La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. emitió este lunes una dura declaración pública en la que responsabiliza directamente a los gobiernos de Cuba y Venezuela por las crisis que atraviesan ambos países. En el mensaje, difundido a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la entidad afirma que las causas de la precariedad económica y social no son factores externos, como sostienen ambos regímenes, sino el resultado directo de décadas de corrupción, negligencia administrativa y estructuras de poder autoritario.
“Ya es hora de exigirles responsabilidades”, sostiene el comunicado oficial, que llama a la comunidad internacional a no aceptar excusas sobre sanciones extranjeras y a denunciar la falta de libertad, el nepotismo, la corrupción y la mala gestión como los verdaderos motores de la crisis.
“Culpan al mundo de su incompetencia”: duro diagnóstico sobre Cuba y Venezuela
La declaración no deja espacio para ambigüedades. Según Washington, tanto Miguel Díaz-Canel como Nicolás Maduro han optado por modelos económicos basados en el saqueo, el caos y la represión, con el único fin de preservar el control político.
“Ambos regímenes culpan al mundo de su incompetencia y fracasos”, afirma el documento. “Estos no son errores de política, son síntomas de un diseño estructural orientado al autoritarismo.”
Junto con la declaración, el Departamento de Estado compartió un informe detallado sobre el uso de recursos públicos en ambos países, subrayando cómo se priorizan intereses de la élite gobernante por sobre las necesidades básicas de la población.
Cuba: turismo de lujo en medio de la escasez
En el caso de Cuba, el informe destaca el desbalance de prioridades presupuestarias del régimen. En 2024, más del 37% de la inversión nacional se destinó al turismo de lujo, una cifra que multiplica por once el gasto total en salud y educación.
Pese a esta inversión, la ocupación hotelera no supera el 30%, lo que, según EE.UU., confirma el carácter político y elitista de este gasto. Los principales beneficiarios serían conglomerados militares y paraestatales como GAESA, FINCIMEX y CIMEX, que controlan sectores clave como remesas, supermercados, hoteles y telecomunicaciones.
“Estas empresas actúan como brazos económicos del régimen, sirviendo a la élite en el poder, no al público”, dice el documento.
Entretanto, la población enfrenta una crisis generalizada, con apagones prolongados, escasez de combustible, alimentos y medicinas, además del deterioro creciente de la infraestructura. La isla —antes reconocida por su sistema de salud y exportación agrícola— hoy importa azúcar y carece de insumos médicos esenciales.
Venezuela: propaganda y represión antes que salud y educación
En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado acusa al régimen de Maduro de desviar fondos públicos hacia objetivos políticos y propagandísticos. Durante 2024, más de 2.000 millones de dólares fueron gastados en un breve periodo cercano a las elecciones presidenciales, mientras el salario mínimo se mantuvo por debajo de los 2 dólares mensuales.
El presupuesto nacional duplicado oficialmente a 20.500 millones de dólares, distribuyó apenas:
-
180 millones al sistema de salud (menos del 1%)
-
18 millones al programa de alimentación escolar, que atiende a 5 millones de niños (equivalente a 3,49 dólares por alumno al año)
-
1.000 millones a la inteligencia militar
Además, se destacan proyectos inconclusos y millonarios como un acuerdo ferroviario con China firmado en 2009 por 7.500 millones de dólares, que aún no se ha ejecutado, pero cuyas obligaciones siguen pagándose en petróleo.
Mientras tanto, apagones masivos afectan a más de 20 estados por más de 12 horas, según reportes locales como El Impulso.
“No son sanciones, son decisiones internas”
El informe del Departamento de Estado insiste en que la precariedad de ambos países no puede explicarse por sanciones extranjeras, como argumentan habitualmente La Habana y Caracas.
“Los problemas económicos son autóctonos y responden a decisiones estructurales para mantener el poder, no a presiones externas”, subraya el documento.
En ambos casos, se acusa a los gobiernos de canalizar ingresos hacia sectores que aseguren lealtad política y control militar, en lugar de atender necesidades básicas como salud, educación, transporte o alimentación.
Llamado internacional: apoyar a los pueblos, no a sus regímenes
Finalmente, el comunicado hace un llamado a la comunidad internacional para que no permanezca pasiva ante el colapso humanitario en ambos países:
“La resiliencia de los pueblos cubano y venezolano no debe ocultar que ningún esfuerzo individual puede compensar modelos de gobierno que priorizan el control y el beneficio de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.”
El Departamento de Estado insta a gobiernos y organismos multilaterales a reforzar mecanismos de transparencia, a exigir rendición de cuentas, y a amplificar las voces de quienes reclaman acceso a servicios esenciales como salud, electricidad, combustible, medicamentos y alimentos.
“Esto no son fracasos accidentales, son el resultado de un sistema que prioriza el control político por sobre el bienestar del pueblo”, concluye el informe.
/psg
