El debate sobre la obligatoriedad del voto y su impacto en el electorado migrante resurgió con fuerza esta semana, luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general un proyecto que impone multas de entre $33.000 y $210.000 a chilenos que no sufraguen, excluyendo explícitamente a los extranjeros avecindados. La iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), recibió 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones, revelando fisuras incluso dentro del oficialismo.
El trasfondo político: el voto migrante bajo la lupa
La medida ha sido interpretada como un intento de desactivar el peso electoral de los migrantes, cuyo voto, según encuestas, podría inclinarse hacia la derecha. Datos del Panel Ciudadano UDD muestran que, entre los votantes extranjeros (5% del padrón nacional, con picos del 15% en regiones como Tarapacá), un 32% apoyaría a José Antonio Kast, un 30% a Evelyn Matthei y solo un 8% a la oficialista Jeannette Jara.
Actualmente, la ley chilena no solo permite a los migrantes votar en todas las elecciones, sino que los obliga, siempre que tengan cinco años de residencia —incluso temporal o discontinua— y no enfrenten causas judiciales graves. Sin embargo, el giro del proyecto —que originalmente incluía sanciones para todos los habilitados— ha generado críticas por su carácter discriminatorio.
La voz de los migrantes: «Ciudadanía de segunda clase»
Organizaciones migrantes han reaccionado con indignación. Patricia Rojas, presidenta de Asoven, tildó la medida de «tremendamente discriminatoria» y advirtió que «abre la puerta para crear ciudadanías de segunda categoría». Su reclamo apunta también a declaraciones como las del senador Tomás de Rementería (PS), quien cuestionó en Instagram si los venezolanos deberían votar en Chile: «Decir ‘si quieren votar, nacionalícense’ es no entender cómo funcionan estos procesos», replicó Rojas, quien lleva 14 años en Chile y 24 meses esperando su nacionalización.
Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en 2024 había 786.470 extranjeros habilitados para votar, principalmente de Perú (191.384), Venezuela (174.857), Colombia (95.407) y Haití (76.481).
La contradicción del Frente Amplio y el rol de la derecha
El proyecto evidenció divisiones en el oficialismo: mientras el PC y gran parte del FA votaron en contra, el PS, PPD y DC se repartieron entre el rechazo y la abstención. Diputados del FA, como Claudia Mix, acusaron a la derecha de usar el debate para «cálculos políticos pequeños», mientras que Jorge Brito (FA) cuestionó que aumentar las penas «no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos».
Sin embargo, la postura del FA no siempre fue uniforme. En 2020, diputados como Gonzalo Winter, Catalina Pérez y Gael Yeomans presentaron proyectos para permitir el voto migrante en el plebiscito constitucional, argumentando que «la comunidad migrante no puede quedar fuera (…) en tanto está constituída por residentes legítimos». Ninguna de esas iniciativas avanzó.
El fallo del TC y la «bancada migrante»: antecedentes clave
En diciembre de 2020, el FA, el PC y el PS —incluyendo al actual presidente Gabriel Boric— recurrieron al Tribunal Constitucional para impugnar artículos de la Ley de Migraciones, tachándolos de «discriminatorios». El TC acogió parcialmente el reclamo, eliminando un inciso que exigía a los migrantes mantener su residencia temporal para contar los cinco años de avecindamiento.
Previamente, en 2017, surgió la «bancada migrante», integrada por figuras desde la UDI hasta el PC, como Giorgio Jackson, Karol Cariola y Jaime Bellolio, quienes promovieron el voto migrante. Jackson llegó a grabar un mensaje diciendo: «Esta tierra es tan suya como nuestra».
Conclusión: ¿Protección electoral o exclusión?
El proyecto refleja una tensión entre inclusión y estrategia política. Mientras el oficialismo parece temer un voto migrante conservador, las críticas destacan un discurso xenófobo encubierto. Sin sanciones reales para los extranjeros, la obligatoriedad queda en papel mojado, pero el mensaje perdura: en medio de una elección polarizada, la ciudadanía migrante sigue en el centro de la disputa.
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