Una suerte de cartillazo preventivo comenzó a circular en el Congreso entre senadores, diputados y sus equipos de apoyo, en el marco de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. El objetivo es evitar abusos en el uso de recursos fiscales destinados a la labor legislativa y prevenir eventuales irregularidades durante el período electoral.
Instructivo del Consejo de Asignaciones
El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias –órgano que fiscaliza el uso de las platas públicas asignadas a los legisladores– emitió un instructivo con medidas concretas.
La primera de ellas es el congelamiento inmediato de asesores parlamentarios que postulen a un cargo de elección popular, así como del personal de confianza que asuma roles como administradores electorales de parlamentarios que van a la reelección.
El instructivo señala: “Obligación al trabajador o asesor de informar cuando se asuma la calidad de administrador electoral o candidato a elección popular, en cuyo caso se deberá disponer la suspensión de la relación laboral o de la prestación de servicios, la que se iniciará desde la inscripción en el registro de candidatos y se extenderá hasta la fecha de la respectiva elección”.
Escuela parlamentaria y antecedentes
En el Congreso es habitual que colaboradores den el salto a la política, un proceso conocido como “tiraje de chimenea”. Casos como los de Jaime Bellolio, Luis Cuello, Andrés Longton, Gonzalo Winter y Guillermo Ramírez confirman esta práctica.
Hasta ahora, muchos postulaban con permisos sin goce de sueldo, pero este año el Consejo resolvió endurecer los criterios para evitar que asesores hagan campaña mientras siguen recibiendo remuneración pública.
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La bancada republicana ya suspendió o finiquitó contratos a cinco asesores que competirán como candidatos: Pamela Rishmague, Fernando Ugarte, Emiliano García, Felipe Ross y Sebastián Zamora.
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En la UDI, los senadores suspendieron el contrato del exdiputado Giovanni Calderón, candidato al Senado por Atacama, y la senadora Luz Ebensperger aplicó la medida a su asesora Ximena Naranjo, aspirante a diputada por Tarapacá.
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El jefe de gabinete del diputado Jaime Araya (indep. PPD), José Miguel Latorre, renunció para postular como diputado en O’Higgins con apoyo del PDG.
Además, el instructivo prohíbe nuevas contrataciones de personas que sean candidatos o administradores electorales.
Más limitaciones al gasto parlamentario
El documento establece también que no se podrán financiar actividades de campaña electoral con cargo a las asignaciones parlamentarias, ya sea en beneficio propio o de terceros.
Otras restricciones incluyen:
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Oficinas parlamentarias: no podrán ser utilizadas por candidatos, partidos o movimientos políticos.
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Oficinas móviles o digitales: prohibidas entre el 16 de septiembre y el día de la elección.
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Vehículos y combustible: no se podrán arrendar más autos de los que se tenían en los dos años previos, y el gasto en combustible no podrá superar el promedio histórico.
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Pasajes aéreos: solo podrán usarse para traslados a la zona de representación del parlamentario, no para otros destinos del país.
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Comunicación: queda prohibido realizar gastos con cargo a este ítem entre el 16 de septiembre y el 16 de noviembre.
Objetivo central
Con estas disposiciones, el Consejo busca blindar el uso de los recursos públicos frente a un ciclo electoral en el que varios asesores y parlamentarios competirán. La idea, según señalan en el organismo, es reforzar la transparencia y asegurar que ningún peso de la labor legislativa se desvíe hacia actividades proselitistas.
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