La crisis por los sobreprecios en las tarifas eléctricas ha trascendido el ámbito técnico para consolidarse como la gran arena política del momento. Este miércoles, la oposición en pleno —desde los Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario— selló una declaración conjunta anunciando la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA). Este movimiento no es un hecho aislado; es la culminación de una estrategia que aprovecha una falla estatal para erosionar al gobierno del Presidente Gabriel Boric en plena cuenta regresiva para las elecciones.
La secuencia de una crisis predecible
El terreno para esta ofensiva se venía preparando. La semana pasada, Chile Vamos y Republicanos ya habían amenazado con el libelo, una presión que encontró eco en las fisuras del oficialismo, donde la candidata presidencial Jeannette Jara retiró su respaldo a Pardow. Esta deserción interna dejó al Presidente Boric sin margen de maniobra, forzando la salida de uno de sus ministros más cercanos y leales.
Sin embargo, lo que parecía un episodio controlado se reavivó con fuerza este lunes, cuando la empresa Transelec reveló que había alertado hace un año a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre las inconsistencias en los precios. Este dato es crucial: transforma la narrativa de un «error» en una potencial «ocultación» o «inoperancia grave», tal como lo expresa la declaración opositora, que acusa una «actuación absolutamente negligente» de Pardow y la «inoperancia del Gobierno» de Boric.
La batalla por los votos y el relato
El éxito de la acusación constitucional está lejos de ser un hecho consumado. Para su aprobación en la Cámara de Diputados se requiere una mayoría simple de los presentes. Si bien la oposición cuenta con 73 votos, su estrategia ha sido tejer alianzas más amplias. Miradas clave están puestas en figuras independientes y de partidos oficialistas, como Pamela Jiles (PDG), Jaime Mulet (FRVS), y los integrantes de la «bancada eléctrica» (Jaime Araya y Camila Musante), cuyo voto reflejaría el malestar transversal que genera el alza de las cuentas de la luz.
Más allá de la suerte del libelo, su presentación ya es una victoria política para la oposición. Logró aglutinar a todo su espectro —desde la UDI hasta el Partido Nacional Libertario— en un solo frente, una hazaña de unidad en un contexto preelectoral. Según se conoce, los presidenciables Evelyn Matthei y Johannes Kaiser respaldaron la embestida, alineando la estrategia parlamentaria con sus campañas. La maniobra instala un relato potente de «inoperancia gubernamental» a 25 días de las elecciones, un golpe maestro en la disputa por la narrativa pública.
Las grietas en el oficialismo y la encrucijada de Boric
Para el Presidente Boric, esta crisis representa un daño multifacético. No solo implica la pérdida de un colaborador clave de su círculo más íntimo, sino que también expone las fracturas en su coalición. La respuesta del Mandatario, quien apuntó al «sector privado» y aseguró que «las empresas no pueden cobrar más de lo que deben», parece insuficiente frente a la revelación de que el error se originó en el Estado. Su silencio inicial y su posterior declaración de que la oposición «está en su derecho» evidencian la debilidad de su posición.
La gran incógnita que pesa sobre La Moneda —y que la oposición explotará— es cuándo el Presidente y su exministro tuvieron conocimiento real de la alerta de Transelec. La falta de claridad sobre este punto recuerda al «caso Monsalve» y alimenta la narrativa de un gobierno desbordado o poco transparente.
Daño colateral: el Frente Amplio y la candidata Jara
La crisis tiene un impacto particularmente severo en el Frente Amplio, la tienda de Boric y Pardow. La caída de uno de sus cuadros técnicos más prominentes se suma a los cuestionamientos públicos a otros militantes, como la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y el ministro Nicolás Grau, debilitando la imagen de competencia técnica que busca proyectar el bloque.
En este escenario, la candidata oficialista Jeannette Jara enfrenta una encrucijada. Tras su distanciamiento táctico inicial de La Moneda, ahora muestra aprensiones ante la acusación, argumentando que politiza el debate en plena campaña. Su declaración de que «la situación es lo suficientemente grave para dar cualquier tipo de opción» deja una puerta abierta, pero evidencia el estrecho margen que tiene: atacar a su propio gobierno alienaría a su base, pero no hacerlo la deja en una posición incómoda frente a una agenda de alto costo ciudadano. Su desempeño en el próximo debate, donde el tema será central, será un termómetro clave de la profundidad de esta grieta.
