En Venezuela hay 1.808 detenidos considerados como “presos políticos”, 15 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.793 personas privadas de libertad por “razones políticas”, según informó este miércoles la ONG Foro Penal.
Del total de encarcelados, según la organización, 1.582 son hombres, 226 mujeres, entre los que 1.748 son adultos y 60 son menores de edad, entre 14 y 17 años.
La ONG contabilizó que, del total de las aprehensiones, 1.673 se hicieron tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis por la denuncia de la oposición, por “fraude” en el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la reelección al dictador Nicolás Maduro, mientras que el antichavismo asegura que ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia.
La crisis poselectoral desató protestas que dejaron, según el Ejecutivo, 25 muertes y más de 2.400 detenidos, una cifra que supera considerablemente la de Foro Penal.
La ONG explicó que sus cifras son distintas a las anunciadas por las autoridades venezolanas porque desde la organización solo contabilizan detenciones que califiquen como “arbitrarias”, cuando -afirmó- “no hay elementos de culpabilidad” sobre la persona apresada.
El régimen responsabiliza a los manifestantes -a quienes vincula con la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- de generar “violencia” y “vandalismo” en varias sedes públicas, lo que conlleva delitos, mientras que la PUD acusa de “represión” de los agentes de seguridad del Estado en las protestas.
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 17.561 “detenciones políticas”, además de 9.000 personas que siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.
El martes, un bloque de 45 países instó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Venezuela “ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes” intensificada en el país. También reclamaron la liberación inmediata e incondicional de los detenidos de manera arbitraria.
La declaración fue leída por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, ante el Consejo de Naciones Unidas. Los firmantes también le exigieron a las autoridades de Venezuela a firmemente cumplir “las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención”
Entre los países que respaldan la declaración figuran varios de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, además de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá.
Mondino indicó ante el Consejo que los países firmantes quieren expresar su profunda inquietud por la crisis estructural de derechos humanos en Venezuela, la cual se ha agravado este año en el contexto del proceso electoral.
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación se ha deteriorado con “detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad”, según destacó la declaración.
Además, se registró un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y de grupos de civiles armados conocidos como “colectivos”, junto con otros abusos, como “la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González”, exiliado en España.
“Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica”, afirmó la declaración.
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