“Ellos tienen una pierna en la protesta y otra pierna en la respuesta a la protesta. Y siempre la pierna de la protesta va a ser más gorda y firme. La otra puede que sea más engordada, pero menos sólida que la que tienen en la calle. El PC es un partido al que le gusta el poder. ¿Y por qué no se va a ir nunca? Porque una proporción demasiado alta de su Comité Central es funcionaria del gobierno”. Las palabras son del analista y panelista de Política para Adultos, Pepe Auth, y las dijo el 6 de mayo cuando abordó las críticas que surgieron al rol del Partido Comunista en la coalición oficialista.
Pero ¿Es así? ¿Realmente una parte importante del grupo que decide las directrices más importantes del partido, trabajan para el gobierno de Gabriel Boric y por lo tanto su reciente “rebeldía” al oficialismo podría verse limitada por esos intereses personales?
El Líbero revisó las ocupaciones de los 94 actuales integrantes del Comité Central del PC -se descontaron a los fallecidos Guillermo Teillier y José Figueroa- y resultó que 26 (28%) trabajan en el gobierno central. Si el espectro se amplía hacia otros organismos públicos, ese número sube a 37 (39%).
De los 94, 21 personas ocupan cargos de elección popular (parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales). Asimismo, una veintena tiene parientes trabajando en el Estado.
“El materialismo histórico dice que la infraestructura determina la conciencia. Por lo tanto, no creo que tomen una decisión contraria a sus intereses”, reflexionó Auth ese día.
El giro crítico del PC se estaría dando por el fortalecimiento del presidente del partido, Lautaro Carmona, ad portas de nuevas elecciones en julio, pero a la vez, estaría incomodando a la ministra vocera Camila Vallejo y a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, también integrantes del Comité Central, que por sus roles tienen voces más conciliadoras.
El Ministerio del Trabajo es el preferido del Comité Central
De los 26 miembros del Comité Central del PC que trabajan para el gobierno, tres son ministros y no en carteras de poca importancia.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, vocera del Ejecutivo, es Camila Vallejo; mientras que el Ministerio del Trabajo está en manos de Jeannette Jara. Ambas fueron nombradas por el Presidente Boric desde el inicio de su mandato y se han mantenido en sus respectivos cargos a pesar de los cambios de gabinete que ha hecho el Jefe de Estado. El tercer ministro integrante del Comité Central es Nicolás Cataldo, que ocupa la cartera de Educación.
En el cuoteo a lo largo de los 23 ministerios que integran el poder central, los miembros del órgano principal del PC se concentran en 10 de estas carteras.
El Ministerio del Trabajo es la preferida por los comunistas. Además de Jara, trabajan allí otros cinco integrantes del Comité. De acuerdo con la información que figura en el portal Transparencia, Manuel Ahumada Letelier se desempeña como asesor del gabinete ministerial de la Subsecretaría del Trabajo desde el 2022. Tiene un sueldo de $3.950.025 mensuales.
En la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana fue nombrado Marco Canales Huenchuan, también desde el año 2022, con un sueldo de $3.845.476 mensuales. En el cargo más alto de la Dirección del Trabajo fue ubicado Pablo Zenteno Muñoz, que es personal de planta desde el 2022. La remuneración mensual de este abogado: $ 8.983.276
Silvia Valdivia Matus se desempeña en la Superintendencia de Seguridad Social. La incluyeron como analista, bajo la figura de personal a contrata. Según la información de Transparencia, es profesora y su remuneración mensual es de $1.644.659.
La última en la lista de quienes dependen del Ministerio del Trabajo es Julia Urquieta Olivares, que trabaja como jefa de gabinete de la Dirección General de Crédito Prendario -popularmente conocida como «La Tía Rica»- y que es caso aparte (ver más abajo: Los casos de Urquieta y Claudia Pascual).
