En un fallo que sella uno de los capítulos jurídicos más extensos y controvertidos de la inversión en Chile, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos tanto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como por opositores al proyecto Dominga de Andes Iron. La decisión confirma de manera definitiva la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el proyecto minero, tras más de una década de litigios.
Análisis de la Decisión Judicial: Un Recurso Prematuro
El fallo, redactado por el ministro Jean Pierre Matus e integrado también por los ministros Adelita Ravanales y Diego Simpértigue, y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz, se fundamenta en una cuestión de procedimiento. El tribunal aplicó su jurisprudencia al determinar que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de diciembre de 2024 no constituía una sentencia definitiva, sino que anulaba la decisión del Comité de Ministros y ordenaba un nuevo pronunciamiento.
En su considerando sexto, la Corte argumenta de manera crucial que la sentencia “no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros (…), de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”. Este razonamiento técnico, aunque procesal, es el pilar que impidió el análisis de fondo y, en la práctica, consolida el fallo del 1TA a favor de Andes Iron.
La Postura de Andes Iron: Certeza Jurídica y Desarrollo
Para la empresa, este dictamen representa el fin de la travesía judicial. Andes Iron destacó en un comunicado que el fallo “pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico”, abriendo paso a la construcción del proyecto. Su análisis de la situación es que la sentencia “confirma que las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares, con vicios de legalidad, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento”.
Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de la empresa, afirmó que “este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional”. La compañía añadió que avanza en la obtención de permisos sectoriales y que solo resta una discusión procesal en la Corte de Apelaciones de Antofagasta sobre el cumplimiento incidental del fallo.
El Trasfondo: La Anulación del Comité de Ministros
El camino hasta este punto fue complejo. En diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió una reclamación de Andes Iron y declaró la nulidad de la resolución del Comité de Ministros, calificándola de “ilegal”. Los fundamentos de esa decisión, que ahora la Corte Suprema indirectamente valida al desestimar la casación, fueron graves:
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Incumplimiento de una sentencia anterior (de 2021) que tenía carácter de cosa juzgada.
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Transgresión de principios de imparcialidad y confianza legítima, ya que ministros que se habían pronunciado previamente en contra del proyecto (como las extitulares de Minería, Marcela Hernando, y Medio Ambiente, Maisa Rojas) no se inhabilitaron para votar.
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“Pronunciamientos contradictorios e incoherentes” y la actuación del comité fuera del plazo legal.
Tras esta anulación, un nuevo Comité de Ministros (con integrantes subrogantes) se pronunció el 8 de enero de 2025, rechazando nuevamente el proyecto de manera unánime por falta de información sobre especies endémicas y un plan de contingencias insuficiente. Sin embargo, es la sentencia del 1TA que anuló la primera decisión de este comité la que se mantiene vigente, no este segundo rechazo.
Implicancias y Proyección
El fallo de la Corte Suprema representa una derrota estratégica para el gobierno, que ya había sufrido un revés en el Tribunal Constitucional (TC) en junio por alegar invasión de competencias del 1TA. Para Dominga, significa la remoción del último gran escollo judicial, allanando el camino para una inversión de US$2.500 millones que promete generar miles de empleos en la Región de Coquimbo, aunque la polémica pública y política alrededor del proyecto probablemente persistirá.
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