En una maniobra legislativa cuidadosamente planificada, los senadores y diputados de oposición que integran la Comisión Mixta de Presupuesto propinaron una sensible derrota al Gobierno, al rechazar los recursos destinados a gastos de oficina, personal y traslados de los expresidentes de la República, beneficios que desde comienzos de siglo son financiados por el Senado.
El episodio generó una intensa y confusa discusión durante la noche del martes, prolongándose hasta la mañana del miércoles, cuando ministros y parlamentarios oficialistas aún no comprendían completamente el alcance de la votación, sin percatarse de que los fondos —conocidos como asignaciones o gastos de secretaría, por un monto cercano a $10,3 millones mensuales— ya habían sido rechazados.
Aunque el resultado es preliminar, el golpe político impacta directamente en el futuro del Presidente Gabriel Boric, quien dejaría el cargo en marzo de 2026. La posibilidad de reponer estos recursos se presenta compleja para el Ejecutivo dentro del marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2026.
Un escenario cuesta arriba para el Ejecutivo
Para revertir este rechazo, el Gobierno deberá presentar una indicación en el siguiente trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde necesitará una mayoría de votos a favor. Sin embargo, el panorama se vislumbra adverso, ya que varios legisladores oficialistas han manifestado reparos respecto de estos fondos. En esta instancia, tanto los rechazos como las abstenciones operan en contra de las aspiraciones del Ejecutivo.
La votación en la Cámara está programada para la semana posterior a las elecciones parlamentarias y presidenciales, lo que añade un componente político de alta sensibilidad.
El debate sobre la pensión presidencial
La ofensiva opositora —liderada por la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien preside la Comisión Mixta— tuvo como telón de fondo el debate por los beneficios que recibirá el Presidente Boric una vez concluido su mandato, en lo que ha sido calificado como una “pensión vitalicia” desde los 40 años de edad.
El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, emplazó públicamente al Mandatario a renunciar a estas asignaciones. No obstante, si el rechazo se mantiene en las siguientes etapas legislativas, también afectaría a los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Durante la discusión quedó aclarado que el recorte solo afecta las asignaciones (oficinas, personal y traslados), pero no las dietas personales de los exmandatarios, que ascienden a $7,3 millones brutos mensuales y que están resguardadas por la Ley 19.672, que creó el “estatuto de expresidentes”.
Una jugada de laboratorio político
Los fondos habían superado inicialmente la primera barrera legislativa al ser aprobados en la Cuarta Subcomisión de Presupuesto, donde el oficialismo tenía mayoría. Sin embargo, la oposición contraatacó con tres indicaciones que buscaban prohibir expresamente el pago de asignaciones a los expresidentes, sin modificar sus dietas.
La Moneda, al enviar el proyecto de Presupuesto, había intentado vincular dietas y asignaciones como gasto permanente, una fórmula cuestionada por la oposición desde el punto de vista jurídico.
Entre las enmiendas presentadas, destacó la del diputado Felipe Donoso (UDI) y el senador Javier Macaya (UDI), que proponía: “Prohíbase el pago de asignaciones a los expresidentes que sean distintas de la dieta que les corresponde conforme a lo dispuesto en la Ley 19.672”.
Propuestas similares fueron ingresadas por los diputados Miguel Mellado (RN), Frank Sauerbaum (RN) y Agustín Romero (Republicano).
Empate, confusión y votación clave
La mesa del Senado, con el aval del Gobierno, declaró inadmisibles las indicaciones, argumentando que afectaban la administración financiera del Senado. Sin embargo, la secretaría de la Comisión Mixta, con apoyo de Rincón, sometió a votación el reclamo de inadmisibilidad, que terminó empatado a 11 votos.
Con ese resultado, se rechazó la postura de la mesa del Senado, lo que provocó un fuerte reclamo del oficialismo, que sostenía que la interpretación debía ser contraria.
En medio del desconcierto, Rincón decidió votar las indicaciones, que nuevamente terminaron empatadas a 11 votos, por lo que se anunció una nueva votación para el miércoles en la mañana.
Sin embargo, durante la noche del martes, la oposición activó un “plan B”: solicitó votar por separado las asignaciones presidenciales, lo que rompió el empate con 11 votos en contra de los fondos y 10 a favor. En esa instancia, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) no participó de la votación.
Muchos legisladores oficialistas no comprendieron lo ocurrido, creyendo que la decisión se tomaría al día siguiente. La secretaría de la Comisión Mixta confirmó en la mañana del miércoles que el rechazo ya era definitivo, lo que sorprendió al ministro de Economía, Nicolás Grau (Frente Amplio) y generó una nueva ola de reclamos oficialistas.
La sesión debió suspenderse para aclarar el punto, aunque la oposición ya daba por cerrado el triunfo político.
Golpe político consolidado
Finalmente, aunque las indicaciones que prohibían formalmente las asignaciones fueron rechazadas en una segunda ronda de votación (10 votos en contra y 9 a favor, tras la ruptura de un pareo por parte del diputado Juan Santana, PS), la oposición ya había asegurado el golpe principal: el rechazo efectivo de los fondos presidenciales.
Con la admisibilidad aprobada, las enmiendas podrán ser repuestas en la Sala de la Cámara, donde se anticipa un nuevo capítulo de alta tensión política en torno a los beneficios de los expresidentes y, especialmente, al futuro de Gabriel Boric.
/psg
