La líder opositora venezolana, María Corina Machado, hizo un llamado urgente a las naciones democráticas del mundo para que refuercen su respaldo en la lucha contra el mandatario Nicolás Maduro, a quien calificó como el producto de una reelección fraudulenta durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
En un comunicado difundido desde su cuenta en X (antes Twitter), Machado expresó: “Instamos a todas las naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional a fin de desmantelar la estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela, así como una creciente desestabilización en nuestra región”.
Asimismo, manifestó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su administración por sus “acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista”.
“Su compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad fortalece aún más la determinación de millones de venezolanos que estamos decididos a hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, a restaurar la democracia y a reunificar a nuestras familias”, afirmó la dirigente opositora.
Machado aseguró que Venezuela será libre, se convertirá en el “principal socio comercial y de seguridad de los Estados Unidos”, y dará inicio a una etapa de crecimiento económico, seguridad y cooperación internacional sin precedentes.
Respaldo a Edmundo González Urrutia
Actualmente en la clandestinidad, María Corina Machado reiteró su respaldo al exembajador y líder opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado desde septiembre de 2023, y aseguró que González venció a Maduro en las elecciones presidenciales.
Estas afirmaciones han sido rechazadas por el oficialismo, que califica a Machado y González Urrutia de “terroristas” y los acusa de fomentar violencia en el país.
Recompensa de EE.UU. y acusaciones contra Maduro
Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el pasado jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. Bondi lo calificó como una “amenaza para la seguridad de Estados Unidos”, y lo acusó de usar organizaciones terroristas extranjeras como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense.
Estas acusaciones fueron rechazadas por instituciones oficiales venezolanas, que las califican como infundadas. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó haber confiscado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente vinculados a Maduro, además de dos aviones privados y nueve vehículos, como parte de sus operaciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
Advertencia del Tribunal Penal Internacional
El viernes pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (TPI) advirtió al régimen venezolano sobre la necesidad de hacer “esfuerzos genuinos en rendición de cuentas”, si quiere evitar una mayor supervisión internacional por posibles violaciones de derechos humanos.
El fiscal adjunto del TPI, Mame Mandiaye Niang, se reunió en La Haya con la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez, y reiteró el compromiso de avanzar en investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen.
“La Fiscalía está comprometida a avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes”, señaló Niang. Además, destacó que la llamada “complementariedad” reclamada por Caracas depende de que existan avances reales en los procesos judiciales internos.
Dos investigaciones en curso
La Fiscalía del TPI mantiene dos investigaciones activas sobre Venezuela:
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Una por crímenes de lesa humanidad, centrada en represión contra opositores.
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Otra presentada por el gobierno de Maduro, que busca denunciar el impacto de las sanciones internacionales.
Sobre esta última, Delcy Rodríguez denunció la “lentitud” del proceso, y argumentó que las sanciones han generado en el país una tasa de mortalidad similar a la de un conflicto armado.
El escenario político venezolano sigue marcado por la confrontación entre el chavismo y la oposición, mientras crece la presión internacional sobre el régimen por sus acciones antidemocráticas y violaciones de derechos humanos. Organismos multilaterales y gobiernos extranjeros mantienen su atención sobre los próximos pasos del gobierno venezolano y la posibilidad de una transición política en el país.
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