La posible candidatura presidencial de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y figura emblemática del Partido Comunista (PC), sigue generando fracturas internas en el oficialismo chileno. Carolin Tohá, candidata del PPD, ha intensificado sus críticas no solo por las acusaciones de corrupción que pesan sobre Jadue —vinculado al Caso Farmacias Populares por presuntos delitos de administración desleal, estafa y fraude al fisco—, sino también por su alineamiento con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. «No quiero para Chile que el candidato del oficialismo tenga una postura a favor del régimen venezolano», declaró Tohá a Estado Nacional, subrayando un debate que trasciende lo jurídico para adentrarse en la geopolítica.
El PC en pie de guerra: defensa y estrategias dilatorias
La respuesta del PC no tardó en llegar. Lautaro Carmona, presidente del partido, y Bárbara Figueroa, su secretaria general, rechazaron lo que calificaron como una «falta de respeto» y una «distorsión» de la postura comunista. «Esto no es un juicio personal, sino una crítica al partido», afirmó Figueroa a Emol, acusando a Tohá de instalar un «falso debate» para desviar la agenda progresista. Sin embargo, tras bambalinas, el PC enfrenta un dilema estratégico: postergar la proclamación de su candidato presidencial —originalmente prevista para este sábado— para evitar una fractura interna. Jadue, a pesar de su arresto domiciliario total desde junio de 2024, mantiene un respaldo mayoritario en el comité central, lo que le otorgaría control de facto sobre la línea partidaria.
Arresto domiciliario: un candado para la campaña
La resolución del juez Juan Álvarez, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, de mantener las medidas cautelares contra Jadue, no solo limita su libertad física: lo excluye de facto de la carrera electoral. Bajo arresto, el exalcalde no puede realizar actos públicos ni movilizarse libremente, una camisa de fuerza que complica su proyección como candidato presidencial o incluso parlamentario. Esta coyuntura judicial beneficia indirectamente a figuras como Jeannette Jara, ministra del Trabajo y representante de la disidencia interna del PC, quien busca posicionarse como alternativa generacional. No obstante, Jara enfrenta sus propios obstáculos: críticas por permanecer en el gabinete de Gabriel Boric mientras aspira a La Moneda, y un video viral que la muestra bailando durante la promulgación de la reforma de pensiones —un gesto interpretado por algunos como un acto de campaña prematuro—.
El costo de la ambigüedad: ¿unidad o ruptura?
La postergación de la definición presidencial en el PC refleja una tensión no resuelta entre lealtad histórica y pragmatismo electoral. Mientras Jadue capitaliza su base militante —que ve en su figura un símbolo de resistencia ante lo que califican como una «persecución judicial»—, sectores críticos dentro del partido advierten que su candidatura podría polarizar al electorado y alienar a aliados clave en el oficialismo. Tohá, por su parte, aprovecha la grieta: «Este no es un problema mío, es un problema de todo el sector», insistió, deslizando que la viabilidad de una primaria dependerá de un «cambio de postura» de Jadue.
En perspectiva
El caso Jadue encapsula los desafíos del oficialismo chileno: conciliar principios ideológicos con realpolitik, gestionar figuras controversiales sin fracturar coaliciones y navegar un escenario judicial que, más allá de inocencias o culpabilidades, ya está reconfigurando el tablero electoral.
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