La designación de Ernesto Álvarez Miranda como nuevo presidente del Consejo de Ministros del Perú ha desatado una ola de controversia que amenaza con empañar los primeros días del gobierno de José Jerí. Su nombramiento, formalizado el martes en medio de un clima de incertidumbre política tras la destitución de Dina Boluarte, llega acompañado de un historial de declaraciones incendiarias y posturas ideológicas que ya lo han obligado a cerrar su cuenta de X (ex Twitter).
Álvarez, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, encabeza un gabinete de 18 ministerios que el Ejecutivo ha definido como de “transición y reconciliación”. Sin embargo, la composición del nuevo equipo y el perfil de su líder reflejan más bien el desafío de recomponer la legitimidad institucional tras una sucesión presidencial que él mismo calificó de “jurídicamente reprochable”.
Un jurista que cuestiona el modo de la destitución de Boluarte
En sus intervenciones públicas y columnas de opinión, Álvarez ha sostenido una postura crítica respecto al mecanismo que llevó a la caída de Dina Boluarte. En su artículo La Censura Presidencial, publicado en el diario Expreso, definió la vacancia como “políticamente inevitable, pero jurídicamente reprochable”.
“La demostrada incapacidad gubernamental no alcanza a constituir incapacidad moral permanente, habiéndose desnaturalizado el instrumento excepcional que la Constitución brinda y aplicado peor, sin conceder el debido proceso”, escribió.
Con esa afirmación, el primer ministro puso en duda la solidez constitucional del proceso que, paradójicamente, allanó el camino para su actual gobierno.
Discurso duro contra las protestas y la política informal
Álvarez ha desarrollado una línea discursiva que combina críticas al populismo con una visión conservadora sobre el orden y la estabilidad. En diversas intervenciones ha alertado sobre la influencia de “grupos informales” en la política y la “desnaturalización” de la protesta social.
“El mayor problema sigue siendo la montonera que lleva al sillón de Pizarro a cualquiera, sin más normatividad que los reportajes militantes de la televisión, sin mayor racionalidad que la violencia disfrazada de protesta social”, escribió en una de sus columnas.
Tras la destitución de Boluarte, fue aún más lejos: advirtió que se avecinaba una “violenta marcha subversiva” impulsada por quienes, según él, buscan “sepultar la economía peruana con una Constitución socialista”.
El punto más polémico llegó en septiembre pasado, cuando en su cuenta de X vinculó a los manifestantes con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una organización de pasado terrorista.
“Heredera del MRTA, la banda que quiere tomar por asalto la democracia para controlar las elecciones de 2026 no representa a la juventud que estudia y trabaja por un futuro”, escribió entonces.
El comentario generó un fuerte rechazo en redes y en sectores académicos, obligándolo finalmente a cerrar su cuenta.
Una lectura histórica provocadora: “El Perú se jodió en la independencia”
El nuevo primer ministro también ha destacado por su visión revisionista de la historia nacional. En una entrevista concedida en 2023 al medio LP Derecho, retomó la célebre frase de Mario Vargas Llosa —“En qué momento se jodió el Perú”— para situar ese punto de quiebre en la independencia del país.
“El momento en que se jodió el Perú fue cuando fue independizado por los vecinos, por argentinos y chilenos primero y luego por colombianos”, afirmó.
Según Álvarez, el Perú perdió entonces la oportunidad de un proceso emancipador “desde dentro”, que habría permitido una evolución social más profunda y sostenida. “Muchos de los oficiales extranjeros que participaron en la independencia se quedaron con tierras y las vendieron a una nueva oligarquía, quebrando las relaciones sociales y económicas ancestrales”, explicó.
Estas declaraciones, interpretadas por algunos historiadores como una lectura elitista y nostálgica del virreinato, han alimentado la percepción de un pensamiento conservador en lo político y revisionista en lo histórico.
El debate sobre el Pacto de San José y los derechos humanos
Otro punto de fricción en torno a Álvarez se relaciona con la permanencia del Perú en el Pacto de San José y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según informó Infobae, dentro del gobierno de José Jerí algunos sectores promueven la denuncia del tratado para habilitar la pena de muerte como herramienta contra el crimen.
Álvarez, sin embargo, ha expresado su rechazo a esa posibilidad:
“Lo normal es que la actitud de un tirano genere el retiro de la Convención, porque ese es un límite jurídico del derecho internacional. Pero necesitamos un organismo supranacional que resguarde los derechos humanos frente a los excesos del poder”, declaró en el programa Visión Central de Cable Visión TV.
Su postura, más alineada con una defensa institucionalista de los marcos internacionales, contrasta con los discursos punitivos que circulan en parte de la clase política peruana, especialmente en el Congreso.
Trayectoria y controversias judiciales
Antes de sumarse al gabinete, Álvarez integró la comisión consultiva de constitucionalistas que asesoró a Dina Boluarte en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Entre 2007 y 2014 fue magistrado del Tribunal Constitucional, que presidió entre 2012 y 2013.
Durante su gestión, formó parte de la mayoría que negó la calificación de crímenes de lesa humanidad a los sucesos del penal El Frontón (1986), donde murieron más de un centenar de reclusos tras un motín. El fallo fue posteriormente revertido, pero dejó instalada su imagen como jurista inclinado a la defensa del accionar estatal frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos.
Un gabinete bajo la sombra del conflicto
La llegada de Ernesto Álvarez Miranda al gabinete de José Jerí confirma la apuesta por un perfil técnico con discurso ideológico fuerte, más próximo a la estabilidad institucional que a la apertura social. Sin embargo, su historial de declaraciones —desde la defensa del orden conservador hasta su mirada crítica sobre la independencia— plantea interrogantes sobre la viabilidad de un gabinete que se presenta como de “reconciliación”, pero cuyo líder parece representar una visión más confrontacional de la política peruana.
El desafío de Jerí, en ese marco, será contener el fuego cruzado entre las demandas de moderación de sus aliados y la retórica sin filtros de su primer ministro.
