La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, abordó este jueves el debate que se está desarrollando en el Congreso Nacional respecto a dos temas sensibles en el marco del voto obligatorio: la aplicación de multas por no sufragar y el derecho a voto de los extranjeros avecindados en Chile.
Según datos recientes del Servicio Electoral (Servel), cerca de 880 mil personas extranjeras están habilitadas para votar en el país.
El Ejecutivo ha planteado que solo los ciudadanos chilenos deberían tener derecho a voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias, abriendo una discusión sobre la actual legislación que permite la participación de extranjeros con residencia definitiva por más de cinco años.
Actualmente, la propuesta con mayor respaldo político es el proyecto de ley impulsado por la diputada del Partido Demócrata, Joanna Pérez, el cual establece que las multas por no votar se apliquen únicamente a los ciudadanos chilenos, eximiendo a los extranjeros, aunque manteniendo su derecho a sufragio.
Pese a su postura restrictiva, el Gobierno ya se allanó a que cualquier cambio en esta materia no aplicará para los comicios de noviembre, dado que el padrón electoral ya se encuentra cerrado.
En conversación con Radio Infinita, la ministra Macarena Lobos señaló que «nunca dimos un debate profundo respecto del voto extranjero, nosotros decimos que Chile tiene una normativa muy permisiva sobre esto en relación a otros países».
En ese sentido, llamó a abrir una discusión de fondo: «Demos este debate e íntegramente podamos definir, y será el Parlamento que defina».
La ministra también aseguró que el Ejecutivo está en conversaciones con sectores políticos para avanzar en un acuerdo que permita aplicar multas a quienes no concurran a votar, y añadió que se debe abordar a futuro la participación electoral de extranjeros, asegurando que «es un debate que deberíamos dar, aunque no se aplique en las próximas elecciones».
La discusión, que ya genera divisiones entre los distintos sectores, se enmarca en un contexto en que el voto obligatorio volvió a regir en Chile desde 2023, generando dudas sobre cómo se debe implementar de manera justa y coherente con los derechos ciudadanos.
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