Donald Trump se convirtió este jueves en el primer ex presidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, pero su veredicto de culpabilidad por falsificación de registros comerciales no implica, según diversos expertos, que vaya a la cárcel.
El jurado de su juicio en Nueva York no le absolvió de ninguno de los 34 cargos en su contra, cada uno de los cuales puede suponer una multa de hasta 5.000 dólares y de hasta cuatro años en prisión, en caso de que llegara a imponerle la máxima pena.
Dan Horwtitz, abogado de defensa que en el pasado llevó casos de personas de alto nivel para la oficina de la Fiscalía del distrito de Manhattan, apuntó este jueves en la cadena CBS News que la posibilidad de un arresto domiciliario es la más factible.
Esa sentencia permitiría al ex mandatario y precandidato para las elecciones de noviembre proseguir su campaña, aunque fuera de forma virtual.
Pero las posibilidades son amplias: el juez Juan Merchan, en opinión del experto “podría sentenciarlo a un periodo de meses o semanas de cárcel o podría exigirle ir a la cárcel todos los fines de semana durante un tiempo y luego cumplir el resto de la pena en libertad condicional”.
Los 77 años de edad del ex presidente republicano, su estatus y la falta de antecedentes se presentan como puntos a su favor.
Según el canal NBC News, un análisis de “miles de casos” similares al de Trump apunta que “muy poca gente” acaba entre rejas: apenas uno de cada diez condenados por falsificación de registros comerciales, y esos casos solían involucrar además otros delitos.
En cualquier caso, la posible apelación del ex mandatario retrasaría una eventual entrada en prisión.
El diario The New York Times dejó claro este jueves que no se puede dar nada por sentado: “Aunque no ha habido indicios de qué podría decidir el juez Merchan, ha hecho saber que se toma en serio los delitos de cuello blanco. Trump lo ha atacado y denunciado continuamente como “parcial y corrupto”, apuntó el rotativo.
Previo al veredicto contra Trump, el ex fiscal de Manhattan y abogado penal Jeremy Saland manifestó que “debería tratarse de manera diferente en términos de castigo” debido a la posible alteración de los resultados electorales, según declaraciones recogidas por Forbes.
Saland comparó el caso de Trump con un incidente común de fraude financiero, explicando que mientras este último normalmente no implicaría pena de prisión para un infractor por primera vez, el caso de Trump podría ser una excepción debido a su impacto potencial en el proceso democrático.
Además afirmó que a pesar de que las acusaciones sugieren que la conducta del ex presidente republicano podría haber “alterado potencialmente las elecciones y la presidencia”, las repercusiones políticas de tal sentencia serían demasiado graves.
“El hecho de que puedas no significa que debas hacerlo,” indicó, subrayando que “ponerlo en prisión tendrá consecuencias y un efecto dominó que ninguno de nosotros puede comprender ni anticipar”.
Por su parte, Jonathan Turley, abogado de derecho constitucional y colaborador de Fox News, afirmó que “el caso será revertido eventualmente ya sea en el sistema estatal o federal”, pues a su criterio “este juicio es rico en objetivos para la apelación. No obstante, esa apelación se proyectará más allá de las elecciones”.
John Malcolm, ex fiscal federal, expresó a Fox News Digital que el veredicto del jurado demuestra que estos se convencieron por el testimonio del ex abogado de Trump, Michael Cohen.
Sobre esto, Gregory Germain, profesor de derecho en la Universidad de Syracuse, apuntó que fue “una estrategia terriblemente arriesgada de Trump centrarse en la credibilidad de Michael Cohen en lugar de enfocarse en la base legal compleja de las demandas”.
Añadió, además, que no está claro qué esperaba lograr el equipo de defensa al hacer creer al jurado que Cohen pagó a Stormy Daniels sin el conocimiento de Trump y sin la promesa de reembolso.
Según Germain, una estrategia “mucho mejor” habría sido argumentar que los registros no pudieron haberse falsificado para defraudar a los votantes en la elección de 2016, porque los registros se falsificaron en 2017, después de las elecciones y no eran públicos.
“Sus derechos dependerán de su sentencia”, escribió Michael McDonald, un politólogo de la Universidad de Florida que ha dado seguimiento a las normas de privación de derecho al voto por delitos graves de su estado, en la red social X.
Florida se remite a las normas de privación del derecho al voto de otros estados para los residentes condenados por delitos graves fuera de la entidad. En el caso de Trump, la ley de Nueva York sólo priva del derecho a votar a las personas declaradas culpables de delitos graves cuando están encarceladas. Una vez que salen de prisión, sus derechos se restauran automáticamente, incluso si están en libertad condicional.
“Si los derechos de voto de un floridano se restauran en el estado de condena, se restauran bajo la ley de Florida”, indicó Blair Bowie, del Centro Legal de Campañas, señalando que las personas sin los recursos legales de Trump a menudo se confunden con las complejas reglas de Florida.
Así que mientras Trump no sea enviado a prisión, podrá votar en Florida en las elecciones de noviembre.
Trump, oriundo de Nueva York, estableció su residencia en Florida en 2019, mientras ocupaba la Casa Blanca.
Aunque se reelija como presidente, Trump no podrá indultarse de cargos estatales en Nueva York. El poder de indulto del presidente sólo aplica a delitos federales.
Ni la declaración de culpabilidad, ni un eventual encarcelamiento, impedirían a Trump seguir aspirando a la Casa Blanca.
La Convención Nacional Republicana, que comenzará cuatro días después de la fecha programada para la audiencia sentencia —el 11 de julio— en Nueva York, adoptó normas el año pasado que no incluían ninguna disposición específica en caso de que su candidato fuera condenado por un delito.
Los delegados podrían cambiar sus normas antes de formalizar la nominación de Trump, pero no hay indicios de que una facción significativa del partido intente sustituir al ex presidente en la candidatura del Partido Republicano.
Trump cuenta con la lealtad de la base del Partido Republicano, y el Comité Nacional Republicano está dirigido por personas que le son leales, incluida su nuera, Lara Trump, quien funge como copresidenta.
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