Habían pasado poco más de seis años desde el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 cuando autoridades del gobierno de Michelle Bachelet llegaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para asumir públicamente responsabilidades por las decisiones tomadas durante aquella emergencia.
La extensa investigación penal del caso fue inicialmente dirigida por la entonces fiscal regional Occidente, Solange Huerta, quien actuó bajo instrucción del fiscal nacional Sabas Chahuán. Cuando Huerta concluyó sus ocho años como persecutora, la causa fue traspasada al fiscal José Luis Pérez Calaf.
Cercanos a la investigación recuerdan que Huerta desarrolló un trabajo minucioso junto a la Policía de Investigaciones (PDI), con la intención de llevar el caso a juicio oral. Fue en ese contexto que incluso tomó declaración a la entonces presidenta Michelle Bachelet.
Sin embargo, tras el cambio de fiscal, la investigación tomó un camino distinto. En marzo de 2016, Pérez Calaf anunció públicamente que, tras revisar los antecedentes, había decidido proponer la suspensión condicional del procedimiento. Esto significaba no realizar un juicio contra los imputados: el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende, la exdirectora de la Onemi Carmen Fernández, el exjefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett, y los exfuncionarios del SHOA Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
“Gracias a esta investigación profunda y acuciosa, se logró reunir antecedentes sobre hechos relevantes que debían ser conocidos por un tribunal. Esto no es incompatible con soluciones alternativas, distintas de la penal, que nuestra legislación también contempla”, argumentó Pérez Calaf en ese momento.
El fiscal justificó la decisión señalando que el ordenamiento jurídico chileno contempla responsabilidades civiles además de penales, razón por la cual los imputados tuvieron que pagar indemnizaciones a 104 víctimas. Patricio Rosende pagó la cifra más alta ($80 millones), seguido por Carmen Fernández ($40 millones).
Como parte del acuerdo también se contemplaron disculpas públicas. Rosende expresó: “Creo haber hecho todo lo humanamente posible, considerando las circunstancias excepcionales que vivíamos en aquel momento frente a la mayor catástrofe en magnitud que ha sufrido Chile”. Fernández, emocionada, sostuvo: “Hasta el día de hoy vivo con mucho dolor e impotencia esta tragedia junto a ustedes”.
La trastienda del juicio
Personas familiarizadas con el emblemático caso judicial del 27/F afirman que la prolongación del proceso penal terminó afectando negativamente las expectativas de los querellantes, coincidiendo finalmente con la salida de la fiscal Huerta.
Al respecto, el abogado Alfredo Morgado, quien representó a 15 familias en el caso penal y a otras 74 en materia civil, señaló a La Tercera: “Me opuse a esa decisión debido a la gravedad de los hechos y al elevado número de fallecidos, entre otras razones”. En su momento, familiares de las víctimas también repudiaron la determinación del nuevo fiscal.
Morgado agregó que la investigación se vio obstaculizada por varios episodios, como un recurso de inaplicabilidad presentado en 2014 ante el Tribunal Constitucional por Gonzalo Medina, abogado defensor de Mario Andina, situación que frenó temporalmente el caso. A eso se sumó la renuncia del abogado Carlos Pérez, defensor de Johaziel Jamett, en diciembre de 2015, lo que implicó entregar plazos adicionales a una nueva defensora pública para estudiar el caso.
Gonzalo Medina, en conversación con La Tercera, consideró que la suspensión condicional “fue la solución más adecuada para este caso, pues no estableció responsabilidades penales, pero permitió que se escuchara a las víctimas”.
Por su parte, la abogada Paula Vial, defensora privada de Andrés Enríquez, valoró la resolución final: “Fue una excelente decisión, que buscamos durante mucho tiempo. Cuestionábamos la responsabilidad atribuida a personas que, además de participar en la gestión de la emergencia, también fueron víctimas del mismo evento. Nuestra postura siempre fue buscar reparación para las víctimas y este acuerdo permitió eso”.
El fiscal Pérez Calaf, entrevistado por La Tercera en 2016, defendió su determinación, aunque reconoció entender las críticas recibidas. “Creo que algunas críticas son desproporcionadas y responden a expectativas que no eran realistas”, declaró en ese entonces.
Demandas civiles contra el Estado
Durante los años posteriores al 27/F, el Estado enfrentó numerosas demandas civiles de familiares de víctimas. Hasta 2020, el Fisco chileno ya había pagado cerca de $6 mil millones en indemnizaciones.
Se tramitaron más de 60 demandas civiles en distintos tribunales del país, incluyendo Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán, Talcahuano y Concepción. Solo en Santiago se presentaron 13 acciones, de las cuales, hasta 2020, diez habían terminado con el Estado desembolsando $3.242.500.000.
Una de las indemnizaciones más recientes se ordenó en 2024, cuando la justicia obligó a la Municipalidad de Talcahuano a pagar $2.500 millones a damnificados por deficiencias en la fiscalización de la construcción del edificio Puerto Palos, que no cumplía normas antisísmicas.
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