La absolución de los ocho acusados en el emblemático caso de financiamiento irregular de la política vinculado a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) marcó un punto de inflexión en la larga disputa judicial que durante casi una década tensionó al sistema político chileno. El fallo, dictado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, representó una dura derrota para el Ministerio Público y un símbolo del desgaste de las causas que intentaron redefinir los límites entre dinero y poder político en el país.
En una resolución dividida, el tribunal exculpó al exsenador UDI Pablo Longueira del delito de cohecho, y absolvió de delitos tributarios al exgerente general de SQM, Pablo Contesse, y al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO). La jueza María Teresa Barrientos, al leer el veredicto, fue particularmente crítica: las pruebas, afirmó, estaban “mezcladas, revueltas y repetidas”. Añadió que la dilación de la causa fue tal, que “las penas requeridas están prácticamente cumplidas”, reflejando no sólo un problema probatorio, sino también el agotamiento de un proceso judicial excesivamente prolongado.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien encabezó la investigación desde enero de 2019, evitó hablar de fracaso. “No hablaría de derrota —señaló—. Desarrollamos una investigación seria que nos llevó a la convicción de interponer una acusación”. Pese a su defensa del trabajo institucional, el fallo golpea el prestigio del Ministerio Público, que desde 2015 había separado el caso SQM del también mediático caso Penta, buscando profundizar la arista sobre financiamiento político irregular.
El perfil de una fiscal en el centro de la tormenta
Claudia Lorena Perivancich Hoyuelos, de 55 años, nació y creció en Valparaíso. Egresada de la Universidad Católica de Valparaíso, donde estudió entre 1987 y 1991, posee un magíster en derecho penal. Ingresó al Ministerio Público en 2003, cuando la Reforma Procesal Penal comenzaba a operar en la región, y se desempeñó como abogada asesora desde 2005, colaborando en causas de alta connotación como el violador en serie de Viña del Mar, el triple homicidio de Peñablanca y la secta de Colliguay.
Su perfil técnico y su manejo de causas complejas la convirtieron en una figura de confianza para el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, quien la nombró fiscal regional de Valparaíso en 2018. Su cercanía con Abbott y, posteriormente, con su sucesor Ángel Valencia, la ha mantenido como una de las fiscales con mayor influencia interna.
En 2019, Perivancich presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para cuestionar la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la persecución de delitos tributarios, en el marco del mismo caso SQM, aunque sin éxito. Paralelamente, investigó los presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos tras el estallido social de octubre de 2019 —una causa que más tarde fue reasignada al fiscal metropolitano Xavier Armendáriz—, y condujo la indagación sobre el expresidente Sebastián Piñera por la compraventa de la minera Dominga revelada en los Pandora Papers. En enero de 2024, un mes antes de la muerte de Piñera, solicitó su sobreseimiento.
Durante los últimos años, Perivancich ha estado a cargo de otras investigaciones de alta visibilidad: en 2023 obtuvo prisión preventiva para el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), por un desfalco superior a mil millones de pesos; y en marzo pasado fue designada por Valencia para indagar la filtración de los chats entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, donde esta última insultaba al Presidente Gabriel Boric en el contexto del indulto a presos del 18-O.
Una fiscal cuestionada, un Ministerio Público bajo observación
Su designación en la causa de las filtraciones desató polémica en sectores oficialistas. La diputada Camila Musante (Ind-PPD) la calificó como “sepulturera de causas”, a lo que Perivancich respondió defendiendo la profundidad y objetividad de su trabajo: “El suponer que las causas se inician para darles pronto término es no conocer la dedicación que requiere una investigación compleja”.
En el plano regional, encabezó la investigación del devastador incendio de 2024 en la Región de Valparaíso, que dejó 138 muertos. En julio pasado, el Ministerio Público solicitó cadena perpetua para nueve acusados. También se vio involucrada en el caso Audios, tras conocerse comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla entre 2020 y 2021, las que ella justificó como “coordinaciones propias” de la fiscalía regional durante la investigación por delitos de lesa humanidad.
Más recientemente, el fiscal nacional Ángel Valencia reforzó su confianza en Perivancich encargándole la indagación de presuntas irregularidades en la Corte de Apelaciones de Santiago, que involucran a los ministros Verónica Sabaj —ya removida— y Antonio Ulloa, además del caso Topógrafo, donde el exmagistrado Juan Poblete fue formalizado por interceptaciones ilegales.
Desgaste institucional y balance pendiente
El cierre del caso SQM deja al descubierto no sólo la debilidad probatoria de una investigación emblemática, sino también las tensiones internas del Ministerio Público en torno a la autonomía, la rendición de cuentas y la relación con el poder político. La figura de Claudia Perivancich, marcada por su trayectoria técnica pero también por controversias, simboliza las dificultades de una institución que, veinte años después de la reforma procesal penal, sigue enfrentando el desafío de combinar independencia con eficacia.
El desenlace judicial, más allá de los nombres propios, plantea una pregunta de fondo: ¿qué capacidad real tiene hoy el sistema penal chileno para investigar y sancionar la corrupción política? La respuesta, al menos en el caso SQM, parece quedar en suspenso.
