La defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, logró un avance importante en el plano judicial este miércoles 8 de octubre, luego de que el Ministerio Público decidiera reabrir la investigación del caso Achifarp por 60 días, dejando sin efecto la acusación formal en su contra por los delitos de fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.
Sin embargo, este giro procesal no modificaría su actual inhabilitación electoral, según expertos, debido a que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ya resolvió excluir su candidatura parlamentaria basándose en su calidad de imputado formalmente acusado al momento del fallo.
Reabren investigación, pero defensa busca reactivar candidatura
La reapertura de la causa ha sido interpretada por su defensa como una nueva oportunidad política. Abogados cercanos al exjefe comunal comunista —quien aspira a postular a la Cámara de Diputados en las elecciones de 2025— planean interponer una reposición ante el Tricel, argumentando que Jadue ya no se encuentra acusado, por lo que sus derechos políticos estarían plenamente vigentes.
Una de las alternativas que baraja el equipo jurídico es presentar nuevos antecedentes al tribunal electoral que respalden la solicitud de rehabilitación de su candidatura, ahora que la acusación del Ministerio Público ha sido retirada.
Exministro del Tricel: “Ya es tarde, los plazos están vencidos”
Pese a los intentos de la defensa, especialistas en derecho electoral descartan que la reposición prospere. Uno de ellos es Patricio Valdés, exministro de la Corte Suprema y expresidente del Tricel, quien fue categórico en entrevista con La Tercera: “Por mucha reposición que se presente, yo creo que ya es tarde. No se puede hacer nada porque el Tricel falló de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento”, señaló Valdés.
A juicio del exministro, cuando el Tricel evaluó la situación de Jadue, existía una acusación formal por delitos con pena aflictiva, lo que automáticamente suspende sus derechos políticos según la Constitución.
“En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, Jadue estaba acusado. Por lo tanto, no podía ser candidato, y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal”, añadió.
¿Una interpretación polémica de la Constitución?
Valdés aprovechó la instancia para plantear una crítica más estructural: cuestionó que baste con la acusación de un fiscal para suspender derechos políticos, sin la intervención previa de un juez.
“Me parece que hay un defecto grande en lo que señala la Constitución. No puede ser que esto dependa solo de un fiscal. El sistema del Ministerio Público me parece poco adecuado para este tipo de decisiones”, sostuvo.
En ese sentido, expresó su preferencia por un modelo judicial más garantista, como el que se propuso en el pasado: un sistema donde la acusación y la instrucción de la causa estuvieran dentro del Poder Judicial, no en manos de fiscales autónomos.
Sin espacio para reponer la candidatura
Consultado sobre si existe alguna posibilidad real de que el Tricel revise su fallo y permita la candidatura de Jadue, el exministro fue enfático: “Los tribunales fallan de acuerdo a los antecedentes que tienen en el momento. Esto pudo haber pasado dos días antes de la elección. Ya hay plazos cumplidos, papeletas impresas. Esto tiene que resolverse en el momento correspondiente”, explicó.
¿Es injusta la exclusión de Jadue si ya no está acusado?
Ante la pregunta sobre si resulta injusto que Daniel Jadue quede fuera de la elección, considerando que la acusación fue retirada, Valdés respondió con claridad: “No, no es injusto. Cuando el Tricel falló, estaba acusado. Eso es lo que dice la Constitución”.
Aunque reconoció que sería partidario de revisar y aclarar la norma constitucional que rige esta materia, advirtió que cambiar el criterio ahora sería contrario al Estado de Derecho: “Si yo tuviera que votar el asunto, salvo que alguien me muestre una ley que diga lo contrario, tendría que votar en contra”, sentenció.
Contexto del caso Achifarp
El denominado caso Achifarp investiga presuntas irregularidades en convenios y transferencias realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, en la que Jadue tuvo un rol protagónico como impulsor del modelo de farmacias comunales desde Recoleta. La reapertura de la investigación fue considerada una estrategia del Ministerio Público para seguir indagando, pero sin sostener de momento una acusación formal.
Conclusión: un camino electoral bloqueado por ahora
La defensa de Daniel Jadue logró un avance procesal con la retirada de la acusación fiscal, pero todo indica que su camino a las urnas permanece bloqueado. Expertos como Patricio Valdés advierten que el Tricel ya falló dentro de los plazos establecidos, y que una reposición sería improcedente en esta etapa.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites del rol del Ministerio Público en procesos que afectan derechos políticos fundamentales, y deja abierta la discusión sobre una posible reforma constitucional que aclare el umbral legal que suspende una candidatura.
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