Después de siete horas de debate, el Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Con esta decisión, la Cámara Alta resolvió destituir al magistrado y prohibirle ejercer en cargos públicos durante cinco años.
La acusación impulsada por los diputados de Chile Vamos fue respaldada por los senadores de la coalición, además de los legisladores del Partido Republicano, Partido Social Cristiano; el independiente Karim Bianchi y los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker.
Muñoz se transforma así en el primer supremo destituido luego de que en 1992 ocurriera lo mismo con Hernán Cereceda.
El primer capítulo, que establece que «el acusado incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial», fue aprobado con 27 votos a favor y 21 en contra.
Por otro lado, el segundo capítulo, que señala que «el acusado incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional», fue aprobado con 25 votos a favor y 23 en contra.
Otro factor relevante fue el controversial permiso constitucional de la senadora Paulina Núñez (RN) que redujo el quórum de 26 a 25 votos, elevando críticas desde la oposición.
Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que «la solicitud del permiso genera un ambiente muy negativo» y la senadora Paulina Vodanovic (PS) advirtió que habrían habido amenazas contra la legisladora de Renovación Nacional cuando comunicó que no asistiría a votar por estar con posnatal, «de ser efectivo ello, quiero manifestar mi solidaridad con la senadora porque no puede penalizarse la maternidad y no podemos ser objeto de estas prácticas», dijo la parlamentaria socialista.
En esta ocasión, Muñoz fue acusado por haber anticipado a su hija, la jueza Graciel Muñoz, el contenido de un fallo que podría afectar su patrimonio, y por no haber declarado su inhabilidad en el mismo caso. Sin embargo, desde el oficialismo se argumentó que esta acusación busca «castigar» al magistrado por sus fallos en el pasado. Gastón Saavedra (PS) afirmó que «esto es un ajuste de cuentas por su trayectoria, más que por una falta que justifique su destitución y sanción».
La senadora Vodanovic (PS) también expresó su preocupación, afirmando que «debemos defender la independencia del Poder Judicial y de los ministros de la Corte Suprema, para que tomen decisiones basadas en sus convicciones, sin ceder a intereses externos y resolviendo conforme a derecho».
Estas acusaciones fueron descartadas por la oposición. La senadora Luz Ebensperger (UDI) manifestó que «aquí no hay una vendetta ni juzgamiento a criterios jurídicos, únicamente una ponderación de hechos antecedentes y probanzas que nos permiten formar convicción ante la existencia de deberes jurídicos abandonados por el señor ministro».
Por otro lado, se reiteró cómo llegó el libelo al Senado, que incluyó en un solo escrito a la ministra Ángela Vivanco y a Sergio Muñoz. La senadora Alejandra Sepúlveda (IND) criticó esta acción, señalando que «no hay ningún abogado que yo conozca que no considere esto una aberración. Lo que hizo la Cámara de Diputados es realmente inaceptable». Además, el senador Francisco Huenchumilla (DC) advirtió que «estamos ante un proceso viciado».
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