneda, la cual se repitió esta semana. «Lo valoro como una instancia franca, como un gesto humanitario, y la verdad que he podido ver que la gente está actuando genuinamente», dice escuetamente Manríquez sobre las citas.
Las certezas a las que llegue la investigación, cree, ayudarán a que la herida de la familia «supure un poco. Es necesario que estas heridas supuren y que nosotros nos demos cuenta también a lo que estamos enfrentados para que lo tomemos en serio (…) No es un crimen puro y simple de un secuestro y un homicidio en Chile. Es una muestra más de macrocriminalidad. Y esa macrocriminalidad no puede quedar impune».
«Quedan otras etapas, que seguramente podrían dar más de alguna sorpresa pronto»
Consultado sobre lo que se viene en la investigación, cuya reserva se extendió, Manríquez asegura que será «interesante tratar de ver qué va a pasar en las próximas dos semanas, como dijo la señora canciller subrogante, donde ella fijó incluso un horizonte. Dijo, de aquí a dos semanas vamos a tener algunas novedades».
«Ahora quedan otras etapas, que seguramente también podrían dar más de alguna sorpresa pronto«, avizora.
Respecto al tercer involucrado en el crimen, quien pareciera ser el jefe de esta operación, y a quien la Fiscalía no situó en Venezuela, el abogado sostiene que «hay bastante diligencia en curso sobre eso. Y esperamos que den resultados pronto (…) Hay diligencias haciéndose a través de la policía especializada, de Interpol, de cooperación, de asistencia jurídica en distintos países. Nada se ha agotado», pues no es un secuestro extorsivo común, sino que «es una operación con al menos seis fases determinadas, con dos grupos de ejecutores muy distintos, entre los que planifican y ejecutan la primera etapa, y los que luego se hacen cargo del intento de ocultamiento del cuerpo».
Según Manríquez, «se va a poder acreditar quienes participaron y más o menos cómo«. De momento, lo que la indagatoria está en condiciones de responder es quién participó en la primera etapa del crimen, que es el secuestro y el traslado de Ojeda. «Quedan algunas dudas sobre otras etapas de este delito. Y yo espero que evidentemente se sepa quién lo encargó y para qué. Si eso no se sabe, el sabor no solo va a ser amargo, sino que una frustración muy grande y una derrota para el sistema jurídico nacional».
Si no hay cooperación de Venezuela, recurrirán a la justicia internacional
En relación a la cooperación con Venezuela y las tensiones diplomáticas que ha generado el caso, Manríquez dice que «nunca hay que renunciar a conversar», y que «uno debiera esperar un ánimo genuino de cooperación, e incluso -más allá de diferencias políticas circunstanciales- si esas personas son detectadas, determinadas como partícipes específicas y como intervinientes de este caso, entonces Venezuela debiera hacer todo lo que esté a su alcance para ponerlos rápidamente a disposición de la justicia chilena«.
De no ser así, dice el abogado, se deberá recurrir a la jurisdicción penal internacional ante la Corte Penal Internacional, «que va a terminar, probablemente, iniciando una investigación formal contra quienes no sólo no cooperan, sino que contra quienes mantendrían una sistematicidad de agravios, respecto de distintos derechos fundamentales», explica.
Así, Manríquez enfatiza que «no sólo espero información, espero que entreguen a los dos partícipes que están acreditadamente en territorio venezolano. Si no, habrá que seguir con los mecanismos compulsivos que establece el derecho internacional».
En ese sentido, el jurista concuerda con el gobierno en la idea de que «romper relaciones hoy día significa perder toda posibilidad de cooperación internacional«, aunque esta pueda ser «mezquina»
Por último, afirma que «detrás de esta operación hay un mensaje (…) le va diciendo a todos los demás, ‘tengan cuidado, estamos cerca, podemos hacer lo que se nos venga en gana’. En estas operaciones, siempre existe esa intención«.
Original de El Líbero
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