El dictador venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes el inicio del proceso de consulta para activar un decreto de estado de conmoción externa, una figura de excepción constitucional que otorgaría poderes especiales al régimen chavista frente a lo que califican como una “amenaza externa” por parte de Estados Unidos.
La medida permitiría al oficialismo asumir el control total de áreas estratégicas del país bajo el argumento de una posible agresión militar extranjera, especialmente ante el despliegue naval estadounidense en el Caribe, el cual, según Washington, busca combatir el narcotráfico vinculado al Cartel de los Soles, organización ligada al régimen venezolano.
Delcy Rodríguez confirma que el decreto ya fue firmado
La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, confirmó que el decreto fue firmado y está listo para ser activado de inmediato. Según la funcionaria, la norma otorga a Maduro “poderes especiales para actuar en materia de defensa y seguridad” si se produce una agresión o provocación cercana a las costas del país.
“El decreto se activaría de manera inmediata ante cualquier tipo de agresión extranjera”, afirmó Rodríguez, destacando que podría incluir la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como el control absoluto sobre infraestructura clave, incluyendo servicios públicos, industria petrolera y empresas básicas.
Maduro justifica la medida como una defensa ante amenazas externas
Durante la transmisión de su programa televisivo Con Maduro+, el mandatario chavista defendió el decreto como una acción necesaria para “proteger al pueblo venezolano, la paz y la estabilidad nacional”.
“Venezuela ha sido agredida económica, psicológica y políticamente. Y siempre ha salido adelante. Esta es una medida para garantizar la continuidad de la patria”, sostuvo Maduro.
Implicaciones del estado de conmoción externa
El estado de conmoción externa, previsto en la Constitución venezolana, habilita al Ejecutivo a restringir derechos y garantías fundamentales, incluyendo libertades civiles, sin necesidad de autorización previa del Parlamento, actualmente dominado por el oficialismo.
Una vez activado, el decreto permitiría al régimen chavista:
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Controlar la movilización militar en todo el territorio nacional.
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Asumir el mando sobre recursos logísticos, financieros y operativos del país.
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Intervenir sectores estratégicos como energía, transporte y telecomunicaciones.
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Suspender derechos ciudadanos bajo el argumento de preservar la seguridad nacional.
ONGs y juristas exigen transparencia sobre el contenido del decreto
Diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación ante la falta de información pública sobre el contenido del decreto. La ONG Acceso a la Justicia exigió su inmediata publicación en la Gaceta Oficial, señalando que cualquier medida de excepción debe estar debidamente justificada y limitada en el marco constitucional.
“El estado de conmoción exterior implica la restricción de garantías a ciertos derechos. Por lo tanto, es importante que se produzca su difusión inmediata en Gaceta Oficial”, advirtió la organización en un comunicado publicado en la red social X.
Incertidumbre y alarma en sectores independientes
La posible entrada en vigencia del decreto ha generado inquietud en sectores independientes, académicos y ciudadanos, quienes advierten sobre el potencial uso político del estado de excepción, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y presiones internacionales contra el régimen.
Hasta el momento, el chavismo no ha precisado el alcance exacto de las medidas, ni ha informado sobre un cronograma de implementación. A pesar de ello, altos funcionarios insisten en que cualquier acción por parte de Estados Unidos u otros actores internacionales justificaría la activación inmediata del decreto, con el control total del país en manos del entorno de Maduro.
La situación ocurre en un momento de máxima tensión diplomática y militar en la región, mientras la comunidad internacional observa con atención los movimientos del régimen venezolano y sus intentos por consolidar aún más el poder bajo la narrativa de “defensa nacional”.
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