Esta tarde, la sala del Senado aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica y que se encuentra en su primer trámite constitucional.

La Cámara Alta sesionó luego de recibir el informe de la Comisión de Defensa respecto al proyecto que fue aprobado ayer. En la sala se contó con la asistencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos.

El proyecto fue respaldado por 33 votos a favor y tres abstenciones. No se registraron votos en contra.

De acuerdo con la corporación, el proyecto iniciado por el Presidente Gabriel Boric establece criterios para determinar qué se entenderá por infraestructura crítica del país, los instrumentos de gestión y preparación para la protección de estas, las obligaciones para los operadores públicos y privados de infraestructura crítica, las infracciones y sanciones, las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas, entre otras.

Durante la sesión, el presidente del Senado, José García Ruminot, sostuvo que en la próxima sesión se definirá el plazo para el ingreso de indicaciones a la ley.

Tras la lectura del informe emitido desde la Comisión de Defensa por parte del senador Pedro Araya, los legisladores procedieron a intervenir en torno al proyecto, la que estuvo marcada por los cuestionamientos realizados por los legisladores oficialistas, los que señalaban que en la redacción de la norma “faltan definiciones”.

Al respecto, el senador José Miguel Insulza (PS), manifestó que “esto lleva 16 meses por lo menos de gestión y naturalmente está absolutamente vinculado a la norma constitucional respecto a la posibilidad de Fuerzas Armadas en la frontera y al mismo tiempo con las disposiciones aprobadas ayer de las RUF”.

“Como ustedes saben bien, ya ha habido una modificación a la Constitución que permitió la infraestructura crítica de las Fuerzas Armadas en la frontera, en caso de peligro grave o inminente (…)” dijo Insulza, quien aseguró recibir buenos comentarios ante el despliegue militar en la Región de Arica y agregó: “Voy a aprobar, advirtiendo que todavía hay algunas cosas, que no son dudas, pero deben tener una definición más precisas” respecto a cuáles serán considerados estos recintos calificados de “infraestructura crítica”, por lo que adelantó que en la discusión en particular “se podrá afinar”.

Su par, Alfonso de Urresti (PS) planteó cuestionamientos en tres puntos relativos del proyecto que se discutía. Leyendo los artículos, planteó que el propuesto Artículo 26, respecto a las detenciones, colisiona con lo establecido en el Código Procesal Penal, por lo que busca concordancia entre ambas normas.

“Leyendo el articulado hay un par de dudas que me permito dirigirlas al Ejecutivo para poder tenerlas en consideración. En primer lugar, respecto de lo que se consigna en el artículo 26 (…) que ‘las fuerzas podrán practicar detenciones en los términos de lo descritos en los artículos 129, 130, 131 y 134 del Código Procesal Penal con la sola finalidad de poner a las personas a disposición de las Fuerzas de Orden y Seguridad, lo que se llevará a cabo en el más breve plazo posible”, señaló el senador de Urresti, quien se remitió al Código Procesal Penal, el cual establece un plazo de carácter “inmediato”.

“Acá hay una contradicción desde el punto de vista de cuál es el tiempo. Podemos entender que principalmente en la zona fronteriza o lugares alejados, ese tiempo no es inmediatamente, pero claramente no puede haber una interpretación distinta a la norma del Código Procesal Penal que señala ‘inmediatamente’ y no ‘en el más breve plazo posible’”, afirmó de Urresti, quien solicitó una norma “estándar” y calificó de “perjudicial” la redacción de la norma actual.

Asimismo, cuestionó el recurso que se puede interponer por los detenidos, el cual debe realizar ante la Corte de Apelaciones, por lo solicitó definir qué tipo de sala o si es el pleno, la que debe intervenir en estos casos. Y también manifestó sus reparos con las obras concesionadas y su inclusión en la normativa. “A mí no me gustaría que las concesionarias estuvieran permanentemente recurriendo, a propósito del artículo octavo, y tuviéramos discusiones y discusiones, producto ya no de la necesidad de protección sino del estatuto jurídico de ese contrato quedar fuera de la declaratoria como tal, considerando que la Ruta 5, aeropuerto y otras fundamentales pudieran ser sujetas”, añadió De Urresti, quien pese a sus reparos respaldó el proyecto.

/psg

Artículos relacionadosMás del autor