El Ministerio de Interior, el segundo con más miembros del Comité Central, incluído el polémico Juan Andrés Lagos
En segundo lugar de preferencias, con cuatro integrantes del Comité Central, se ubica el Ministerio de Interior, cartera en la que trabaja el polémico asesor Juan Andrés Lagos, quien en varias oportunidades ha incomodado al Ejecutivo con sus declaraciones. En la más reciente, en la que dijo que Carabineros había cometido actos terroristas en los casos de Campillai y Gatica, la propia ministra Carolina Tohá tuvo que salir a tratar de desmarcar al gobierno. El periodista está contratado a honorarios por $3.129.000.
En esa misma cartera, pero en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), está Reynaldo Morales Lagos, administrador público que se desempeña como “profesional de la División de Administración y Finanzas” ($3.981.033). Según información de Transparencia, trabajó como profesional de apoyo en la Subsecretaría de Educación entre 2022 y 2023 ($3.339.593) y como coordinador en el Departamento de Actividades Comerciales de la Municipalidad de Santiago entre 2021 y 2022 ($2.888.674).
También en este ministerio se encuentran Cinthy Miskulini Araya, profesora de Historia y Geografía que se desempeña en la Delegación Presidencial de Valparaíso como asesora ($3.650.500), así como Tamara Concha Cabrera, que está en la Delegación Presidencial de Biobío ($2.142.052). Ambas a honorarios.
La cartera de Educación: el ministro y dos jefes de gabinete de subsecretarías son del Comité Central
Siguiendo con los ministerios favoritos de los integrantes del Comité Central del PC, está el de Educación, con tres miembros. Además de Cataldo -que antes de llegar a la cabeza de esta cartera en agosto del año pasado había sido subsecretario de Subdere y subsecretario de Educación-, está Oscar Aroca Contreras, titulado como profesor de Educación Física que se desempeña como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación, por una remuneración mensual de $4.667.418. El excandidato a diputado por Valparaíso, llegó al cargo proveniente de la Dirección de Presupuestos ($5.805.177 mensuales) y antes de eso, pero siempre en 2023, había sido jefe de gabinete en la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo ($6.216.435 mensuales).
El tercero en esa cartera es Camilo Sánchez Pizarro, sociólogo que actualmente es asesor en la Subsecretaría de Educación, como personal a contrata por un pago mensual de $4.459.566.
De acuerdo con Transparencia, entre mayo y julio del año pasado, Sánchez fue asesor ministerial en la Subsecretaría de Trabajo ($2.374.365 mensuales), en julio y agosto fue profesional de gabinete en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ($2.880.243) y en 2022 fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Educación ($4.071.884 mensuales).
En el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente se desempeña la ingeniero industrial Rebeca Gaete Santelices como apoyo administrativo, en calidad de personal a contrata ($3.086.783), así como Karen Palma Tapia que forma parte del personal de planta en el cargo de asistente social ($1.924.382).
Un ex enlace entre el PC y el FPMR en el Ministerio de Defensa
Con dos integrantes del Comité Central cada uno figuran los ministerios de Defensa, Desarrollo Social y Secretaría General de Gobierno.
En Defensa trabaja como asesor de Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Patricio Palma Ousiño ($3.000.000), quien fue jefe de la comisión militar del PC y nexo entre esa tienda política y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en los 80. En ese mismo ministerio está Luis Lobos Meza, jefe de gabinete de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas ($7.941.679).
En servicios que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se encuentra la socióloga Tamara Torres Huechucura como directora regional de Fosis Araucanía, a contrata ($6.296.609). La exconvencional y ex secretaria de la Juventudes Comunitas de Atacama, Erica Portilla Barrios es directora regional del Instituto Nacional de la Juventud de Atacama ($4.045.845. Llegó por Alta Dirección Pública). De acuerdo con el portal Transparencia, en 2022 fue asesora jurídica del Gobierno Regional de Atacama ($3.362.515).
