La Moneda ha tomad distancia del caso Daniel Jadue, mientras el oficialismo apunta a una responsabilidad individual y la oposición se muestra conforme con la decisión del tribunal.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y militante comunista, Camila Vallejo, subrayó la independencia de los poderes del Estado en su respuesta a la noticia. “Estamos firmes en cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo”, señaló en un punto de prensa. Vallejo, vocera de La Moneda, aseguró que el Gobierno siempre ha respetado la labor de la justicia, independientemente de la filiación política de los implicados.
“En todos los casos, sin distinción, como Gobierno hemos señalado que respetamos la labor de la justicia, y así vamos a seguir hasta el final”, aclaró la ministra Vallejo, sin abordar precisamente el impacto político que puede tener la medida cautelar que ahora pesa sobre el alcalde Jadue.
No obstante, Vallejo hizo un llamado a todos los partidos a respetar el trabajo de las instituciones y recordó la importancia de la presunción de inocencia. “Queremos que la institucionalidad funcione rigurosamente hasta llegar a la última instancia, que es con los tribunales aplicando sentencia”, afirmó, enfatizando que serán los tribunales quienes determinen las responsabilidades penales.
“En ningún caso afecta al oficialismo”
Desde el Partido Socialista (PS), el diputado Marcos Ilabaca hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones funcionen adecuadamente. “Las instituciones tienen que funcionar y en el marco de la investigación se determinará si el señor Jadue es o no responsable de lo ilícito que se le imputa”, expresó.
Ilabaca reiteró su postura de cero tolerancia hacia la corrupción y mencionó que desde su bancada han impulsado un proyecto de ley para impedir que los condenados por corrupción vuelvan a ejercer cargos públicos. Aunque criticó el uso de la prisión preventiva en casos de delitos económicos, aclaró que será la defensa de Jadue la que evaluará la pertinencia de esta medida cautelar. “Creo que en ningún caso afecta al oficialismo como tal, porque aquí son responsabilidades personales”, concluyó Ilabaca.
Desde la misma colectividad, el senador socialista Fidel Espinoza, quien ha sido un duro crítico del Gobierno —aunque más del Frente Amplio— manifestó su preocupación por lo que considera una aplicación desigual de la justicia. Espinoza comparó la situación de Jadue con otros casos de corrupción, como el del alto mando del Ejército en el caso del exgeneral Fuente-Alba y la exalcaldesa Cathy Barriga, sugiriendo un doble estándar en las medidas cautelares aplicadas. “Creo que en Chile, si queremos avanzar en el combate a la corrupción, tiene que haber un mayor emparejamiento en las medidas que se aplican a cada uno de los ciudadanos”, afirmó el senador.
Espinoza enfatizó que, aunque no es defensor de Jadue, considera necesario que la justicia sea equitativa y no aplique la máxima sanción de prisión preventiva de manera desproporcionada en ciertos casos.
Cautelar “desproporcionada”
El comité central del Partido Comunista declaró que, en absoluto respeto a lo que se definió hoy y al proceso de investigación decretado tras la formalización, “creemos desproporcionada la cautelar de prisión preventiva, porque nos asiste la convicción política de la inocencia de nuestro compañero, al que seguiremos acompañando en este proceso, tal como lo garantiza el principio de inocencia”.
“Agradecemos las expresiones de solidaridad que ha recibido, tanto en Chile como en el exterior; manifestaciones que, junto con destacar su gestión política, pública y municipal, han expuesto claros argumentos sobre las acusaciones que se le imputan”, agregaron en el PC, desde donde han apuntado a una “persecución política” contra el edil recoletano.
A través de la red social X, personeros de la colectividad han manifestado su rechazo a la medida cautelar que se impuso para el alcalde Jadue, alimentando la tesis de una persecución política en su contra y compartiendo el hashtag “Todos somos Jadue”.
La diputada Carmen Hertz acusó “un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Daniel Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes”.
