El fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, aseguró este jueves que el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024 fue un crimen político, presuntamente encargado por el gobierno de Nicolás Maduro y ejecutado por el Tren de Aragua en Chile.
En entrevista con 24 Horas, Barros explicó que el homicidio tiene características completamente distintas a los crímenes comunes, debido al perfil de la víctima y sus antecedentes políticos.
“Tiene una connotación distinta, porque además el perfil de la víctima en este caso es un perfil político. Él estaba como refugiado político en Chile, participó en un intento golpista al gobierno de turno en Venezuela, y dos meses antes de ser secuestrado y asesinado, nuevamente había regresado a Venezuela con la finalidad de intentar otro golpe de Estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro”, señaló el fiscal.
Diosdado Cabello bajo la lupa: lo acusan de ordenar el crimen
Barros afirmó que los antecedentes reunidos por el Ministerio Público apuntan directamente a Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista, como autor intelectual del crimen.
“Han surgido antecedentes de la propia investigación que dan cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno y, particularmente, que quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello”, sostuvo Barros.
De acuerdo con testimonios incluidos en la carpeta investigativa, Cabello habría negociado directamente con Héctor Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, para ejecutar el secuestro y homicidio de Ojeda.
¿Se pedirá la extradición de Cabello?
Barros no descartó que se solicite la extradición del alto dirigente chavista, aunque advirtió que aún se requiere un mayor estándar probatorio para formalizar cargos y solicitar su captura internacional.
“Se podría pedir respecto de él en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más (…) Nosotros vamos a perseguir a quien corresponda perseguir y en el país en que esté en este caso en particular”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que, según la Constitución venezolana, la extradición de sus nacionales está prohibida, lo que complicaría judicialmente cualquier intento de traer a Cabello a Chile para enfrentar a la justicia.
«Este caso claramente tiene un perfil político»
El fiscal Barros enfatizó que no tiene dudas respecto a la motivación política del crimen: “este caso claramente tiene un perfil político”, subrayó, y recordó que el Tren de Aragua nunca antes había ejecutado un secuestro con homicidio sin exigir rescate a cambio.
Además, explicó que los pasos judiciales son claros: primero una formalización, luego una orden de detención y, finalmente, iniciar un proceso de extradición si se robustece la evidencia.
“La verdad que uno puede decir de la investigación es una, y lo que podemos probar en este momento con los antecedentes otra. En este caso existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello, lo que pasa que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar”, concluyó.
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