Por último, en la lista de ministerios con dos integrantes del Comité Central se encuentra la Segegob, donde además de la ministra Vallejo, está la periodista Javiera Olivares Mardones. Está contratada a honorarios ($4.130.750) para el “desarrollo de contenidos estratégicos en materia programática, normativa y legislativa en torno a los derechos asociados a la información, comunicación, prensa y expresión”.
Mientras, en la Secretaría General de la Presidencia, en el Ministerio de Justicia y en el de Economía hay un miembro del Comité Central por cartera. En la primera de ellas está Carlos Arrue Puelma como coordinador de División de Relaciones Políticas e Institucionales, a contrata ($5.559.385). En 2022 había sido jefe de gabinete en la Subsecretaría del Trabajo ($3.493.000).
La exconvencional Bárbara Sepúlveda Hales es asesora de gabinete del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del Ministerio de Justicia ($3.994.724), mientras que Makarena Arias Vargas es Seremi de Economía de Atacama, como personal de planta ($4.109.618).
Un asunto familiar: los matrimonios y red de parientes del Comité Central que trabajan para el Estado
Así como hay familias de profesores, médicos y abogados, también hay familias que comparten el gusto por la cosa pública. En el caso del Comité Central del PC, 21 de sus 94 integrantes tienen parientes trabajando en el Estado. 14 cónyuges o ex cónyuges y seis entre padres y hermanos.
Las parejas más “mediáticas” de integrantes del selecto grupo PC son la senadora Claudia Pascual (esposa de Javier Albornoz, secretario de Organización que coordinó a los candidatos al Consejo Constitucional), el subdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda, Osvaldo Fierro, marido de Bárbara Sepúlveda, quien percibe $5,7 millones brutos por esa labor; y la delegada presidencial provincial de Melipilla, Sandra Saavedra, esposa de Fernando Carmona Alert.
Luego, el marido de la diputada Lorena Pizarro, Nelson Donato Guzmán, trabaja a contrata en la Dirección del Trabajo desde 1997, con un sueldo superior a los $2,2 brutos; mientras que el profesor de Educación Física, Oscar Aroca, que es parte del comité y actualmente se desempeña como jefe de gabinete del ministro de Educación (el también PC y también integrante del Comité, Nicolás Cataldo) está casado con la psicóloga Carolina Sepúlveda, también ligada al trabajo en la educación: en agosto de 2021 comenzó a trabajar en Junji, pasó a ser “profesional de apoyo” en Mineduc en 2023 y actualmente lo hace en Junaeb, pasando de grado 12, a 10 y luego a 9 en la escala de remuneraciones.
La esposa del ministro Cataldo, Danae Prado, también trabaja para el Estado y está emparentada con Lautaro Carmona (ver abajo). Desde 2016 labora en la Subsecretaría de la Mujer, donde está contratada por más de $2,8 brutos mensuales.
El integrante del Comité, Rodrigo Oyarzún Rojas, que no tiene ningún cargo de elección popular ni trabaja para el Estado, registra a su esposa como funcionaria de la Fundación Integra ($1,5 millón bruto aproximado). La señora del consejero por Atacama, Javier Castillo, trabaja en el Slep de Atacama, y la de Ricardo Solé, en Mineduc a honorarios por $1,7 millón. Mientras, el marido de Julia Urquieta, también trabaja en el área pública.
Respecto a los “ex”, quien fuera esposa del ex diputado Hugo Gutiérrez, trabaja a contrata en el Hospital Regional de Rancagua desde 2020, con un sueldo bruto de aproximadamente $ 2.5 millones, mientras que la ex señora del histórico presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo -y madre del actual subsecretario de Justicia- cumple funciones desde 2007 en Sernageomin (por unos $5,3 millones mensuales aproximadamente). La expareja de Carlos Arrué, coordinador de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres, trabaja en el Servicio de Salud Metropolitano Sur.
Además, hay siete progenitores que ya jubilaron, pero que en los últimos años se desempeñaron en el sistema público.
