La suspensión de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) en varios establecimientos de la Región Metropolitana, producto de la inasistencia de examinadores este miércoles, abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia la gestión del sistema educativo. Lo que debía ser una jornada rutinaria de evaluación nacional derivó en un episodio de incertidumbre, confusión y cruce de responsabilidades entre autoridades, evidenciando debilidades estructurales en la administración de una de las políticas más simbólicas de la educación chilena.
La jornada de este miércoles contemplaba la aplicación de la prueba de matemáticas para estudiantes de octavo básico, mientras que el jueves se realizarían las de lenguaje e historia. Sin embargo, desde temprano se reportaron ausencias masivas de examinadores en establecimientos de comunas como Santiago Centro, Providencia, Lo Barnechea, Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo y Paine. El Instituto Nacional informó que los cursos 8ºM, 8ºN y 8ºÑ “debieron ser despachados debido a que la Agencia de la Calidad de la Educación no envió a los examinadores”, agregando que su solicitud para aplicar el test por cuenta propia fue rechazada por “motivos de transparencia”.
Sólo en Santiago Centro, el municipio reportó que 14 de los 34 establecimientos educacionales quedaron sin rendir la evaluación, afectando a 1.122 de un total de 2.141 estudiantes. Desde la Agencia de Calidad de la Educación —organismo autónomo dirigido por Gino Cortez, designado por el Presidente Gabriel Boric tras concurso público— se reconoció que el problema alcanzó a “cerca de 218 cursos” y que la responsabilidad recaía en un proveedor externo. Cortez añadió que los colegios afectados tendrán nuevas fechas para rendir la prueba.
El vínculo de la Agencia con el Ejecutivo se da a través del Ministerio de Educación, liderado por Nicolás Cataldo (PC), quien rápidamente se vio involucrado en la polémica. El alcalde de Paine, Rodrigo Contreras (UDI), aseguró que “el martes no se realizaron las visitas inspectivas previas”, lo que —a su juicio— pudo haber permitido anticipar el problema. Desde la oposición, parlamentarios anunciaron la citación de Cataldo y Cortez a la Comisión de Educación de la Cámara para esclarecer responsabilidades.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó el modelo de externalización del proceso: “El uso de un proveedor privado para un instrumento de evaluación nacional tan sensible demuestra la precarización de la gestión pública”.
En un comunicado, la Agencia de Calidad sostuvo que el incidente afectó a un 3% del universo de cursos, sin especificar las comunas involucradas. El texto atribuyó la falla a “incumplimientos del proveedor Infer, responsable de la aplicación en la Región Metropolitana”, y mencionó además un corte de agua no programado en Alto Hospicio, Región de Tarapacá, que impidió la toma del examen en esa zona. “Estamos evaluando las sanciones más altas correspondientes al proveedor Infer”, indicaron, anunciando reprogramaciones “en coordinación con los sostenedores”.
Mientras tanto, las críticas continuaron escalando. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), sostuvo que “no puede ser que por negligencia del Mineduc los examinadores no hayan llegado a tomar el Simce en nuestros colegios municipales”. En paralelo, la candidata presidencial Evelyn Matthei calificó la situación como “gravísima”, argumentando que “el Simce es lo que nos permite saber cuánto están aprendiendo, o no aprendiendo, nuestros alumnos”.
Más allá de la contingencia, el episodio reabre un debate de fondo: la fragilidad operativa del sistema educativo y el desgaste de los instrumentos de medición como herramientas de política pública. Lo ocurrido con el Simce no sólo pone en entredicho la capacidad de gestión administrativa del Estado, sino que también cuestiona la coherencia entre las políticas de evaluación, la descentralización educativa y el control de calidad. En tiempos donde la confianza en las instituciones educativas se encuentra tensionada, errores como este adquieren un valor simbólico que trasciende la simple logística de una prueba.
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