Desde que estalló el denominado caso Democracia Viva, arista que dio inicio a la indagación conocida como Lío de Platas o Convenios, la diputada Catalina Pérez (ex-RD) aparecía como una de los personas clave en esta trama.
Y es que como se indicó rápidamente, los dos principales imputados en la causa, Daniel Andrade y Carlos Contreras, habían tenido vínculo directo con ella. El primero, mandamás de la ahora disuelta ONG, había sido su pareja, y el segundo, que en ese momento se desempeñaba como seremi de Vivienda en Antofagasta, había ejercido como su jefe de gabinete. Además, todos eran militantes de RD cuando se suscribieron los polémicos convenios por aproximadamente $426 millones.
Las nuevas revelaciones que vinculan a Catalina Pérez con el millonario convenio entregado a Democracia Viva
Se indicaba, por lo mismo, que no podía no saber de las irregularidades que habían quedado al descubierto, aunque adquirió la calidad de imputada cuando parlamentarios republicanos decidieron querellarse en su contra. Fue desde esa posición, de hecho, que declaró ante los fiscales que lideran la indagatoria, Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar, aunque siempre descartó haber tenido conocimiento de inconsistencias o delitos.
Pese a ello, un informe que llegó a manos de Aguilar la jornada del martes 12 de noviembre puso eso nuevamente en entredicho. Se trata de un documento que elaboraron funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) a partir del vaciado de la información contenida en el celular de Andrade y que, entre sus conclusiones, daba cuenta de que la parlamentaría sabía del vínculo de los imputados.
“Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con este”, se informaba en el documento según informó La Segunda.
A la luz de los antecedentes y a pesar de que en ese momento ya se había fijado plazo para el cierre de la indagatoria, el persecutor decidió decretar nuevas diligencias a fin de esclarecer fehacientemente si la congresista tuvo o no participación en los ilícitos indagados.
De esta forma, el pasado viernes 29 de noviembre Aguilar pidió ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta una nueva ampliación del plazo, haciendo presente que, además de otras cuestiones, faltaban pericias clave sobre las conversaciones contenidas en el celular que Pérez entregó en agosto pasado.
Por lo mismo, hasta ahora la Fiscalía no ha descartado al 100% una eventual petición para formalizar a la parlamentaria, para lo cual tendría que solicitar su desafuero.
Las nuevas pericias
De acuerdo con el detalle expuesto por el fiscal son tres las diligencias vinculadas al rol de la otrora militante RD. En primer punto, se espera que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) emita el informe que se encargó a objeto de “aclarar el eventual vínculo que habría existido entre los imputados Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez, con ocasión de los hechos investigados”.
Según fijo Aguilar, “esta instrucción particular tiene como fundamento el informe 1.792 del 12 de noviembre de 2024, relativa al resultado del vaciado del celular de Daniel Andrade, cuyo contenido se encuentra declarado secreto”.
Junto con ello, manifestó que está pendiente el resultado de una “instrucción particular enviada a la Bridec con fecha 19 de noviembre de 2024 para que se proceda a analizar cierta información respecto del vaciado del teléfono celular de la diputada Catalina Pérez, lo que se encuentra autorizado por el tribunal con fecha 18 de noviembre de 2024″.
Asimismo, agregó que también se está a la espera de lo que arroje otra “instrucción particular enviada a la Bridec para que se complemente una instrucción enviada para efectos de analizar el contenido del celular de la diputada Catalina Pérez, con especificaciones que se indicaron”.
Catalina Pérez renuncia al Frente Amplio en medio de nuevos cuestionamientos por Democracia Viva
De esta forma, junto con enumerar otras diligencias solicitadas por defensas y el Consejo de Defensa del Estado respecto de las demás aristas que se siguen bajo la misma investigación, el persecutor indicó: “Se trata de diligencias nuevas que tienen antecedentes previos. Se han generado en este tiempo con ocasión de los informes que se han sumado a la carpeta. Se trata de una causa compleja, con seis imputados formalizados y otros imputados investigados que no han sido formalizados, por lo que son diligencias relevantes para esclarecer su participación”.
En atención a esto, Sergio Rodríguez, quien representan a los diputados del Partido Republicano que se querellaron, Juan Irarrázaval y Cristián Araya, mencionó que pronto se podrá tener claro el panorama.
“Se decretó reserva del informe del teléfono de su expareja. Luego se debió recurrir al juez para vaciar su celular, ya que no dio autorización voluntaria. Estas y otras diligencias justificaron ampliar la investigación. Creemos que pronto tendremos novedades sobre su posible formalización. Esto no es una sospecha. La Fiscalía ha decretado diligencias para acreditar su participación. Sus palabras, su negacionismo, su intento por ocultar la realidad, es un indicio evidente que siempre supo del fraude”, dijo.
Irarrázaval, por su parte, señaló que Pérez “con sus incoherencia y mala disposición judicial ha dado indicios a nosotros como querellantes y estoy seguro también a la Fiscalía, de su participación activa en este caso. Esperamos que las diligencias en curso den fruto y se proceda a su desafuero”.
En el mismo sentido, Pablo Toloza, representante de los parlamentarios UDI, sostuvo que “es de la mayor relevancia que se practiquen todas las diligencias decretadas por la Fiscalía, en especial el vaciado del teléfono de la diputada Catalina Pérez. Esta diligencia cobra mayor importancia desde que se tomó conocimiento, a través de la publicación en la prensa, de las conversaciones entre la diputada y su expareja Daniel Andrade, que darían cuenta que tuvo conocimiento de la existencia de los convenios, casi un año antes que este caso de corrupción se diera a conocer a la opinión pública”.
“Se ha descartado que haya ejercido cualquier tipo de influencia”
Pese a que lo expuesto por el fiscal Aguilar deja en evidencia que aún falta por aclarar aspectos de la participación de Catalina Pérez en el caso, desde su defensa, el abogado Gonzalo Medina insiste en que se ha descartado su influencia.
“En una investigación que lleva más de un año y medio, se han desarrollado múltiples diligencias de investigación y se han formulado cargos a diversas personas. En este contexto, la diputada Pérez ha colaborado sin restricciones con la investigación de forma total, ella declaró voluntariamente, solicitó entregar su teléfono celular, se le ha revisado toda su información bancaria, su tráfico de llamadas y se ha descartado permanentemente que haya ejercido cualquier tipo de influencia para la asignación de los convenios cuestionados, y en forma alguna tampoco se ha establecido que haya tenido algún beneficio directo o indirecto por estos hechos”, manifestó el penalista.
Igualmente, hizo presente que “se ha difundido información tendenciosamente, con el objeto de intentar atribuirle alguna participación, sin que exista alguna información veraz que la vincule con algún grado de responsabilidad. En una investigación tan profunda y acabada, no existe ningún antecedente que permita afirmar ninguna conducta ilícita de la diputada”.
“Es indispensable que se resuelve su situación procesal para evitar más sospechas infundadas, que obviamente solo la perjudican a ella y al correcto establecimiento de los hechos”, cerró.
/psg
