La Municipalidad de Santiago, mediante querella impulsada por el alcalde Mario Desbordes, solicitó que se tome declaración en calidad de imputados a Irací Hassler, quien lo antecedió en el cargo hasta diciembre del año pasado, y a Rodrigo Roco, quien ejerció como director de educación municipal durante el gobierno local de la militante del PC. La demanda -interpuesta el pasado 13 de marzo en contra de todo aquel que resulte responsable como autor, cómplice o encubridor- es por la supuesta comisión del delito de fraude al fisco.
Al asumir la gestión, la nueva administración municipal se percató de que existía «un preocupante déficit en el flujo de caja al interior de la Dirección de Educación Municipal (DEM)» de 1.800 millones de pesos, se indica en el escrito que fue admitido un día después ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
De acuerdo con los detalles aportados en la querella, el saldo inicial de caja con el que recibieron la DEM fue de menos $508.237.155. A este saldo negativo se agregan los 1.300 millones de pesos presupuestados para el año 2025, cálculo hecho el año pasado, durante el gobierno anterior.
El «descuadre de caja» con el que Desbordes asegura que recibió a la DEM de manos de Hassler representa más del 10% del aporte anual que la Municipalidad de Santiago realiza a la dirección de educación, que es de 6.180 millones de pesos.
La no despreciable diferencia numérica entre la caja proyectada y la efectiva se debió a una evidente sobreestimación de ingresos, aunada a una subestimación de gastos, indica el demandante.
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La administración de Desbordes puso la lupa sobre estas incongruencias numéricas, que al final son sobre dineros públicos, y halló un incremento de más de 1.000 trabajadores en la DEM, la existencia de más de 4.000 contratos no tramitados por valor de más de 28.000 millones de pesos, la no recuperación de licencias médicas por más de 1.161 millones de pesos, así como irregularidades en arriendos para el funcionamiento de un liceo (por el que se paga el alquiler en dos inmuebles, aunque se ocupa solo uno) y el de unas oficinas para el funcionamiento administrativo de la DEM, cuyo contrato no se renovó desde hace más de un año, pero los espacios se siguen ocupando.
Ya antes de la presentación de la querella, desde la Municipalidad de Santiago habían advertido que habían recibido la DEM con un déficit financiero no despreciable, que mantuvo a la administración de Desbordes en aprietos con el gremio docente, que estuvo por unos días en paro.
Durante la administración de Hassler la DEM funcionó con 4.597 trabajadores
«Entre los años 2021 y 2024, correspondientes a la gestión municipal de la exalcaldesa Irací Hassler Jacob, existió un aumento considerable – y a nuestro parecer, injustificado – de la dotación de personal a contrata en la Dirección de Educación Municipal de Santiago», se advierte en la querella.
Para enero de 2021 la dotación total de trabajadores era de 3.463 y para noviembre de 2024, a dos meses de entregar el mandato, la nómina incluía 4.597 personas. Esto es 1.1134 trabajadores adicionales, lo que representa un incremento de 32,74%.
Esto, alega la parte demandante, contrasta con la reducción en la cantidad total de matrículas en los colegios municipales de Santiago que se registraron durante ese mismo período y que sufrió una merma de 13%.
Hassler dejó 4.646 contratos de docentes que no fueron cursados administrativamente
La administración de Desbordes no solo denuncia un incremento exponencial del personal de la DEM, sino que además advierte la supuesta existencia de una serie de contratos de personal docente, correspondientes a los años 2022 y 2023, que existirían, pero que no fueron cursados administrativamente, «requiriendo entonces su respectiva regularización».
Después de realizar el levantamiento se constató que existen un total de 4.646 contratos que no han sido tramitados y cuyo monto supera los 28.900 millones de pesos.
El número de empleados con contratos no tramitados durante el gobierno de Hassler denunciados por Desbordes es superior al total de funcionarios contratados actualmente en la DEM, que es de 4.597 personas.
«La valorización de estos contratos no constituye una cifra menor sino una exorbitante, lo que conduce necesariamente a la necesidad de una investigación criminal desde ya respecto de las eventuales responsabilidad que pudieren surgir, por el masivo perjuicio al Fisco que ocasiona la no incorporación de los mismos en la contabilidad», se indica en la querella.
La falta de tramitación oportuna de los actos administrativos que autorizaran esas contrataciones implicarían una complicación adicional para la nueva administración, debido a que al haber transcurrido más de dos años en algunos de los casos, esto «conduce inexorablemente al deber de cuestionar la efectividad de que dichos servicios se hayan realmente prestado, o al menos que todos lo hayan sido».
«Lo anterior resulta particularmente preocupante en los casos de aquellas contrataciones que se pretende regularizar hoy, pero que se trata de personas que ya no pertenecen a la entidad municipal, por lo que la reconstitución de la información que permita la verificación de los aspectos contractuales se hace aún más compleja», se advierte en el escrito.
