Millones de venezolanos han salido del país para escapar de la crisis, y el hampa ha aprovechado las rutas migratorias para expandir su imperio criminal. La organización más notoria es el Tren de Aragua, una banda que surge en 2005 de un grupo sindical que trabajaba en la construcción de un tramo de ferrocarril que atravesaba el estado Aragua. De ahí su nombre.
Según InSight Crime, el sindicato comenzó cobrando por la asignación de puestos de trabajo y extorsionando a los contratistas a cambio de seguridad, y poco a poco fue ampliando su actividad criminal. En 2011, cuando se paralizaron las obras, ya había consolidado una estructura delictiva.
En 2013, Héctor Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’, que había establecido alianzas con el sindicato, ingresó en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, y se convirtió rápidamente en el ‘pran’, el líder de la cárcel. Entonces estableció el modelo de negocio que le permitió convertir el centro penitenciario en un centro vacacional, cobrando a cada preso un monto mensual por el derecho de residir ahí.
La crisis de inseguridad que sufre la región ha empujado a sus gobiernos, sin distinción de ideologías, a movilizar a sus fuerzas armadas para frenarla
Lejos de reformar a los delincuentes, las cárceles en Venezuela funcionan como centros de operaciones criminales. Las autoridades no tienen el control dentro de aquellas fortalezas. Quien gobierna allí es el hampa. Y en Tocorón los presos gestionaron sus negocios con libertades y privilegios durante años, hasta que fue intervenida por 11.000 efectivos militares en septiembre de 2023, en una operación en la se permitió la fuga de al menos 500 reclusos.
La prisión contaba con discoteca, casa de apuestas, banco, piscina, restaurantes, gimnasio, tiendas de ropa, parques infantiles, zoológico y todo tipo de condiciones para presos ‘vip’, como las que tuvo Pablo Escobar cuando se hizo construir un calabozo a medida en Colombia. Más que un lugar de reclusión, Tocorón era un club social, y el Tren de Aragua –la organización criminal más grande y poderosa de Venezuela– era el dueño.
La organización, que actuaba dentro y fuera de prisión, fue adquiriendo cada vez mayores controles sobre la comunidad, y las políticas del Estado lo facilitaron. Con la intención de evitar una escalada de la violencia, el Gobierno de Nicolás Maduro pactó unas «zonas de paz», lugares en los que las fuerzas de seguridad tenían prohibido el acceso. Como consecuencia, el Tren de Aragua se convirtió en la autoridad de facto de esos territorios.
Extendidos por el mundo
A partir de 2018, la banda comenzó a expandirse a otros estados venezolanos, instalándose estratégicamente en pueblos costeros para traficar drogas hacia el Caribe. También se han establecido en zonas fronterizas con Colombia para ejercer el control de los pasos ilegales y la economía que se mueve a su alrededor, lo que les ha valido enfrentamientos con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional.
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