La Casa Blanca demostró su capacidad política y logística con la ejecución de una operación destinada a liberar a cinco dirigentes opositores al régimen de Nicolás Maduro, quienes se encontraban refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
La extracción de Magallí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos fue parte de una maniobra cuidadosamente diseñada, que incluyó su traslado desde la capital venezolana hasta una playa frente al mar Caribe, un viaje inmediato en barco hasta una isla conocida por la canción de los Beach Boys, y un posterior vuelo hacia Miami.
La denominada «Operación Guacamaya» fue impulsada por una decisión política del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el respaldo del subsecretario de Estado, Chris Landau, y del enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carone. Los tres funcionarios comparten una fuerte vinculación política y afectiva con la región y un profundo conocimiento de la dinámica interna del régimen venezolano.
La administración del expresidente Donald Trump envió con esta operación un mensaje claro a Maduro: si no se produce la liberación de 11 presos políticos que se encuentran en condición de detenidos-desaparecidos, Estados Unidos actuará con la misma rapidez y determinación que demostró en esta reciente misión.
Claver Carone mantiene contacto directo con la nomenclatura oficialista, mientras Rubio y Landau articulan las medidas que la Casa Blanca ha puesto en marcha. Landau, exresidente en Caracas y autor de una tesis sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela durante su etapa en Harvard, es considerado un experto en la materia. Rubio, por su parte, además de su rol como secretario de Estado, cumple funciones como consejero de Seguridad Nacional, informando directamente a Trump.
Washington se apoya en una de las principales vulnerabilidades del régimen venezolano: su alta dependencia de cadenas de suministro globales para sectores clave como la industria petrolera y el sistema de salud. Esta debilidad estructural es el eje de presión para exigir la liberación de los 11 detenidos considerados prioritarios por el Departamento de Estado. Se trata de nueve ciudadanos estadounidenses, del gendarme argentino Nahuel Gallo y de un ciudadano israelí.
Tanto el gobierno de Javier Milei como el de Benjamín Netanyahu han solicitado formalmente la liberación de sus nacionales. En respuesta, el Departamento de Estado incorporó estos casos a su lista de negociaciones prioritarias. Claver Carone conduce el diálogo con los interlocutores designados por Maduro.
Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, se reunió recientemente con Trump y Rubio, previo a la gira de 72 horas del expresidente estadounidense por el Golfo Pérsico. En representación de Argentina, Ricardo Ferrer Picado —asesor del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich— actúa como enlace con la Casa Blanca. Ferrer Picado mantiene relaciones directas tanto con el Departamento de Estado como con el Ala Oeste.
Pese a las falencias en seguridad e inteligencia que quedaron expuestas tras la Operación Guacamaya, los delegados de Maduro han manifestado disposición al diálogo. Sin embargo, sus demandas no se alinean con las condiciones de Washington.
El régimen exige, entre otras cosas, el levantamiento de sanciones financieras y la autorización para que empresas estadounidenses retomen la extracción y exportación de petróleo en Venezuela. Además, propone un intercambio de presos políticos por narcotraficantes detenidos en El Salvador bajo custodia del presidente Nayib Bukele, en términos que han sido calificados como asimétricos.
Maduro pretende aplicar una lógica similar a la utilizada por grupos terroristas como Hamas: intercambiar un rehén estadounidense por un número considerable de delincuentes. Desde el Departamento de Estado, la respuesta fue clara: “No”. Y el régimen ya ha sido advertido de que el reloj está corriendo.
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