Para la administración de Desbordes esto «denota una negligencia manifiesta en la planificación o en la ejecución financiera, si no derechamente un actuar doloso», porque aunque la planificación proyectada en el ítem ‘Personal a contrata’ se consignó en 12.235 millones de pesos, el gasto real fue de 21.360 millones de pesos, lo que representa un incremento de 74,58%.
Para el Liceo Miguel de Cervantes la municipalidad paga el arriendos de dos inmuebles, uno que se usa y otro no
Para el funcionamiento del Liceo Miguel de Cervantes la municipalidad celebró un contrato de arrendamiento en marzo de 2016 con el Instituto de Caridad Hermandad de los Dolores, propietario del inmueble en que se emplazaba esa institución educativa, en Agustinas N° 2552, con locales anexos en Agustinas N° 2490 y 2492 . Esto, por un plazo de 10 años y un arriendo de $3.800.00, reajustable semestralmente.
Por daños en la edificación, «la municipalidad debió arrendar otras dependencias para la continuidad del servicio educativo». Para ello se celebró otro contrato, financiado mediante convenio con el Ministerio de Educación, en el que «se aprobó la extensión del traslado temporal del establecimiento y su financiamiento hasta el 31 de marzo de 2021, fundamentándose en la inviabilidad del inmueble de Agustinas N° 2552».
Poco antes de un mes del vencimiento de este contrato, el 24 de febrero de 2021, «la Seremi de Educación aprobó el traslado temporal del liceo a las dependencias del inmueble ubicado en calle Vergara 301-325 por el período del 1 de marzo de 2021 al 31 de enero de 2022». Se indica en la querella que «las prórrogas del traslado temporal y del financiamiento del arriendo han sido renovadas anualmente».
El «inexplicable» problema que detectó la administración de Desbordes es «que actualmente se mantiene vigente el contrato de arrendamiento del inmueble de calle Agustinas N°2552, por un monto de $5.296.000 mensuales, a pesar de su inviabilidad para el funcionamiento educativo, mientras que paralelamente se arrienda otro inmueble para suplir esta deficiencia».
La querella ahonda en la denuncia: «Aparece como del todo irregular la absoluta inexistencia de gestiones, ya sea para habilitar el inmueble arrendado para la finalidad para la cual fue arrendado, de manera de evitar la necesidad de duplicidad de gastos, o alternativamente, para poner término anticipado al contrato, si es que lo anterior no fuere posible (…) y evitar así millonarios desembolsos con cargo al erario fiscal».
La guinda de la torta: «No se registró este gasto en el presupuesto como gasto devengado».
Las oficinas que se arrendaron en Teatinos 950 para la DEM que no tienen contrato en vigencia
Otra situación irregular en cuanto a arriendo de inmuebles por parte de la Municipalidad de Santiago durante la administración de Hassler recae sobre los pisos 13 y 15 del edificio ubicado en Teatinos 950, donde funcionan las oficinas administrativas de la DEM.
El arriendo de estos espacios se tomó en diciembre de 2015 por una vigencia de tres años, con renovación tácita, automática y sucesiva por el mismo período; y durante los años posteriores las renovaciones se hicieron de esa forma. El contrato ha tenido modificaciones, pero en la última, la del 19 de abril de 2023 y con vigencia hasta el 1 de marzo hasta el 2024 (durante el mandato de Hassler), fue la única en la que no se previó la renovación automática.
«La administración de Irací Hassler Jacob inexplicablemente dejó expirar el mismo sin renovarlo, a la vez que continuaban utilizando las dependencias, e incluso pagando el canon del arriendo, sin contar con la documentación necesaria para la autorización de los desembolsos respectivos», se señala en la querella.
El asunto, según la denuncia, va más allá: «El arriendo se pagó ilegalmente durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto, pero al momento de realizar el traspaso de la administración municipal, se adeudaban en los hechos los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre, por la suma de $45.388.347».
Licencias médicas sin recuperar por más de $1.400 millones
Otro asunto que ha sumado al déficit es la no recuperación de las licencias rechazadas o reducidas en sus días de descanso.
Entre el 2021 y el 2024, tiempo en el que la edil comunista gobernó Santiago, el monto de las licencias que debían recuperarse llegó a más de 1.406 millones de pesos.
«Los montos pendientes de recuperación representan sumas significativas que,
hasta la fecha, no han sido cobradas. Esta falta de acción para la recuperación de las licencias médicas no es fortuita, sino el resultado de una planificación dilatada en el tiempo y la postergación de las acciones necesarias para recuperar los montos adeudados», se señala en la querella.
La última recuperación efectiva se efectuó en diciembre de 2021 y aunque la suma proyectada era de $733.889.000, la recaudación real fue de $44.282.186.
En el escrito se realiza otra advertencia. «La gravedad de la situación radica en los elevados montos adeudados y la inacción prolongada, que no solo ha derivado en un detrimento significativo del patrimonio fiscal, sino también en la posible prescripción de la acción judicial para la recuperación de las licencias médicas correspondientes a los años 2019 y 2020, por un monto total de $493.130.071», se señala.
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