Hace aproximadamente una semana, el fiscal Xavier Armendáriz formalizó eal alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), como autor de presuntos delitos consumados de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco en la compra y venta de insumos médicos a través de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Tras su presentación en el 3er Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Giovanna Herrera, quien lidera la investigación, solicitó a la jueza Paulina Moya la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde y para Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp y hombre de confianza de Jadue. Para fundamentar su petición, expuso parte de los antecedentes, testimonios y pruebas recogidos por el Ministerio Público en tres años de investigación.
Respecto a la denuncia de cohecho contra el alcalde, la fiscal presentó una serie de fotografías de Jadue reunido en su oficina municipal con César Ramírez, vendedor de la proveedora de insumos médicos Best Quality SPA. En una autodenuncia, respaldada por otros testimonios y conversaciones de WhatsApp de empleados de la empresa, Ramírez indicó que para cerrar una venta a Achifarp, Jadue le solicitó un bono extra en insumos médicos. Un peritaje al celular del denunciante demostró que las fotografías fueron tomadas el 1 de julio de 2020, día de la reunión en que se pidió el supuesto soborno. Otras fotografías muestran productos entregados en la sede del Partido Comunista de Recoleta, incluyendo bidones de alcohol gel, cajas con mascarillas y pecheras, valoradas en $20 millones. La fiscal también mencionó que en una inspección reciente a esa sede aún quedaban algunos bidones de alcohol gel.
En cuanto a la acusación de estafa, se señala que Jadue ocultó la mala situación económica de Achifarp para suscribir un contrato con Best Quality por $1.384 millones, de los cuales solo se pagaron $300 millones. La fiscal destacó que el punto principal de la formalización es el delito de administración desleal, indicando que Jadue asumió atribuciones que no tenía, manejó de manera abusiva y afectó el patrimonio de Achifarp, una organización que creó en 2016 y a la que llegaron a integrar más de 90 municipios antes de solicitar su liquidación forzosa. Testimonios de varios alcaldes, como Germán Codina de Puente Alto, Carlos Cuadrado de Huechuraba y Jorge Sharp de Valparaíso, coincidieron en que Jadue y su equipo tomaban decisiones sin consultar ni informar a la Asociación.
La fiscal también señaló que Jadue omitió informar sobre las deudas acumuladas bajo su gestión, estimadas en más de $1.000 millones con proveedoras, y los juicios civiles en su contra por incumplimiento de contratos, cheques protestados y morosidad, todo esto mientras levantaba su campaña presidencial. Varios municipios consideraron los productos de Achifarp caros y comenzaron a salir de la asociación.
Respecto a los productos vencidos, la fiscal señaló que la asociación nunca cumplió su propósito original de agrupar farmacias comunales para conseguir mejores precios de medicamentos. En lugar de eso, se dedicó a insumos médicos, adquiridos sin una demanda concreta de los municipios. Esto llevó a situaciones como la compra de glucómetros a la empresa cubana BioCuba Farma por US$321 mil, que se vencieron en bodegas y terminaron en un vertedero. Sin consulta a la asociación, Jadue arrendó un local en Providencia en diciembre de 2020 para crear una farmacia que vendiera insumos directamente al público, operando entre octubre de 2021 y mayo de 2022, con un costo total de arriendo de $100 millones más remodelaciones. Testimonios relatan que en la farmacia se vendían productos vencidos, incluyendo glucómetros y cintas reactivas.
Finalmente, sobre el fraude al fisco, la fiscalía detalló que Jadue manejó abusivamente Achifarp, que enfrenta diversas demandas civiles de proveedores por deudas y cheques protestados. Para hacer frente a las deudas, el alcalde incurrió en al menos tres delitos de fraude al fisco, engañando al concejo municipal de Recoleta para que traspasara fondos al organismo. Uno de los casos fue el acuerdo con la Universidad de Concepción en junio de 2020 para el ensayo clínico y fabricación del medicamento Interferón Alfa Humano para combatir el Covid-19, comprometiendo $229 millones. Aunque el Instituto de Salud Pública no autorizó la fabricación del medicamento, Jadue informó falsamente al concejo municipal sobre permisos inexistentes para obtener un aporte extraordinario, resultando en el traspaso de $204 millones a Achifarp, que nunca llegaron a la universidad y se usaron para pagar gastos y deudas de la asociación.
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