La red laboral del presidente del PC dentro del gobierno
Los Carmona son de esas familias que tienden a los trabajos en el Estado. El presidente del PC, Lautaro, no tiene actualmente ningún cargo y por lo pronto recibe poco más de $1,9 millones por su cargo directivo de parte del partido. Por su relevancia, también forma parte del Comité Central aludido por Auth, reconocimiento que comparte con su hijo, Fernando Carmona Alert.
Fernando Carmona Alert es asesor de Presidencia. En Transparencia informan que su función es “asesorar en materias relacionadas con proyectos presidenciales”, labor por la que percibe $4,3 millones brutos mensuales. Antes no aparecía contratado por ningún organismo público. Su esposa es Sandra Saavedra Lowenberger, veterinaria y excandidata a constituyente que en marzo de 2022 asumió como delegada presidencial de la provincia de Melipilla, cargo por el que recibe unos $5,3 millones brutos y que sí tiene más años en lo público. En el pasado, se había desempeñado en Redes Asistenciales (2017-2018), la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid) (2018-2021) y fue parte de un Consejo Consultivo de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro (2023).
Otra hija de Carmona y hermana de Fernando, Paz, es actualmente jefa de gabinete del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cargo por el que en abril recibió más de $5,3 millones brutos. El tercero de los hermanos, el profesor Andrés Carmona, tuvo una corta incursión en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente en 2017 y 2018.
La sobrina de Lautaro Carmona, Danae Prado Carmona, es esposa del ministro de Educación y miembro del Comité Central, Nicolás Cataldo, y trabaja en la Subsecretaría de la Mujer.
Los casos de Urquieta y Claudia Pascual
Julia Urquieta es una de las figuras públicas conocidas del PC, pero pese a ello, los cargos de elección popular de corte más masivo, le han sido esquivos. En 2001 la abogada intentó ser diputada por el distrito 16 de la Región de O’Higgins, sin éxito, y en 2017 volvió a intentarlo, pero por el distrito 10 en Santiago, sin lograr llegar al Congreso. Entre medio, sí logró ser concejala por Pudahuel (2004) y ese impulso le valió ser nombrada jefa de la División Jurídica de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
En su segunda administración, era parte del equipo legislativo del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y luego fue nombrada subsecretaria de Previsión Social, puesto que después pasó a tener Jeannette Jara (actual ministra de Trabajo y también miembro del Comité Central).
Finalizó el gobierno de Bachelet trabajando en el Ministerio de Bienes Nacionales. Ahora, en el actual gobierno del Presidente Boric, Urquieta volvió pero con un perfil más bajo, aunque bien remunerado: desde junio de 2022 es la jefa de gabinete de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep) con un sueldo superior a los $5 millones. Es el cargo actual de mayor rango en “La Tía Rica”, pues desde mayo de 2023 esa repartición a cargo del Ministerio del Trabajo tiene un director subrogante. Ese ministerio no le es ajeno, pues en esa misma cartera “madre”, trabaja hace muchos años su marido, Vladimir Adonis Sepúlveda Conte.
Sepúlveda ha hecho carrera en la Dirección del Trabajo desde 1998, donde, siendo comunicador social, se ha desempeñado como fiscalizador en terreno y como asistente de relaciones laborales ganando alrededor de $1,8 millones.
Hay otra pareja en la que ambos PC trabajan para el Estado. Se trata del integrante del Comité Central, Javier Albornoz Rebolledo, quien tras terminar de organizar la participación del partido en el Consejo Constitucional en junio, entró a trabajar como conductor del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales en la cartera de Jeannette Jara (por poco más de $1,1 bruto). Albornoz, que no registra estudios superiores en Transparencia, es marido de la actual senadora, ex concejala de Santiago y exministra de la Mujer, Claudia Pascual.
Albornoz también es parte, desde 2023, de la Comisión Política del PC.
Los que tienen cargo de elección popular
Un total de 21 de los 94 integrantes del Comité Central ocupan cargos de elección popular. En municipalidades, figuran el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (que ya ha gobernado por 12 años esa comuna y no puede ir a la reelección); así como la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (que irá a la reelección en octubre) y la de Lo Espejo, Javiera Reyes Jara (que podría ir a la reelección).
