Una soterrada batalla libra en tribunales la empresa de transporte de pasajeros chilena Transvip, controlada por Gabriel Bitrán y Carlos Salamé, y la plataforma Cabify. La lucha tiene dos aristas: la chilena acusa a Cabify de competencia desleal por emplear información estratégica de la compañía para participar en una licitación por el servicio de transportes desde el aeropuerto de Santiago y, gracias a ello, consiguió paralizar los efectos de un servicio que Cabify no ha podido iniciar. La demanda involucra también a Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel, a cargo de la administración del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, que dice no tener ningún rol en esa disputa judicial.
La historia comienza con Transvip como concesionaria del servicio de transportes del aeropuerto. Nuevo Pudahuel se adjudicó por 20 años la gestión del terminal de Santiago en 2015 y tiene a su cargo los servicios complementarios, como la explotación y gestión de la infraestructura y el equipamiento asociado al transporte público, entre ellas las vías exclusivas que son usadas por taxis y minibuses para tomar pasajeros dese el terminal.
Nuevo Pudahuel dice que por exigencia del Ministerio de Obras Públicas debía garantizar la exigencia de tres operadores de minibuses en las vías exclusivas. En 2021, el primer concurso, lo ganó Transvip, la que dice tener más de 15 años de experiencia en la gestión y administración de flota, sistema de reservas, tráfico e implementación de tecnología en sus procesos operativos y presencia en Santiago, Antofagasta, Calama y Valparaíso–Viña del Mar, desplazándose dentro de dichas ciudades y desde y hacia sus respectivos aeropuertos.
En marzo de 2022, la concesionaria activó una segunda licitación, que la ganó la Agencia de Carga Cargomobility SpA en julio de ese año. Y el tercer proceso fue activado en 2023 y fue adjudicado a Cabify el 22 de diciembre pasado.
Pero en enero, Transvip recurrió a tribunales y paralizó ese servicio, que hasta hoy cuenta con una medida precautoria que le impide comenzar a operar.
“Denunciamos que, con el objeto de adjudicarse dicha licitación, Cabify se ha valido de información confidencial de mi representada, a la que accedió al participar en un proceso de aumento de capital y venta de acciones secundarias de Transvip”, acusó la empresa en el 25 Juzgado Civil de Santiago.
En 2022, los accionistas de Transvip consideraron que, para el crecimiento de su negocio, resultaba necesario promover un aumento de capital de la compañía, incorporando nuevos socios. Para el desarrollo de este proceso, Transvip contrató los servicios de Larraín Vial.
El proyecto fue denominado “Mustang” y quienes participaron eran obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad, pues la información a la que accederían sería solo utilizada para evaluar la eventual transacción. “Hemos tomado conocimiento de que Cabify participó en el Proyecto Mustang, accediendo así a información comercial e inteligencia del negocio de mi representada de naturaleza sumamente confidencial, en particular, información clave para poder entender la estructura de costos, los datos operacionales y toda la estrategia de negocios que Transvip emplea en su servicio de minibuses en el aeropuerto de Santiago”, añadió la demanda.
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