La defensa del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este lunes un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) con el objetivo de revertir la condena de 27 años de prisión dictada en septiembre, que lo responsabilizó como instigador del intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El ex mandatario ultraderechista se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto, ya que la sentencia no quedará firme hasta que se agoten todas las instancias judiciales disponibles.
En el recurso, conocido como embargo de declaración y presentado dentro del plazo límite, los abogados de Bolsonaro solicitan al tribunal que corrija “ambigüedades, omisiones, contradicciones y obscuridades” en el fallo histórico. Alegan que existen “aspectos relevantes que deben aclararse” tanto en la motivación como en la magnitud de la pena, y solicitan además una reducción de la condena.
La estrategia legal de la defensa se centra en que la condena por “abolición violenta del Estado democrático de derecho” no debería sumarse a la de “golpe de Estado”, ya que ambas derivan del mismo conjunto de hechos. Según los abogados: “Si hay unidad de designio y encadenamiento único de conductas, la tentativa de golpe de Estado es mero medio normal de ejecución de la abolición violenta de la orden democrática. Es contradictorio que el fallo reconozca una misma secuencia y, aun así, sancione ambos delitos por separado”.
Además, cuestionaron el proceso judicial señalando que no dispusieron del tiempo suficiente para analizar los más de 70 terabytes de pruebas digitales incluidas en el sumario. Criticaron que el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, negara los pedidos de postergación de audiencias, lo que, según la defensa, vulneró el derecho a la defensa y rompió la igualdad procesal ante la justicia.
Otro punto clave del recurso es la reprobación de la delación premiada de Mauro Cid, ex militar y colaborador de Bolsonaro, cuyo testimonio consideran inconsistente y obtenido bajo presión, por lo que solicitan que no se utilice como fundamento principal de la condena.
El STF condenó a Bolsonaro en septiembre por cinco delitos: intento de golpe de Estado, abolición violenta del orden democrático, organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. El fallo se centró en su papel como líder y catalizador de la asonada que culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, en un esfuerzo coordinado por desconocer la victoria electoral de Lula.
La defensa ya anunció que, en caso de un nuevo revés, llevará el caso a organismos internacionales. El STF no tiene plazos estrictos para resolver este tipo de recursos, que primero serán revisados por el relator Alexandre de Moraes, y se espera que el análisis concluya antes de fin de año. En caso de rechazarse los recursos sin fundamentos, el tribunal podría emitir la prisión definitiva e inmediata.
El desarrollo de esta batalla legal ocurre mientras Brasil y Estados Unidos buscan retomar el diálogo bilateral, después de años de tensiones exacerbadas por la situación judicial de Bolsonaro. Tras la condena, el expresidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles al comercio brasileño, en repudio a lo que calificó como una “caza de brujas” judicial, aunque recientemente tuvo un encuentro con Lula en Malasia buscando normalizar las relaciones.
Los abogados del ex mandatario también planean solicitar que, por razones de salud, Bolsonaro pueda cumplir su eventual condena en prisión domiciliaria, como ya ocurrió con otros ex líderes brasileños sentenciados por corrupción, dada su historia de operaciones tras el atentado de 2018 y tratamiento por cáncer de piel.
El fallo final del Supremo definirá el devenir político y judicial del mayor referente de la derecha brasileña, en un caso que sigue acaparando la atención nacional e internacional.
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