En el Senado se encuentra Daniel Núñez, electo para el período que se extiende entre el 2022 y el 2030. Estuvo en la Cámara Baja entre el 2014 y el 2022.
En la Cámara de Diputados se ubican siete integrantes del órgano central del PC: Karol Cariola (recién electa presidenta de la Cámara, que ha sido parlamentaria desde 2014), Carmen Hertz y Boris Barrera (congresistas desde 2018), Lorena Pizarro Sierra, Daniela Serrano Salazar, Alejandra Placencia y Nathalie Castillo Rojas (electas en la elección de 2022).
Estos 11 miembros del Comité Central están inhabilitados, debido a los puestos que ocupan, para ocupar otros cargos dentro del Estado. No ocurre así con quienes resultan electos concejales y consejeros regionales, que en este caso suman seis y cuatro, respectivamente.
Por no tener esta limitante, la concejala de Recoleta Natalia Cuevas Guerrero (2021-2024) realizó en febrero de este año una asesoría en materia de despliegue comunitario para la Municipalidad de Santiago. El año anterior también había efectuado labores similares.
También fueron electos para concejos municipales los integrantes del Comité Central Dafne Concha (Santiago), Patricia Coñoman Carrillo (El Bosque), Nelson Cornejo Neira (Pedro Aguirre Cerda), Rosa Ahumada Campusano (Copiapó) y Dolores Cautivo Ahumada (Arica).
Cautivo es actualmente candidata a alcaldesa por Arica y trabaja, según su bio de X, “como periodista en Radio Puerta Norte”. Es dirigente del Colegio de Periodistas de Arica.
Para consejeros regionales fueron electos cuatro miembros del órgano central del PC: Claudina Núñez Jiménez y María Eugenia Puelma Alfaro (Región Metropolitana), Javier Castillo Julio (Atacama) y Tania Concha Hidalgo (Biobío).
¿Y los contratos con el Estado?
De los 94 miembros del Comité Central, 17 se inscribieron alguna vez como proveedores de Mercado Público para ofrecer sus servicios al Estado, sin embargo, sólo tres concretaron una orden de compra directa desde algún ministerio y actualmente sólo dos de ellos están habilitados para celebrar contratos con el Estado.
Se trata del escritor Raúl Zurita Canessa, de la presidenta de la Fundación Neruda, Elba Kemy Oyarzún, y de la antropóloga y excandidata a core y convencional constituyente, Camila Vergara.
El primero suscribió una orden de compra con la Subsecretaría de las Culturas por $685 mil para presentarse en la Feria del Libro y la Lectura de O’Higgins, en noviembre pasado. Mientras que en abril de este año, Oyarzún obtuvo poco más de $345 mil para la relatoría de su obra «Imaginarios de la posdictadura: reflexiones sobre feminismo, cultura y política en Chile y análisis de la literatura chilena: subjetividades en tensión», por parte de la seremi de las Artes y el Patrimonio de Ñuble.
El monto más cuantioso lo ejecutó Camila Vergara con la Subsecretaría de Energía, que en agosto de 2023 le otorgó $10 millones para «servicios personales especializados en materias socioculturales en el marco de la ejecución del estudio Franjas (…) y su evaluación ambiental estratégica denominado ‘Entre Ríos-Pichirropulli’«. Su rol consistió en prestarle asesoría sociocultural a la Comisión de Participación Indígena (CPI), compuesta por nueve representantes del pueblo mapuche de las comunas de Lebu, Mulchén, Negrete, Tirúa, Lonquimay, Temuco, Futrono, Lago Ranco y Osorno, en el marco de la colaboración que debían prestar para el estudio de este proyecto de transmisión eléctrica. Ese trabajo, dice el decreto que lo rigió, se vería plasmado en dos informes. Uno de avance a los 30 días del contrato, y otro final, a los 60 días.
Original de El Líbero
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