El pasado 16 de mayo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió un fallo que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Hunneus, en el marco de la investigación del caso ProCultura. La resolución –confirmada posteriormente por la Corte Suprema– no solo anuló la diligencia intrusiva que afectó a la exesposa del fundador de la fundación, Alberto Larraín, sino que también incluyó duros cuestionamientos al actuar de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.
La consecuencia inmediata fue la salida del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien hasta entonces lideraba la indagatoria, y su reemplazo por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, por decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia.
Críticas por supuesto freno a la causa
Aunque oficialmente se justificó el cambio como una medida para asegurar el correcto avance del caso, diversas voces acusan que la investigación se paralizó. Algunos intervinientes incluso sostienen en privado que “se le echó tierra para dejarla morir”.
En respuesta, desde el entorno del nuevo persecutor insisten en que no se ha detenido el trabajo, y que el equipo de Antofagasta está abocado a revisar cada uno de los antecedentes antes de avanzar con formalizaciones. De hecho, se conformó un equipo especial dedicado exclusivamente al caso, integrado por dos fiscales adicionales y cuatro funcionarios con dedicación exclusiva.
“No se trata de desconfianza hacia lo hecho por Cooper, pero el fiscal Castro Bekios quiere revisar todo y construir su propia teoría del caso”, aseguran fuentes del Ministerio Público.
La indagatoria llegó físicamente recién en junio
Pese a que el oficio que oficializó el traslado del caso se firmó el 16 de mayo, los antecedentes completos del caso ProCultura llegaron físicamente a Antofagasta recién la semana del 9 de junio. Esto, luego de que se realizara una reunión presencial entre ambos fiscales y se entregaran más de 400 dispositivos electrónicos incautados, además de toda la documentación.
Durante ocho días, el equipo debió rotular, verificar la procedencia y revisar la cadena de custodia antes de trasladar todo el material bajo custodia de Carabineros.
“Recién hace dos semanas se cuenta con toda la información validada para su análisis”, indican desde la Fiscalía.
Revisión minuciosa y prioridades definidas
La carpeta acumula más de 100 mil fojas, y según fuentes internas, aún no habría el estándar suficiente para solicitar formalizaciones ni medidas cautelares. No obstante, ya se definieron dos aristas como prioritarias:
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Las acciones ordenadas por la cúpula de ProCultura
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El convenio con el Gobierno Regional de Antofagasta para la limpieza y pintura de fachadas, considerado el “caso cero” de esta rama del caso Convenios
“En estas dos líneas se trabaja con mayor celeridad y podrían verse avances en las próximas semanas”, señalan desde la Fiscalía.
Querellas, presión y suspicacias
Entre quienes buscan reactivar la causa está la exrepresentante legal de ProCultura, Constanza Gómez, cuya defensa presentó una cautela de garantías solicitando claridad sobre los motivos por los que se le investiga. El tribunal fijó audiencia para el 21 de julio.
Mientras tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) aún no amplía la querella en este caso, lo que, según fuentes, sería clave para avanzar. Se espera que dicha acción sea presentada próximamente, ya que la querella estaría en etapa de revisión final antes de pasar por el Comité Penal y el Consejo Pleno.
¿Retraso intencionado?
Aunque desde la Fiscalía se insiste en que la causa no está paralizada, hay sectores que miran con suspicacia el tiempo transcurrido. En redes sociales se cuestiona la salida de Cooper y se sugiere que el caso ha sido frenado por razones políticas.
Algunos querellantes incluso plantean que la cercanía de las primarias de este domingo 29 podría haber influido en la demora, para no perjudicar a figuras del oficialismo.
UDI confía en el nuevo fiscal
Pese a las dudas, el abogado Pablo Toloza, representante de los parlamentarios UDI querellantes, pidió confianza y paciencia.
“Es evidente que el cambio de fiscal retrasó el proceso. La carpeta es extensa, pero confiamos en el trabajo del fiscal Castro Bekios”, sostuvo.
“Creemos que existen antecedentes suficientes para formalizar a ciertas personas y esperamos que este análisis termine pronto”, agregó.
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