No hay vuelta atrás. El expresidente Pedro Castillo será juzgado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración relacionados con el golpe de Estado que intentó el 7 de diciembre de 2022.
Esta decisión fue tomada por el Poder Judicial durante una audiencia virtual de control de acusación, en la que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó los pedidos de sobreseimiento (archivo) presentados por la defensa del exmandatario.
En la misma audiencia, también se resolvió que los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez serán sometidos a juicio oral. La resolución del juez no admite apelación.
¿Cuánto pide la Fiscalía para Castillo?
La Fiscalía ha solicitado penas de 34 años de prisión para Pedro Castillo, 25 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres. El caso, que comenzó con la presentación de la acusación en enero de este año, está en su etapa de control de acusación, donde se evaluarán las pruebas y testimonios para el juicio.
Además de Castillo, Torres y Chávez, serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez (actual congresista), así como los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Los pedidos de archivo del caso de estos acusados también fueron rechazados.
El próximo paso será el debate sobre los testigos de la fiscalía en la audiencia del 17 de septiembre. Posteriormente, el juez Checkley emitirá la resolución judicial que marcará el inicio formal del juicio, derivando el caso a una sala de la Corte Suprema, donde se espera que la Sala Penal Especial se encargue de este.
¿Qué otros cargos se le imputan al expresidente?
Además de estos cargos, Castillo está investigado por presunta corrupción en su gobierno. Se le acusa de liderar una red de corrupción y enfrenta una solicitud de prisión preventiva adicional de 36 meses.
Por ello, la Fiscalía proyecta penas totales de más de 31 años de cárcel para antiguo mandatario, desglosadas en 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias, y 6 años y 4 meses por colusión.
Por tales razones, en consecuencia, el 18 de julio, el PJ decidió mantener a Castillo en prisión preventiva mientras se resuelven los cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Esto debido a que la Corte revocó una resolución previa que había extendido la medida por 14 meses, argumentando que persiste el peligro de fuga.
Exjefe de Estado insiste en su inocencia
Posterior al 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo ha reiterado su inocencia, afirmando que su discurso de ese día no debió ser considerado un delito. Según él, simplemente leyó un documento sin consecuencias. Además, cuestiona la base legal de los cargos de rebelión.
Según el Código Penal, el Artículo 346 define la rebelión como un alzamiento armado contra el orden constitucional o las autoridades, castigado con penas de 15 a 20 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Asimismo, el Artículo 347 establece la sedición como un alzamiento sin llegar a ser rebelión, con penas de 4 a 10 años de prisión.
Por otro lado, el Artículo 370 aborda la usurpación de funciones, aplicable a la suplantación de autoridades, mientras que el Artículo 370-A sanciona la traición a la patria, incluyendo actos que colaboren con potencias extranjeras para desestabilizar el país.
Estos delitos son considerados graves y conllevan penas severas en un contexto de golpe de Estado.
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