El Presidente Gabriel Boric entregó este miércoles una declaración escrita de dos páginas a la comisión investigadora de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, insistiendo en su «colaboración total» pero omitiendo respuestas clave sobre las responsabilidades políticas y jurídicas que sacudieron su gobierno.

Los 4 pilares de la defensa presidencial

  1. Rol limitado:
    «Mi función se redujo a la decisión inicial y a firmar el decreto».
    (Decreto 38 del 28/11/2024, revisado por Contraloría).

  2. Desconocimiento de ilegalidades:
    «No tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales».
    (Omitiendo que las vendedoras eran la entonces ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende).

  3. Acciones correctivas:

    • Destitución de la ministra de Bienes Nacionales (Javiera Toro).

    • Sumario administrativo en curso.

    • Elaboración de un «manual de adquisición» para evitar nuevos errores.

  4. Justificación ideológica:
    «Tengo la convicción de que las casas de expresidentes deben ser patrimonio público».


Las omisiones que agravan la crisis

🔴 La bomba jurídica: El testimonio de Francisca Moya

Lo que dijo Moya (abril 2024) Lo que implica
«Sabía que la compra era inconstitucional» Cuestiona el «desconocimiento» de Boric
Amistad con Boric por 10 años ¿Por qué no alertó al Presidente?
Último filtro legal antes de firmas Incumplió su rol de control jurídico

Contraste histórico:

«Presidentes como Lagos o Piñera jamás firmaban sin el visto bueno de Segpres. Es inédito que un jefe jurídico oculte información de esta magnitud» (Experto constitucionalista).

🔴 Testimonios que apuntan a La Moneda

  • Macarena Diez (exjefa jurídica de Bienes Nacionales):
    Advirtió por escrito a Presidencia el conflicto de interés el 9/10/2023.

  • José Cortés (asesor del Patrimonio Cultural):
    Alertó en reunión con Bernardita Nazar (asesora presidencial) sobre las inhabilidades.

Consecuencias humanas:

  • Renuncias de 2 ministras (Javiera Toro y Marcela Sandoval).

  • Salida de 3 asesores clave (Leonardo Moreno, Bernardita Nazar, y un tercer colaborador).


Las 3 contradicciones que persisten

  1. ¿Desconocimiento o negligencia?
    Si su jefa jurídica (y amiga personal) conocía la ilegalidad, ¿cómo no llegó esa información al Presidente?

  2. Doble estándar en responsabilidades:
    Se exculpa a Moya (aún en el cargo) mientras cayeron ministras y asesores.

  3. Fallo sistémico:
    ¿Cómo ningún órgano del Estado (Contraloría, Segpres, Bienes Nacionales) detectó a tiempo las inhabilidades?


En palabras de un constitucionalista«El artículo 60 de la Constitución es claro: ningún ministro puede celebrar contratos con el Estado. Esto no es un tecnicismo, es una barrera anticorrupción».

Mientras la oposición exige citar a Moya y a Nazar a declarar, la declaración de Boric dejó una certeza: esta crisis no es sobre una casa, sino sobre la gobernanza de su administración. El silencio sobre los verdaderos mecanismos de falla alimenta la pregunta que define el caso: ¿Fue un error o una cadena de complicidades?