El caso por los cobros indebidos en las cuentas de la luz vuelve a escalar tras conocerse nuevos antecedentes que comprometen directamente al exministro de Energía, Diego Pardow, y al propio Gobierno.
Según se reveló, además del doble ajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que habría inflado las tarifas, la empresa Transelec también incurrió en cobros en exceso, situación que fue informada al Ministerio de Energía hace más de un año, cuando Pardow lideraba la cartera.
La oposición, liderada por la UDI y RN, ha reactivado sus críticas y evalúa retomar la acusación constitucional que había sido desechada tras la renuncia de Pardow. El diputado UDI Juan Antonio Coloma acusó una supuesta colusión entre el exministro y el Gobierno: “Ya no estamos frente a un simple error en el cálculo, sino ante una conspiración para ocultar una negligencia dolosa”, afirmó.
Coloma también cuestionó el viaje de Pardow a China, donde se habría reunido con ejecutivos de Transelec, sugiriendo que habría tenido conocimiento del problema sin informar públicamente.
Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada, indicó que se están evaluando los apoyos dentro de la oposición para reimpulsar la acusación: “La responsabilidad de Pardow y del Gobierno no se resuelve con una renuncia. Esto ha golpeado los bolsillos de millones de familias chilenas”.
A su juicio, la iniciativa debe ser analizada con “responsabilidad y realismo político”, considerando que las acusaciones constitucionales anteriores contra autoridades del actual Gobierno han sido todas rechazadas en la Cámara.
Por su parte, el Partido Republicano, a través de su jefe de bancada, Juan Irarrázaval, también dejó abierta la puerta a sumarse: “La acusación constitucional sigue siendo una opción vigente. El Gobierno debe responder por su displicencia en este tema”.
La nueva arremetida opositora abre un nuevo flanco de tensión política, en momentos en que el oficialismo busca cerrar el capítulo del reajuste tarifario con medidas paliativas, mientras crece la presión por establecer responsabilidades políticas en el caso.
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