“Confiamos que la apelación ante la Corte de Apelaciones fallará conforme a Derecho y se revertirá la medida cautelar”, agregó el senador Daniel Núñez.
Las declaraciones de los comunistas generaron una disonancia interna. El diputado del PPD Raúl Soto criticó la actitud de los comunistas, afirmando que “no hay que atacar la institucionalidad, porque eso termina debilitando la democracia”.
“Yo quiero ser absolutamente claro: Daniel Jadue no es un preso político, no ha sido objeto de persecución política; el Ministerio Público y el Poder Judicial son órganos autónomos, independientes del Estado, que están haciendo su trabajo. No hay que bajarle el perfil, no hay que atacar la institucionalidad, porque eso termina debilitando la democracia”, declaró el parlamentario oficialista.
El diputado Soto manifestó que “así como criticamos a la derecha cuando sus alcaldes están paseando también por los tribunales, tenemos que medir con la misma vara a los dirigentes políticos de nuestro sector”.
Oposición: “Esperamos que el gobierno tenga un discurso coherente” Quienes sí se mostraron en total acuerdo con la medida cautelar que el alcalde Daniel Jadue deberá cumplir en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber fueron los diputados de Renovación Nacional (RN), quienes resaltaron que se aplicara la prisión preventiva que —a su juicio— “garantiza la igualdad de la ley ante los ciudadanos”.
La diputada Camila Flores afirmó: “La justicia tarda pero llega. Lo estamos viendo en el caso de Daniel Jadue, quien ha quedado con prisión preventiva como medida cautelar. Esto indica que el Ministerio Público ha podido probar la gravedad de los hechos que se le imputaban y que la supuesta inocencia y operación política que dice Daniel Jadue tener en su contra no es tal, sino que existen hechos plausibles, comprobables para poder en definitiva avanzar en esta investigación y que son de gravedad”.
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum expresó su satisfacción de que los tribunales hayan actuado sin presiones: “Las acusaciones son bastante graves, hay cinco delitos que se le imputan, pero yo me alegro de que los tribunales no hayan sido presionados ni se hayan dejado cuestionar por un Partido Comunista que salía a manifestarse en favor del imputado Jadue y que hoy día pueda ser finalmente encarcelado por los delitos que se le imputan. Ahora yo creo que aquí lo que se demuestra es que los tribunales y la justicia hacen su labor, que nadie está por sobre la ley y que finalmente va a tener que responder”.
El diputado Andrés Longton criticó lo que considera un doble estándar del Partido Comunista y el Gobierno: “Lo que nosotros esperamos es que los diputados del PC y militantes del PC condenen esta situación tal cual como lo condenaban cuando había municipios de otro color político involucrados en esto. ¿Por qué hacer distinciones? ¿Por qué defensas corporativas, sobre todo cuando tenemos un alcalde que hoy día está preso? Eso es lo que hoy día condena la mayor parte del país, este doble estándar de salir a una defensa corporativa para un alcalde que hoy día está preso”.
“Esperamos que en ese sentido el Gobierno tenga un discurso coherente con lo que ha señalado en otras situaciones respecto a delitos incluso de menor gravedad que estos”, añadió el diputado Longton.
El diputado Andrés Celis también respaldó la medida, argumentando la necesidad de asegurar un proceso judicial imparcial: “La gravedad de las acusaciones en contra del alcalde Jadue justifica la adopción de la medida cautelar para asegurar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera imparcial y que se evite cualquier interferencia en la investigación. Es fundamental que se aplique la ley con rigor y que se investigue a fondo cada una de las acusaciones presentadas, sin importar el cargo o la posición de la persona involucrada”.
Finalmente, los parlamentarios opositores recordaron que, poco antes de ser formalizado, Daniel Jadue intentó salir del país rumbo a Venezuela, pero fue impedido por la PDI, reforzando su argumento de la necesidad de la medida cautelar para evitar riesgos de fuga y garantizar el debido proceso.
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