La situación fiscal es estrecha. Eso ya lo ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que incluso dijo que con los recursos de la ley de cumplimiento tributario recién aprobada no habrá holguras fiscales para el próximo gobierno. A ello se suma el ajuste fiscal que realizó el Ministerio de Hacienda de US$600 millones en para el próximo año.
En medio de este complejo escenario fiscal, el gobierno debe presentar el proyecto de impuesto a la renta, el cual no tendrá una tramitación legislativa fácil. Dentro de las definiciones que ya se han entregado, la iniciativa será fiscalmente neutro. Pero esa definición que parece simple en la práctica no lo será tanto. ¿Por qué?
Lo primero es que el gobierno ya comprometió que habrá una reducción del impuesto de primera categoría, que es el que pagan las empresas, desde 27% a 25%. Esta reducción, según cálculos de varios economistas generará menores ingresos de entre 0,24 puntos del PIB y 0,31 puntos del PIB: en montos se traduce entre unos US$800 y poco más de US$1.000 millones.
Macarena García, economista de LyD, calcula que la merma en la recaudación es de 0,31% del PIB al reducir la tasa en 2 puntos, mientras que el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, cuantifica que “cada punto de la tasa de impuesto corporativo es 0,15 puntos del PIB aproximadamente, por lo tanto, estamos hablando de menores ingresos permanentes por US$ 1.100 millones”. Y Margarita Vial, académica de la universidad San Sebastián lo calcula en 0,24 puntos del PIB.
Los economistas coinciden en que sería un impulso para la inversión el hecho que se materialice una baja en la tasa de impuestos a las empresas.
“El factor fundamental para la economía es lograr un mayor crecimiento económico, donde el impulso a la inversión y a la productividad total de los factores es un factor clave para lograr dicho fin. Así, una reducción en el margen de la tasa impositiva, tendría un impacto al alza no solo de la inversión presente, sino de la inversión futura, permitiendo en alguna medida impulsar el parte el débil crecimiento económico que se espera hoy en el mediano plazo”, comenta el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz.
Pero esa merma en la recaudación puede que no sea la única, puesto en este proyecto también está considerado un régimen nuevo para las pequeñas y medianas empresas con una tasa menor a 25%, que es la tasa a la cual debe volver su tributación el próximo año luego de permanecer desde la pandemia en 12,5% como medida transitoria. En ese escenario y considerando que la tasa debería volver a 25%, una reducción a 17% que es un nivel de tasas que se analiza, la merma en recaudación sería del orden de 0,17 puntos del PIB, unos US$580 millones.
¿Alzas de impuestos?
Para compensar esas bajas, la idea que ha estado presente en el debate es una tasa para el retiro de los dividendos o utilidades. Esta propuesta consiste en aplicar una tasa pareja para todos quienes estén en esa situación. En este punto estaría concentrada gran parte de la recaudación que Hacienda necesitaría para generar los mayores recursos. Y con ello se dejaría atrás la idea de perseverar con un incremento en el impuesto global complementario, que es el que pagan las personas.
El escenario económico está siendo peor de lo esperado por Hacienda. La nula variación que tuvo el Imacec en septiembre llevó a que Marcel reconociera que su proyección de 2,6% para este año no se iba a lograr. De hecho, las expectativas del mercado se ubican hoy en 2,2%, y las proyecciones para el próximo año también se sitúan cerca de 2%. Por ello, ese factor estará presente a la hora de discutir alza de impuestos. Por ahora, los expertos afirman que existe poco espacio para explorar esa vía, y por lo mismo recomiendan buscar un plan de eficiencia del gasto público.
“Para avanzar en esta reducción, y ser fiscalmente responsable, se requiere de una revisión exhaustiva de la eficiencia del gasto público. De acuerdo a la propia estimación de la autoridad, el impacto en la recaudación es acotado, por lo que se debiera buscar espacio fiscal para financiar esta medida a través de la priorización de gastos”, sostiene García, quien acota que “esta medida debiera ser financiada con los actuales recursos públicos a través de una reasignación”.
Mientras que Acevedo comenta que lo más plausible es que se pueda “ajustar gastos por igual proporción. No parece tan difícil considerando que recientemente el gobierno con un pequeño apretón del congreso en la discusión del presupuesto encontró en un par de días US$600 millones de eficiencia”. En ese escenario, Acevedo afirma que “no están las condiciones económicas para seguir sumando incertidumbre y sobrecargando con impuesto a la renta a quienes hoy lo pagan”.
Para Vial, “hay que revisar las modificaciones que propondrá el Ejecutivo para compensar el efecto en el corto plazo de esta reducción de tasa. Lo importante es que vayan en la línea de aumentar la competitividad y no generar incentivos que pongan en riesgo la recaudación fiscal”. En ese contexto, acota que “la reducción de la tasa general del impuesto de primera categoría y todas las medidas que nos sitúen en una posición más competitiva para la inversión son una buena noticia, sin embargo, hay que revisar las modificaciones que propondrá el Ejecutivo para compensar el efecto en el corto plazo de esta reducción de tasa”.
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