Este miércoles se conoció que el Gobierno, específicamente la Secretaría General (Segegob) -liderada por Camila Vallejo (PC)- estableció un contrato por trato directo con la empresa Datavoz.
La información fue revelada por la radio Biobío, y el contrato es por la realización de encuestas, con un monto asociado que ronda los $244 millones.
Consultada por la situación, la ministra vocera indicó que «estos contratos son públicos. Están en el portal de compras públicas, cualquier persona puede acceder a estos contratos y los modos. Evidentemente, hay un artículo importante en la legislación, que es el artículo 10, número 7, letra D, del DS N°250 del 2004, que responde a la ley 19.086, que establece que algunos contratos están posibles de exceptuar de licitación porque tienen una característica especial».
Así sostuvo que «si ustedes se fijan, todos este tipo de estudios y focus que se hacen a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno, gobierno tras gobierno, son de carácter reservado y estratégico hasta que terminan los períodos de gobierno. Duran cuatro años porque tiene contenido estratégico que después se libera».
En cuanto al objetivo de estos estudios, Vallejo respondió que «son mediciones cuyos resultados son de carácter reservado y es para adecuar mejor la política pública».
Sin embargo, las dudas sobre el estudio, el contrato vía trato directo y el gran gasto público rápidamente generaron reacciones.
Parlamentarios exigen transparencia
Desde la bancada de RN, la diputada Ximena Ossandón, sostuvo que «este Gobierno y particularmente la Segegob ha hecho un uso abusivo de los recursos destinados a estudios y estadísticas. No hay urgencia que demande trato directo en un servicio que ofrecen múltiples oferentes y en los que se esta desembolsando cuantiosos recursos públicos».
De esta manera manifestó que «el secretismo igualmente de los servicios requeridos es algo insólito, que parece abonar a la idea que ya el Gobierno perdió el pudor y está en la lógica que es mejor pedir perdón que permiso. Las normas de compras públicas son sistemáticamente vulneradas en esta administración, y la Contraloría debe empezar a poner un coto a este abuso».
La parlamentaria independiente, Marlene Pérez, exigió al Gobierno una explicación. «Es preocupante que no se haya convocado una licitación para un servicio que muchas empresas podrían ofrecer, generando dudas de la transparencia y equidad en la asignación de este contrato», dijo.
Así sostuvo que «este tipo de procedimientos irregulares no es nuevo, el Gobierno ha mostrado falta de claridad en acuerdos, en contrataciones y convenios anteriormente. En nombre de la transparencia y la confianza pública, se debe explicar por qué se evitó una licitación abierta y revelar los objetivos del contrato. La ciudadanía merece saber que sus recursos se usan de manera justa y sin favoritismo».
Por su parte, el senador José Durana (UDI) calificó como «impresentable» este «acuerdo millonario por trato directo que hace la Segegob con Datavoz para la realización de Focus Group. Son cerca de $244 millones de pesos y habría que ver si estos 44 estudios remotos realmente existen y no fueron utilizados para búsqueda y selección de candidaturas políticas».
«Se tiene que transparentar estos trabajos y terminar con el secretismo que existe alrededor de los detalles y fines de este contrato», añadió.
La senadora RN, María José Gatica, manifestó que mientras «en Panguipulli no son capaces de pagar el subsidio de arriendo a 60 familias durante siete meses, el Gobierno sigue gastando plata en tonteras. Plata hay, el problema es que la están botando y robando».
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