A cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que establece multas por no votar, una iniciativa presentada en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas). Con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, el texto —que excluye a los extranjeros avecindados— volverá a la comisión de Gobierno Interior para revisar nuevas indicaciones.
Si bien esta alternativa era una fórmula aceptable para algunos legisladores oficialistas, ya que no forzaba la votación de los extranjeros, aquella apertura recibió una severa contraorden las pasadas las 15 horas, cuando la sesión para votar la iniciativa ya había comenzado.
En las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, la titular de esa cartera, Macarena Lobos, se reunió con los jefes de bancada del oficialismo para transmitirles la “recomendación” de La Moneda de abstenerse.
Lobos y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), habían liderado las conversaciones con la derecha, que tenía como interlocutores al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y a la autora de la iniciativa, la misma diputada Pérez. De hecho, este lunes en la mañana, Elizalde y Lobos se reunieron en la sede del Congreso en Santiago con Castro, cita a la que la legisladora de Demócratas no alcanzó a llegar por un problema mecánico de su vehículo.
De hecho, en la alianza gubernamental no todos los legisladores quedaron conformes con la contraorden de La Moneda y, en vez de abstenerse, prefirieron salir de la sala y no votar.
La votación final, que se transformó en una derrota táctica para el Ejecutivo, evidenció, además, el desmarque de algunos legisladores que prefirieron no ceñirse a la recomendación de Palacio, entre ellos, Jaime Mulet (FREVS); las independientes Marisela Santibáñez y Marcela Riquelme; el presidente de la Comisión de Gobierno, Rubén Oyarzo (radical); el presidente de la DC, Alberto Undurraga; y el jefe de bancada del comité democratacristiano, Héctor Barría.
El debate no es solo sobre sanciones, sino sobre el peso electoral de los migrantes. De un padrón de 15,5 millones, cerca de 786 mil son extranjeros con derecho a voto (requisito: cinco años de residencia). Y aquí surge la primera grieta: mientras la oposición busca incluir a los extranjeros en la obligatoriedad, el Gobierno prefiere restringir su participación a elecciones municipales.
La «calculadora electoral» en acción
Los números importan. Según encuestas como la de Panel Ciudadano UDD (6-7 de julio), el voto migrante inclina la balanza hacia la derecha: entre venezolanos, José Antonio Kast lidera con 32%, seguido por Evelyn Matthei (30%). La oficialista Jeannette Jara (PC) solo alcanza un 8% y enfrenta un 43% de rechazo.
Este dato no pasa desapercibido. Como señaló la autora del proyecto, «la izquierda se niega porque está con calculadora en mano». Un ejemplo claro: en regiones como Tarapacá, los extranjeros representan el 15% del padrón, lo que podría definir resultados parlamentarios.
Los discursos y las estrategias
El oficialismo ha intentado dilatar la tramitación, según fuentes de alto nivel, para evitar cambios en el padrón antes del 18 de agosto (cierre de inscripciones). Mientras, el ministro Elizalde insiste en que «no hay ningún país con esta normativa», reforzando la postura de La Moneda: sacar a los extranjeros del padrón o limitar su voto.
En la oposición, las divisiones son evidentes. El diputado Daniel Manouchehri (oficialista) cargó contra la derecha: «Quieren transformar a Chile en Chilezuela (…) No queremos política de arepa y ron». Luis Malla (Liberal) sumó: «¿Alguien esperaría que quien llega a tu casa decida por ti?».
Lecciones del pasado y urgencias futuras
El fantasma de cambios ad hoc resuena. El ex presidente Ricardo Lagos (2005) sentó un precedente ético: «No se cambian las normas en beneficio propio». Hoy, el riesgo es que la discusión se politice aún más.
Con 11 indicaciones pendientes —incluyendo una del PS para excluir a extranjeros con 10 años de residencia de elecciones nacionales—, el proyecto enfrenta un camino espinoso. Mientras, el Senado ya aprobó multas sin distinción (0.5 a 5 UTM), pero La Moneda la rechazó por «gasto fiscal no tramitado en Hacienda».
Conclusión
El voto obligatorio sin multas es letra muerta, pero su implementación está atada a un cálculo electoral preciso. La pregunta clave: ¿quién gana y quién pierde con la inclusión o exclusión de los migrantes? La respuesta definirá no solo esta ley, sino el rumbo de las elecciones.
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