El regreso a la administración pública tras el feriado por las Glorias Navales no fue fácil. El motivo: la revelación de un escándalo de proporciones. La Contraloría General de la República (CGR) denunció serias irregularidades en más de 25 mil funcionarios públicos que, entre 2023 y 2024, salieron del país mientras estaban con licencia médica.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público, encabezado por el fiscal nacional Ángel Valencia, decidió abrir de oficio una investigación penal. La causa será llevada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, dirigida por Lorena Parra, y se enfocará en determinar responsabilidades por delitos como fraude al fisco y eventual emisión fraudulenta de licencias médicas por parte de algunos médicos.
Informe devastador
El martes, la CGR, liderada por Dorothy Pérez, publicó el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC). En él se detalla que a 25.078 funcionarios se les emitieron 35.585 licencias médicas, durante las cuales se registraron 59.575 salidas o entradas al país, infringiendo presuntamente las condiciones del reposo médico.
Del total de licencias médicas, el 69% corresponde a Fonasa y el 31% a isapres. La información fue recabada con datos de la Policía de Investigaciones (PDI).
Regiones y organismos más afectados
Según el informe, las regiones con mayores movimientos migratorios en este contexto fueron:
-
Región Metropolitana: 43,7% (26.032 casos)
-
Arica y Parinacota: 16,9% (10.043)
-
Magallanes: 10% (5.980)
Además, tres instituciones concentran gran parte de las licencias cuestionadas:
-
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): 2.280 licencias
-
Fundación Integra: 1.934 licencias
-
Municipalidad de Arica: 719 licencias
Casos extremos y posibles delitos
El análisis reveló también que 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes durante sus licencias médicas, y que 13 de ellos concentran el 25% del total de permisos emitidos. En un caso insólito, un funcionario del área de salud se autoemitió una licencia médica y viajó al extranjero en ese mismo periodo.
Los delitos que serán investigados incluyen uso malicioso de instrumento público y fraude al fisco, este último especialmente relevante para los casos financiados por Fonasa.
Un patrón sistemático
El patrón detectado no parece ser aislado: la mayoría de los viajes ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre, y el promedio de días de reposo fue de 17 días. Este comportamiento sostenido levanta alertas sobre un posible uso sistemático y fraudulento de las licencias médicas en el aparato público.
Ahora, tanto la Contraloría, el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se preparan para un proceso que podría marcar un precedente en el combate contra el uso indebido de recursos públicos en Chile.
