La Corte Suprema confirmó este martes la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas a la psiquiatra Josefina Huneeus, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura.
El máximo tribunal del país sostuvo, en un fallo dividido (tres votos contra dos), que el Ministerio Público no cumplió con los requisitos legales necesarios para autorizar una medida intrusiva de esta naturaleza.
“Para conceder una interceptación telefónica, el legislador exige un alto estándar de exigencias que deben cumplirse tanto por la fiscalía –para solicitarlas– como de motivación por el juez al dictar la resolución que las dispone”, señala el fallo de nueve páginas. En este caso, según la resolución, dicho estándar no fue alcanzado.
Se afectaron garantías fundamentales
Los ministros que estuvieron por confirmar la decisión de la Corte de Apelaciones hicieron suyos los argumentos esgrimidos en primera instancia, destacando que se afectaron las garantías constitucionales de la doctora Huneeus.
“No cumplieron dichos estándares, por las razones que latamente se expresan en la sentencia del a-quo, y que esta Corte comparte (…). Las resoluciones impugnadas en la acción constitucional impetrada devienen en ilegales, así como la ejecución de las medidas decretadas, y no pueden servir de sustento para una persecución penal en contra de la amparada, transformándose en consecuencia en una amenaza para su libertad personal», indicaron.
Fallo cuestiona argumentos retóricos sobre dictadura
En el mismo dictamen, la Corte Suprema abordó una polémica frase incluida por el tribunal de alzada en su fallo original, que aludía a prácticas de persecución penal en dictadura. Sobre ello, los ministros indicaron que dicha referencia tiene un carácter retórico y no afecta la validez jurídica del fallo.
“No obsta a la solidez de los argumentos del fallo (…) la circunstancia de que (…) se haya introducido una frase (…) que evoca la actuación de los órganos a cargo de la investigación y persecución penal en períodos dictatoriales”, aclara el escrito, descartando así que dicha mención implique un sesgo o resta validez a la resolución.
Con esta sentencia, se complica aún más la situación del Ministerio Público en el Caso ProCultura, uno de los mayores escándalos que involucran presunto uso irregular de fondos públicos a través de fundaciones.
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