Un total de 3.532 funcionarios públicos recibieron licencias médicas emitidas por 44 médicos actualmente investigados penalmente por el Ministerio Público por su presunta participación en la entrega y/o venta fraudulenta de estos documentos.
Así lo revela el 13° Consolidado de Información Circularizada (CIC) elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), a partir de un listado proporcionado por la Fiscalía Nacional, que contenía 10.111 licencias médicas emitidas entre 2020 y 2022 por estos facultativos.
El 79 % de las licencias fue por salud mental
Al cruzar la información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases de datos institucionales, la CGR detectó que, de las 6.632 personas que recibieron licencias, 3.532 eran funcionarios públicos en ejercicio a junio de 2025.
El informe agrega que un 79 % de las licencias correspondía a diagnósticos de salud mental, totalizando 192.781 días de reposo autorizados.
Médicos extranjeros sin Eunacom
La investigación también reveló que todos los médicos involucrados son de nacionalidad extranjera. De ellos, 10 se desempeñaron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024, y 5 no contaban con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (Eunacom), requisito obligatorio para ejercer en el sistema público de salud chileno.
Reincidencia en uso de licencias
El análisis de la CGR también detectó que 5.284 trabajadores que recibieron licencias entre 2020 y 2022, volvieron a obtener nuevos permisos entre 2023 y 2025. De estos, 1.208 licencias fueron emitidas por seis de los médicos actualmente investigados.
Las licencias fueron otorgadas a trabajadores de todo el territorio nacional, incluyendo servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, SLEP, Gendarmería, y otras entidades, públicas y privadas.
Contraloría iniciará sumarios y exigirá explicaciones
Frente a estas irregularidades, la CGR notificará a los organismos públicos que actualmente tienen en su dotación a funcionarios involucrados, para que inicien los sumarios correspondientes. Además, exigirá a las instituciones que justifiquen por qué contrataron a médicos extranjeros sin Eunacom, pese a la normativa vigente.
La Contraloría enfatizó que, dado que existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa no estaría prescrita, permitiendo así que se adopten las medidas disciplinarias necesarias.
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