Un nuevo informe elaborado por la Fiscalía Nacional, a través de su División de Estudios, reveló que durante 2024 se registró un aumento del 2,1% en los secuestros extorsivos en comparación con el año anterior, totalizando 868 casos, la cifra más alta registrada en la última década. El informe abrió un debate con el Gobierno sobre cómo interpretar los datos.

De acuerdo con el reporte, entre 2014 y 2024 el delito de secuestro ha tenido una tendencia sostenida al alza. En 2014 se contabilizaron 360 casos, mientras que en 2024 la cifra casi se triplicó. El informe también marca un “punto de inflexión” en 2022, cuando los casos pasaron de 492 en 2021 a 826 en 2022, lo que representó un alza del 68%.

Además, en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024), el país ha mantenido más de 800 secuestros anuales, lo que consolida este delito como una preocupación estructural en materia de seguridad pública. Sin embargo, el primer semestre de 2025 muestra una baja del 29% en el ingreso de nuevos casos.

Gobierno destaca baja en secuestros «validados»

Pese a las cifras generales, desde el Ejecutivo destacaron una disminución en los llamados secuestros validados, es decir, aquellos que fueron confirmados tras la revisión y depuración de la base de datos por parte del Ministerio Público.

Es importante basarse en los datos porque una cosa son los secuestros denunciados y otra los validados”, afirmó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. “Respecto al mismo informe de la Fiscalía, los validados entre 2022 y 2024 bajaron”.

En la misma línea, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que el informe distingue entre las denuncias recibidas y los casos validados tras depuración metodológica.

Lo que importa son, en opinión del Ejecutivo, los secuestros validados, es decir, aquellos que genuinamente se clasifican como tales una vez limpia la base de datos”, subrayó.

Metodología y diferencias de enfoque

Desde la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, jefa de la División de Estudios, profundizó en la metodología utilizada y reconoció que existen diferentes formas de analizar los datos.

Nosotros presentamos la secuencia histórica a partir de los ingresos de casos, que es relevante como tendencia”, explicó Morales en entrevista con Radio Universo. “El Ejecutivo tiene una mirada más acotada a los secuestros validados de los últimos tres años, y también es correcta”.

Morales aclaró que durante la limpieza metodológica del informe se eliminan los casos frustrados o tentados, lo que genera diferencias entre las cifras brutas y las validadas.

Crimen organizado y tipologías delictivas

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, destacó el preocupante aumento de secuestros ligados al crimen organizado, que en 2024 representaron un 37,8% del total, 10 puntos más que en 2023.

El aumento de los secuestros está vinculado con la instalación de organizaciones delictuales que utilizan esta práctica como método extorsivo”, advirtió Johnson a 24Horas.

Asimismo, señaló que un 25% de los casos tiene participación de extranjeros, destacando que 63% son venezolanos y 20% colombianos, aunque el 70% restante tiene imputado desconocido, lo que podría ocultar una proporción aún mayor de participación extranjera.

Johnson también explicó que el punto de inflexión de 2022 no fue casual:

Tras la pandemia y el cierre de fronteras, se intensificó la migración ilegal, lo que dio espacio a redes dedicadas al tráfico de personas, que luego mutaron hacia delitos extorsivos como el secuestro”.

Expertos advierten sobre subregistro y complejidad del fenómeno

Uno de los aspectos más complejos del fenómeno, según Johnson, es el bajo nivel de denuncia de los secuestros extorsivos:

Muchos pagan y no denuncian por miedo a represalias, por lo que los datos del Ministerio Público probablemente representan solo una fracción del total”.

Por su parte, el cientista político Juan Castañeda, de la Universidad Autónoma, subrayó tres aspectos clave del informe:

  1. El secuestro se ha instalado como modelo de negocio vinculado al crimen organizado.

  2. Los imputados suelen tener trayectoria delictiva y operar de forma estructurada y planificada.

  3. El informe es sólido y claro, aunque se echan de menos recomendaciones preventivas para la población, especialmente en zonas de riesgo como Atacama, Antofagasta, San Bernardo y Santiago centro.

Conclusión

Si bien el Ejecutivo resalta una baja en los secuestros validados, la tendencia histórica al alza y la consolidación de este delito como una amenaza estructural han encendido alertas en el ámbito judicial, académico y de la seguridad ciudadana.

El fenómeno, según los expertos, refleja un cambio profundo en el mapa delictual del país, con una mayor sofisticación de las organizaciones criminales y una necesidad urgente de políticas de prevención, persecución penal efectiva y cooperación internacional.

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