Ahora que ha quedado al descubierto la forma en que algunos poderosos violan flagrantemente el principio de igualdad ante la ley corresponde evaluar qué tan corrupto es el país y qué extendida está esa costumbre de traficar influencias y usar los contactos y conexiones con las autoridades para recibir favores, acceder a información privilegiada y evitar que el sistema de justicia sea imparcial y objetivo.
El diagnóstico no es bueno, pero tenemos también una inmejorable oportunidad para convertir este momento gris y amargo en un catalizador de reformas que nos permitan construir una mejor democracia.
El revuelo que ha generado el contenido de algunas de las conversaciones que quedaron registradas en el teléfono del abogado Luis Hermosilla da razones para ser pesimista respecto al nivel de corrupción que existe en el país. Los chats de Hermosilla reflejan que el abogado alardeaba de su capacidad para ejercer influencia en los espacios más altos de poder sólo porque él estaba convenientemente conectado con Andrés Chadwick, el exlegislador y exministro que se convirtió en el hombre fuerte de Sebastián Piñera en su segunda administración. Chadwick, que a su vez es primo del fallecido ex Presidente, hasta ahora no ha sido acusado de ningún delito. Pero es evidente, a partir de los contenidos de los chats que hasta ahora se han hecho públicos, que muchos de los interlocutores de Hermosilla creían que el abogado tenía capacidad para lograr que Chadwick tomara decisiones o interviniera a favor de las causas que defendía el abogado.
Más allá de las responsabilidades individuales que pudiera haber respecto a delitos asociados a las causas ya abiertas o a otras causas que se pudieran abrir, las revelaciones asociadas a este caso alimentan las sospechas de que la corrupción es una práctica común y extendida en las altas esferas del poder en Chile. Aunque el daño a la confianza en las instituciones ya está hecho, es fundamental que la justicia castigue ejemplarmente a todos los responsables de delitos para combatir la creencia de que los poderosos, en Chile, violan la ley sin temor a las represalias. Si bien la justicia debe ser igual para todos, el solo hecho que aquí estén en el banquillo de los acusados aquellos que trabajaron arduamente para asegurarse de que la justicia no se aplicara con el mismo rasero obliga a que se apliquen castigos ejemplares.
Pero la sensación de molestia y la reacción de intolerancia hacia estos hechos que parecen constitutivos de delito también da buenas razones para estar optimistas sobre el futuro de nuestro país. Es cierto que muchos que conocían estas prácticas y algunos que incluso pudieran haber participado de estas actividades, siempre ponen el grito en el cielo cuando estos ilícitos se hacen públicos para así mimetizarse con las personas que efectivamente se sorprenden al saber que existen estas prácticas de corrupción. Pero la reacción generalizada y mayoritaria de la opinión pública es que este tipo de actos no se pueden tolerar en el país. Es más, la gente parece estar mayoritariamente convencida de que nuestro país no es corrupto y que, precisamente por eso, es esencial sacar de la caja a las manzanas podridas para evitar que el resto de las manzanas también se pudra. Eso es bueno porque lo único peor a que se destape un caso de corrupción es que ese caso de corrupción no produzca sorpresa, descontento y demandas ciudadanas por sanciones ejemplificadoras.
En todos los países, la corrupción es una amenaza que nunca deja de estar presente. El escándalo del caso audio deja en claro que nuestro país tiene problemas evidentes de corrupción y de tráfico de influencia.
Las revelaciones sobre el involucramiento de miembros del Poder Judicial en las redes de influencia del abogado Luis Hermosilla hacen patente que tenemos un cáncer que debe ser combatido decididamente para así evitar que termine por ramificarse al resto de las instituciones del Estado.
El desafío no es simple. Cuando hay corrupción, los que se han beneficiado de sus contactos y su acceso a los tomadores de decisiones van a defender esa cancha dispareja y esa balanza desequilibrada de la justicia que les ha permitido ventajas indebidas. Afortunadamente, siempre habrá aliados de la probidad que se la jugarán por tratar de construir un país más justo y una sociedad sin privilegios. Para que esos defensores de la buena causa de construir un mejor país tengan éxito, es central que la opinión pública mantenga la presión sobre las autoridades y los tomadores de decisión.
La corrupción se enraíza en la sociedad cuando los corruptos saben que basta con esconderse por un tiempo hasta que pase la presión y la molestia ciudadana. Cuando sienten que la gente ya está preocupada de otras cosas, los corruptos salen de sus madrigueras y vuelven a tratar de ejercer presión.
Para combatir exitosamente la corrupción, deben adoptarse sanciones ejemplares para los culpables de violar la fe pública y de prestarse para debilitar las instituciones. Pero también debemos mantenernos vigilantes porque los otros corruptos, que esta vez pudieron esconderse, volverán a salir de sus escondites cuando sientan que la molestia popular ha disminuido para seguir debilitando las instituciones.
Chile no es un país corrupto. Pero como tenemos amenazas reales de corrupción, debemos estar atentos y vigilantes para que los corruptos, que sí existen en Chile, no capturen al gobierno, al Parlamento, al sistema judicial y a las otras instituciones del Estado.
Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP, para El Líbero
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