Cambios recientes en la legislación laboral han generado un aumento significativo en los costos para las empresas, situación que, según economistas y gremios empresariales, estaría incidiendo en el estancamiento del mercado laboral y el aumento del desempleo en el país.
Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) cuantificó que medidas como el aumento del salario mínimo a $529.000, la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas y el incremento de cotizaciones previsionales en un 1% a partir de septiembre, han elevado los costos laborales en un 23,7%.
Costos seguirán subiendo hasta 2026
Según el informe, el impacto no se detendrá aquí. “El costo laboral habrá aumentado hasta en un 30% real hacia fines de 2026”, proyecta LyD, considerando:
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Un 2% adicional en cotizaciones producto de la reforma de pensiones.
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Una jornada laboral reducida a 42 horas.
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Un salario mínimo proyectado de $539.000.
Este escenario ha encendido las alarmas entre gremios empresariales, que acusan una fuerte presión regulatoria sobre las empresas, particularmente sobre las pequeñas y medianas.
24 proyectos legislativos bajo vigilancia empresarial
Un análisis de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) identificó 24 proyectos de ley en trámite que podrían elevar aún más los costos laborales, la mayoría impulsados por parlamentarios oficialistas. Las iniciativas abarcan desde reformas laborales estructurales hasta nuevas restricciones a la actividad comercial.
María Teresa Vial, presidenta de la CCS, advierte: “Los efectos son evidentes. Al generarse una pérdida de capacidad para generar empleo, se refleja en una tasa de desempleo de 8,7%, más de 2,4 millones de personas en la informalidad y 500 mil que no se han incorporado a la fuerza laboral. Si seguimos elevando los costos, tener un empleo se convertirá en un privilegio cada vez más difícil de alcanzar”.
CPC también alza la voz: “Hay una pérdida estructural en la capacidad de generar empleo formal”
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, coincide en el diagnóstico: “La persistente debilidad del mercado laboral se ha prolongado por 32 meses con desempleo sobre el 8%, lo que se traduce en menos oportunidades reales para las familias chilenas”.
Jiménez atribuye parte del problema al impacto de la nueva legislación laboral, como:
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La reducción de jornada sin compensación en productividad.
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El aumento de costos por cotizaciones previsionales.
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La acelerada automatización que exige mayor flexibilidad y adaptación en el mundo del trabajo.
Proyectos más preocupantes para el sector privado
La CCS identificó varios proyectos con alto potencial de impacto en los costos empresariales. Entre ellos:
Negociación colectiva ramal
Impulsada por la bancada socialista, esta iniciativa busca establecer negociaciones por rama de actividad, lo que, según Vial, “impone condiciones uniformes a empresas con realidades muy distintas, limitando la flexibilidad mínima para operar”.
Aunque el Gobierno ha comprometido un proyecto propio sobre el tema, aún no lo presenta formalmente.
Feriados irrenunciables
Hay proyectos para declarar como irrenunciables el Viernes Santo y el 1 de mayo, ambos en primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara.
Vial advierte que: “El país no resiste más prohibiciones de este tipo, que afectan directamente la continuidad productiva”.
Indemnización por años de servicio sin tope
Actualmente, existen tres proyectos de ley —del Frente Amplio, PS y PC— que buscan eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio, lo que, según la CCS, “impone una carga desproporcionada a las empresas, sin mejorar sustantivamente el beneficio al trabajador”.
Causal de despido por necesidades de la empresa
Un proyecto del PS busca restringir el uso de esta causal, elevando los estándares para que las empresas puedan despedir en contextos de crisis o ajuste económico.
Vial lo califica como: “Una medida que limita gravemente la adaptabilidad de las empresas al entorno productivo”.
Gremios llaman a priorizar análisis técnico sobre ideología
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, es tajante al respecto: “En un escenario de deterioro del empleo, es sorprendente ver tantas iniciativas que van en la dirección opuesta a facilitar la contratación y promover la formalidad. Se requiere realismo, no ideología”.
Jiménez pide al Congreso que la agenda laboral tenga en cuenta la compleja realidad del mercado del trabajo, donde la productividad no crece al ritmo de las regulaciones, y muchas empresas luchan por sobrevivir.
Conclusión
A medida que el país avanza hacia un nuevo marco laboral, las tensiones entre la protección de derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas se vuelven más evidentes. Mientras el Gobierno y el Congreso impulsan cambios estructurales, el empresariado reclama una mayor evaluación técnica y gradualidad, para no poner en riesgo la generación de empleo formal en Chile.
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