El doble homicidio de Carolina Calleja (53) y Rodrigo González (61), ocurrido a mediados de marzo en una parcela de Graneros, Región de O’Higgins, dejó un hallazgo que agravó la magnitud del crimen: 70 impactos de bala en el sitio del suceso. La brutalidad del ataque, sumada al perfil de las víctimas —un empresario agrícola y una encargada de familia en el Colegio La Cruz de Machalí—, generó alerta nacional y presión para esclarecer el caso.
Detenciones en redada multitudinaria
La PDI ejecutó un operativo de alto despliegue en tres comunas (Graneros, San Francisco de Mostazal y Rancagua), movilizando a más de 200 efectivos. Las detenciones de los tres sospechosos, vinculados a una banda dedicada a robos en parcelas, marcan un avance clave. Según Emol, la línea investigativa prioritaria apunta a un robo frustrado que derivó en violencia extrema, aunque la fiscalía aún no formaliza cargos.
Perfil de las víctimas y contexto del crimen
Rodrigo González, empresario agrícola, y Carolina Calleja, figura reconocida en el ámbito educativo, residían en una zona de parcelas, un tipo de propiedad rural frecuentemente objetivo de bandas organizadas. Este patrón delictivo, recurrente en la región, ha elevado las tensiones sobre seguridad en áreas semirrurales, donde la vigilancia suele ser limitada.
Interrogantes pendientes: ¿robo o violencia premeditada?
Aunque la teoría del robo es la principal, la cantidad de disparos (70) sugiere un nivel de ensañamiento inusual para un delito patrimonial. Expertos consultados por medios locales plantean dos hipótesis:
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Respuesta desproporcionada: La banda habría reaccionado con fuerza letal ante una posible resistencia de las víctimas.
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Intención intimidatoria: El uso excesivo de armas podría buscar enviar un mensaje a otras posibles víctimas en la zona.
Próximos pasos: fiscalía y vínculos con la banda
La PDI deberá ahora consolidar pruebas balísticas y testimonios para vincular definitivamente a los detenidos con el crimen. Además, se investigará si este grupo está relacionado con otros ataques similares en O’Higgins, donde los robos a parcelas han aumentado un 18% en el último año, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Reflexión final: seguridad rural bajo la lupa
El caso expone la vulnerabilidad de zonas que combinan aislamiento geográfico con actividad económica relevante, como la agrícola. Mientras las autoridades celebran las detenciones, organizaciones de vecinos exigen mayor vigilancia y políticas focalizadas para no repetir tragedias como la de Calleja y González. La presión ahora está en que la justicia no solo condene a los responsables, sino que desarticule por completo las redes detrás de estos crímenes.
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